La crisis inmobiliaria empieza a extenderse a sectores económicos que no están directamente vinculados con la construcción. ¿Resultarán afectados los despachos profesionales de abogados?
El sector inmobiliario, motor de la economía española, se ha parado. Resulta curioso analizar los cambios que ha experimentado la terminología empleada por los analistas económicos: donde antes se hablaba de una ralentización de la economía, ahora se habla de frenazo; Donde antes se aludía a un aterrizaje suave ahora se habla de brusca caída… Se han acabado las alegrías que el mercado inmobiliario nos ha dado. La crisis del sector, agravada por el parón del crédito hipotecario, así como por el incremento de los precios o el repunte del Euribor ha provocado la pérdida a fecha de hoy de más de 250.000 empleos y las cifras del paro amenazan con situarse a final de año en niveles próximos al 10%.
Sin embargo, los efectos de la crisis no se han ceñido al sector privado. La desaceleración del mercado de la vivienda ha supuesto un brusco frenazo para los ingresos de las comunidades autónomas. Por primera vez desde que se inició el 'boom' inmobiliario hace 10 años, las autonomías no han cumplido sus previsiones recaudatorias sobre los principales impuestos que gravan la compraventa de los pisos: el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados. Ambos impuestos representan la segunda fuente de financiación de las autonomías y un tercio del total de los impuestos indirectos.
Lo mismo sucede con los entes locales. La crisis de un sector que hasta ahora representaba el 40% de sus ingresos totales, ha empezado a hacer mella en la recaudación municipal.
Y es que la sombra de la crisis del ladrillo es alargada. La crisis se ha dejado ya sentir en empresas directamente relacionadas con la construcción y la compraventa inmobiliaria. Incluso empieza a hacerse extensible a sectores en principio independientes de este mercado. A título de ejemplo, ha provocado el cierre de numerosas oficinas que las Cajas de Ahorro españolas habían abierto en los últimos años en la Costa del Sol. Por lo que a los operadores jurídicos respecta, la duda que se plantea es si el parón económico provocado por el sector de la construcción se dejará sentir en la facturación de los despachos de abogados. En un principio, podría suceder que lo que se produzca sea una potenciación de otras áreas de actividad en detrimento de las directamente relacionadas con el urbanismo y la promoción inmobiliaria. Es indudable que el número de asuntos relacionados con la construcción privada va a verse reducidos. Resta por saber si el asesoramiento legal que se prestaba en esta materia se verá reconducido hacia otros ámbitos o si, lo que parece más lógico, la disminución del consumo afectará directamente al "consumo" de servicios legales.
