La Justicia vive una época convulsa, en la que la expresión desjudicializar la política se ha convertido en un mantra, mientras que la de despolitización de la justicia brilla -casi- por su ausencia Juan Carlos Campo debe superar el malestar de la profesión con la gestión que desde el Ministerio se ha llevado a cabo en temas tan importantes como el del Turno de Oficio
La designación de Juan Carlos Campo como nuevo ministro de Justicia se hizo esperar, tanto que fue la última de las 19 carteras en conocer el nombre de su, a saber, tenedor, poseedor o propietario, en función de la figura jurídica que elija para llevar a cabo los importantes retos que tiene por delante. De dicha elección dependerá el perfil que adopte en su acción de Gobierno.
Se repite así la situación vivida hace 19 meses, cuando también se hizo esperar hasta el final la decisión de Pedro Sánchez para desvelar quién estaría al frente de Justicia, responsabilidad que recayó finalmente sobre Dolores Delgado. Este hecho puede ser interpretado de dos formas; situar el ámbito de la Justicia a la cola de la prelación de prioridades del Ejecutivo o como evidencia de que se trata de una cartera agria que requiere hilar muy fino en la selección de su timonel.
Una contradicción solo aparente
Tal vez cada una de estas opciones tengan su alícuota parte (que diría Felipe González) de principio de realidad a modo de oxímoron, figura literaria que, como es sabido, combina dos expresiones de significado opuesto en una misma estructura. Si profundizamos en la experiencia de los últimos años, dicha contradicción es solo aparente y se enmarca más en la tríada dialéctica de Hegel (tesis, antítesis y síntesis), definida como técnica y método lógico para analizar o descubrir la realidad.
En dicha tríada, el posicionamiento de la Justicia como un ministerio menor sería la tesis, que encontraría su contradicción o antítesis en su importancia por el momento especialmente delicado que vive la Justicia, que demanda a voces reformas materiales y de personal urgentes para hacer realidad el reto de situarla en el siglo XXI con dos décadas de retraso. Unido a lo anterior, la Justicia vive una época convulsa, en la que la expresión "desjudicializar la política" se ha convertido en un mantra, mientras que la de "despolitización de la justicia" brilla -casi- por su ausencia.
Columna basilar de nuestro Estado de Derecho
Como hemos adelantado, la oposición entre tesis y antítesis conduce a una forma superior de verdad o síntesis, materializada en otorgar a la Administración de Justicia el lugar que le corresponde como columna basilar de nuestro Estado de Derecho que, como tal, requiere situarse a la cabeza de las prioridades de gobierno, sin que este (del signo que sea) caiga en la tentación de capitidismunir su función como poder independiente del Ejecutivo y del Legislativo.
Difícil tarea por tanto la que debe afrontar el nuevo ministro de Justicia. En su haber cuenta con ser un juez de carrera con un currículum particularmente completo para acometer sus obligaciones como gestor de la Administración de Justicia (director general de Justicia en Andalucía entre 1997 y 2001 y secretario de Estado de Justicia de 2009 a 2011). Juan Carlos Campo tendrá que llevar al terreno de juego las marcas personales que de su perfil destacan quienes le conocen: moderación, buen talante y cercanía a la judicatura, necesarias para afrontar retos tan importantes como el problema catalán y la renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y parte de Tribunal Constitucional, incluyendo la presidencia.
Todo ello sin perder de vista otros grandes retos, como superar la precariedad de medios y tender nuevos puentes con la Abogacía y superar el malestar de la profesión con la gestión que desde el Ministerio se ha llevado a cabo en temas tan importantes como el del Turno de Oficio.
