El yacimiento arqueológico subacuático donde descansan todos los que perecieron en la nave española “Nuestra Señora de las Mercedes” permaneció intacto hasta mayo de 2007, cuando la empresa Odyssey planteó sus intenciones ante un tribunal de Tampa (Florida), argumentando que le pertenecían medio millón de monedas de oro y plata que había encontrado en aguas del Atlántico, en un pecio que el Estado Español consideraba que era el hundimiento de una nave con su bandera acaecido en 1804. La ley internacional reconoce la solemnidad de su memoria y la soberanía de España para preservarlas, como ya demostró el caso “Sea Hunt”, antecedente al que el tribunal de Tampa (Florida) se adhiere. Estos días se ha conocido que el juez Steven D. Merryday ha dictaminado que no tiene jurisdicción sobre el caso y que el tesoro debe ser devuelto a España.
José María Moncasi de Alvear,
Consultor de comunicación y experto en redes sociales.
En su dictamen, el juez ha aceptado en su totalidad los argumentos esgrimidos por España, señalando que el tesoro a de devolverse a nuestro país porque el naufragio corresponde a la fragata "Nuestra Señora de las Mercedes", así que la carga está sometida a la inmunidad soberana.
Es la mejor noticia del 2009, si nos fijamos en la salvaguarda del ingente patrimonio subacuático nacional que albergan los mares del mundo. Confío en que los medios de comunicación españoles incluyan en sus resúmenes del 2009 -que suelen publicar a final de cada año que concluye- el mal llamado caso Odyssey. Los restos de la res, "Nuestra Señora de las Mercedes", viajarán a España en diez días. Es lo que esperamos los descendientes del almirante Diego de Alvear; que el "botín" de los cazatesoros se convierta en uno de los mayores atractivos culturales de nuestro país, de los que merecen ser visitados una vez en la vida.
En clave patrimonial, merece la pena subrayar la opinión del juez al respecto de los documentos presentados por España en su defensa; constituyen una verdadera "enciclopedia" en el que combina un tratado exhaustivo y riguroso de la historia naval de nuestro país, con una pormenorizada pedagogía jurídica.
Mi más sincera enhorabuena a Cultura, a Defensa (en la persona del Almirante Director del Museo Naval, Gonzalo Rodríguez González-Aller), a la Abogacía del Estado en Estados Unidos (Mr. James Goold) que son los artífices de los documentos referidos por la magistratura estadounidense. Aprovecho estas líneas para agradecer a los medios de comunicación su apoyo a la causa.
Sí la analizamos desde un punto de visto jurídico, es de resaltar que el magistrado ha dictaminado que los restos no son propiedad ni de Perú ni de los demandantes particulares.
Se confirma así la postura de una inmensa mayoría de mi familia, que apoyamos a España en su lucha por defender nuestros intereses en este caso. En primer lugar, por coherencia con el legado del almirante. Segundo, don Diego ya fue indemnizado por el rey Jorge III con la mitad de su fortuna. Y, en último lugar, el Estado abrió en 1804 la posibilidad a los descendientes de todos aquellos que llevaban propiedades en el buque de reclamar y ser indemnizados.
Sin duda, ayer a España le cayó el verdadero "Gordo" de la Navidad, uno de los hitos más importantes de nuestro siglo.
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