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Artículos de Opinión

14 de Agosto de 2013

Gallardón juega a los barcos: abogado de oficio, ¡¡hundido!!

El art. 119 de la Constitución, como el turismo en aquella entrañable película de Pedro Lazaga y el inolvidable Paco Martínez Soria, es un gran invento. Lo malo, lo preocupante, es que ese invento lo pagamos los Abogados que prestamos nuestro servicio en el Turno de Oficio y no el político a sueldo (excelente) que actuó como constituyente en 1.978.

Germán-Ramón Inclán Méndez,
Presidente de la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuíta (CEAT)


Nadie puede discutir en pleno siglo XXI, en el seno de un Estado de Derecho, garantista hasta el paroxismo, que quiere ser paladín del Welfare State en el mundo occidental, que se debe financiar el servicio público de la Justicia para todos aquéllos que no dispongan de peculio suficiente para hacer frente a los gastos que conlleva el ejercicio de la tutela judicial efectiva ante los Tribunales de Justicia. Igual que se predica y ocurre -con matices que no viene ahora al caso mentar- con la Sanidad o la Educación; una Sanidad de la que, por cierto, siguen estando excluídos los Abogados que ingresen más de 100.000 euros anuales pese a ser un servicio público financiado con arreglo a impuestos, lo cual es contemplado con mirada complaciente por nuestros jerarcas representativos de la profesión, que le ríen las gracias al poder cometa la barbaridad que cometa contra nuestro colectivo.

Sin embargo, la unanimidad de todas estas opiniones comienza a decaer cuando nos preguntamos quién debe financiar el coste de ese servicio público; quién debe sufragar lo que deba pagarse, a precio justo, a criterio de mercado, el normal y satisfactorio funcionamiento de la Justicia Gratuíta. Un primer acercamiento al asunto nos dirá, a bote pronto, que el Estado en su doble vertiente de Estado-central y Estado-CC.AA. allá en donde se hayan transferido las competencias en materia de Justicia. Sin embargo, tras ese impulso inicial que nos dicta el sentido común, vemos con estupor los Abogados que ese coste económico no recae más que en una mínima parte sobre las espaldas de ese Estado en su doble cualidad político-territorial, pues quien con más sangre, sudor y lágrimas soporta el enorme peso de la financiación de la Justicia Gratuita en España somos... ¡los propios Abogados de Oficio! Y digo más: porcentualmente hablamos de que los Abogados soportamos aproximadamente un 75/80 % del coste total del servicio, mientras que el Estado sólo aporta el 20/25 % restante, porque lo que el Estado paga al Abogado de Oficio (en su doble cualidad Estado central-Estado CC.AA.) viene a ser una media del 20 ó 25 % del precio de mercado de sus servicios profesionales. Un Estado, a través de su casta política y de esos entes artificiales y artificiosos que son los partidos políticos, que es quien obtiene el rédito por el más que satisfactorio rendimiento del colectivo profesional que prestamos el servicio: propaganda gratuíta para todos los partidos que se traduce en votos para los mismos cuando hay Elecciones, y los votos traen dinero. Y mientras, a esos Abogados que abnegadamente prestamos el servicio a satisfacción 24 horas al día 365 días al año, nos abonan tarde, mal y nunca unas denominadas "subvenciones", "indemnizaciones" o "compensaciones". ¿Y por qué no llamarlo como se debe llamar: HONORARIOS?

Algo falla.

Y algo falla porque no puede ser que quien hincha el pecho y presume de servicio público invite urbi et orbi a disfrutar de la ronda en el Bar, y luego resulta que esa ronda la pagan unos profesionales a los que ni constitucional, ni legal, ni reglamentariamente se nos puede obligar a trabajar como si fuéramos los "siervos de la gleba del siglo XXI". Pero es así. Y tan "obligados" prestamos ese servicio estemos conformes o no con las vergonzosas condiciones de trabajo que nos ofrece el Estado, que cada vez que en algún lugar de España se han planteado huelgas de los compañeros como medida legítima de presión ante la iniquidad a la que nos condena ese Estado, siempre ha venido la Administración, manu militari, a asfixiar la huelga mediante recursos agresivos e intempestivos de la Fiscalía, mediante resoluciones judiciales injustas y serviles con el poder pero coercitivas para los Abogados y ciertamente efectivas, e incluso mediante la utilización, como quintacolumnistas excitados por los propios jerarcas de nuestros órganos corporativos de la profesión, de Abogados "esquiroles" -muchos de ellos, miembros de las propias Juntas de Gobierno- que han ahogado las revueltas para que al final siempre haya un "siervo de la gleba" dispuesto a ser objeto de uso y abuso por parte del Tirano en palabras de la filosofía tomista. Lo cual tentará a alguno a abrazar las teorías del tiranicidio de Santo Tomás de Aquino o del jesuíta Juan de Mariana... Nosotros no iremos tan lejos.

Baste recordar que el servicio de limpieza de un Hospital puede suspenderse durante semanas como sucedió en varios sitios de España; eso es ejercicio legítimo del derecho de huelga. Sin embargo, un Abogado de Oficio se niega a asistir a un detenido y comete un delito; no tenemos derecho a la huelga, según nos dicen los Tribunales, muy "compañeros" ellos...

La Abogacía española puede tener toda la "función social" que se quiera y predique nuestro Presidente nacional D. Carlos Carnicer, pero lo que nuestro Presidente nacional no puede seguir callando es que la Abogacía española es un colectivo ante todo PROFESIONAL y que, como tal, pretende vivir honradamente de su trabajo y de los casos que le lleguen a sus Despachos, cada vez menos por cierto gracias en buena medida a las nefandas reformas legales que el actual Gobierno de la nación está llevando al BOE por mor de la megalómana obsesión del titular de Justicia de pasar a la posteridad en cada Departamento que desgraciadamente tocó: primero dejó en números rojos a los madrileños hasta setenta veces siete de sus futuras generaciones, y ahora quiere destrozar la ya deficiente organización judicial y legal que hay en España, pero dejando su sello como (pésimo) legislador.

  • No puede entenderse de otra forma que el colectivo del que orgullosamente formo parte haya empezado a sentir la merma de su cuota de trabajo cuando en el año 2.000, con la promulgación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, surgieron los procedimientos monitorios que ignoran la presencia letrada en su reclamación inicial. Unos monitorios que actualmente pueden consistir v.gr. en la reclamación de varios millones de euros y para lo cual no es preciso la asistencia letrada, ni tampoco de Procurador.
  • No puede entenderse de otra forma cuando a lo anterior se suma la institucionalización de la figura del árbitro como agente resolutorio de múltiples asuntos que se le están hurtando también al Despacho del Abogado, que ve cómo quien con más ahínco defiende estas reformas es precisamente su propio CGAE en aras de la defensa del ciudadano...
  • No puede entenderse de otra forma cuando además se insiste en crear una profesión ex novo, la de mediador, figura que ya venía asumiendo históricamente el Abogado en ejercicio durante toda la vida pero al que ahora se le agregan otros nuevos "colegas" que no nos van sino a hurtar también una cuota significativa de clientela. Con una circunstancia tan grave como absurda: la actual Ley de Mediación consiente que cualquier licenciado universitario superior, con sólo superar un curso irrelevante (del que se van a lucrar muchos oportunistas), pueda convertirse en mediador, con lo cual, y con todos los respetos hacia ese colectivo profesional, mañana podemos encontrarnos a un Veterinario ejerciendo de mediador en un enconado asunto de divorcio, con dos cónyuges que se tiran los trastos a la cabeza, una batalla ardua para dirimir cómo y en qué circunstancias dejan a los niños, etc.
  • Y no se puede entender de otra manera, en fin, cuando el Gobierno de España decide generalizar e imponer las Tasas por acceder a la Justicia como único remedio (?) que se le ocurre al Sr. Gallardón para desatascar los Juzgados y Tribunales de España. ¡Menos mal que no resolvió aplicar la Solución Final a los Abogados como a los judíos en el III Reich...!

Con este oscuro panorama, la desazón de mi colectivo es mayúscula: con el poder político de todos los signos porque a lo largo de la Historia han explotado sistemáticamente a la Abogacía de a pie española en materia de Justicia Gratuíta, y continúan; con el ciudadano, al que servimos, porque en muchas ocasiones nos exige lo mismo que si nos pagara a precio de mercado, pero con retribuciones 4 y hasta 5 veces inferiores a las del mercado (e igual cuota de responsabilidad si cometemos una eventual negligencia profesional); con buena parte de nuestros propios compañeros porque en España el lamento y la queja nos sale rápido, pero la solidaridad y la coherencia suelen ser hijos de soltera, igual que la culpa: y hay muchos compañeros en nuestro colectivo que se pierden en la queja de tertulia de café y luego, cuando hay que dar un paso al frente, se pierden en ese pasotismo e individualismo endémico y nocivo que nos ha venido aquejando históricamente a los Abogados; y con los poderes corporativos de la profesión (Colegios, Consejo General de la Abogacía), los que más.

Porque no es de recibo que sean los propios Decanos y Consejo General los que confeccionen recientemente un nuevo Estatuto General de la Abogacía "enfocado más hacia el ciudadano que hacia el profesional" (la cita es textual del propio CGAE).

Porque no es de recibo que cuando las CC.AA. saben de la alta calidad de nuestros servicios profesionales según el justiciable, no quemen sus naves Colegios y Consejo por impedir que encima nos rebajen la miseria que cobramos, como está ocurriendo en distintas CC.AA., queriendo quedar bien con mera palabrería hueca y vana cada vez que clamamos por una actualización de nuestras retribuciones a precios de mercado, como es lo justo.

Porque no es de recibo que el Consejo General formule una Carta de Derechos del Justiciable en materia de Justicia Gratuita y ese mismo Consejo no tenga un ataque de dignidad profesional para hacer lo propio con los DERECHOS del Abogado de Oficio.

Porque no es de recibo que los representantes corporativos de la Abogacía sean los primeros en acallar (cuando no de torpedear) cada huelga y cada movimiento asociativo y/o reivindicativo que surgió en España en los últimos años: Gijón, Miranda de Ebro, Cantabria, La Coruña, Madrid, Valencia, Almería, Villena, Huelva con carácter inminente...

Porque no puede ser que mientras Gallardón intenta acabar con nosotros con su nuevo Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuíta lo único que oigamos de nuestros teóricos representantes corporativos sean palabras tibias y politiqueos varios para salir en las fotos siempre, por cierto, sonriendo: ¿y qué es lo que les causa tanta gracia? Esto no ocurre, por cierto, cuando hay que defender la pervivencia de esos antiguos Reinos de Taifas en que se han convertido la gran mayoría de Colegios de Abogados de nuestro país y que abjuran de su obligación de ser SINDICATOS DE ABOGADOS y no sucursales de la OCU. Para defender su poltrona sí se ponen en pie de guerra; para defender a quienes con sus cuotas sostenemos esas caducas instituciones, miran para el justiciable y entonces se recrean en la faz de Dios.

Por eso existe la Confederación-CEAT que me honro en presidir. Por eso existen las distintas Asociaciones que forman parte de la misma y otras varias que mantenemos las espadas en alto en la defensa de los intereses profesionales de los Abogados que prestamos nuestro servicio en el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita. Por eso quizá seamos tan molestos a los inquilinos del poder político y corporativo. Pero por eso, por todo eso, amigo lector, estamos dispuestos a seguir aquí, en primera línea de fuego, defendiendo esta Causa justa en la que creemos, y por la convicción de que ¿ladran?, ¡luego cabalgamos!


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