Artículos de Opinión

La Justicia en el caso “Odyssey”

Este caso saltó al estrellato mediático cuando la empresa cazatesoros Odyssey Marine Exploration, que cotiza en el Nasdaq neoyorquino, se apropió de los restos arqueológicos de la fragata española “Nuestra Señora de las Mercedes” para presentarlos ante un juez de Tampa (Florida), a espaldas de la opinión pública. Dicho buque, que navegaba bajo bandera nacional, se hundió tras la explosión de su santabárbara a raíz del fuego de barcos de la armada de Su Graciosa Majestad. En dicha fragata navegaban más de doscientas personas, particulares y marinos, que regresaban a España con sus pertenencias, documentos y patrimonio. El resto, un quinto de la propiedad, pertenecían a la Corona española.

José María Moncasi de Alvear,
Consultor de comunicación y experto en redes sociales.

El juez Mark Pizzo recomendó el pasado 4 de junio que esas 600.000 monedas de oro y plata, valoradas en más de 500 millones de dólares (hay opiniones de expertos que lo calculan en no más de diez millones de dólares), debían de ser devueltas a España. En principio, parece una primera victoria española. El magistrado reconoció que no tenía competencia sobre el caso y que el tesoro "debe ser devuelto a España porque el naufragio corresponde a la fragata ‘Nuestra Señora de las Mercedes', por lo que la carga y tesoro están sometidas a la inmunidad soberana".

Este yacimiento arqueológico subacuático, que es el lugar en el que descansan todos los que perecieron en la nave aquel aciago día, ha permanecido intacto durante siglos, hasta ese mayo del 2007. La ley internacional reconoce la solemnidad de su memoria y la soberanía de España para preservarlas, como se demostró en el caso "Sea Hunt" (el de "El Juno" y "La Galga") y, por tanto, el tribunal de Tampa se adhiere a estos principios como forma de promover el respeto recíproco de nuestros propios muertos en el mar. Es la coincidencia de intereses y el mutuo respeto entre naciones, tal y como se expresa en el "Jus Gentium"; y la "Inmunidad Soberana", lo que garantiza las razones de España para revocar el arresto (la petición de exclusividad para los cazatesoros) de "La Mercedes" y desestimar las reclamaciones de Odyssey.

En términos generales, si uno lee la recomendación de este juez, el texto es un gran ejercicio de sentido común que desbroza la maraña de medias verdades y argumentos poco claros que han definido la estrategia de defensa de Odyssey (según la empresa, el barco viajaba en misión comercial y las pertenencias rescatadas son propiedad de los descendientes de aquellos que murieron en la tragedia).

La documentación presentada por la defensa del gobierno español en este caso, representada por el abogado James Goold, demostró que la fragata en el momento de la explosión se encontraba en servicio militar activo (misión de proteger al Estado español y a sus ciudadanos que navegasen en buques bajo bandera nacional), aparte de destacar que Odyssey era consciente de que se trataba de esa fragata española, por lo que actuó en secreto. En la documentación presentada por España se incluyó material fotográfico y más pruebas, tales como cañones, anclas, armas, efectos personales y una amplia variedad de otros materiales, incluyendo las monedas expoliadas del buque, que permitieron identificar tanto el pecio como el lugar donde se hundió "Nuestra Señora de las Mercedes".

La batalla legal está siendo muy dura, pues no sólo Odyssey se enfrenta a España en este caso, sino que algunos de los descendientes de aquellos que murieron en dicha tragedia se han sumado a la reclamación de los cazatesoros, al ser los auténticos propietarios de los derechos de esos restos; punto desmontado por la defensa española, ya que España indemnizó a todos los que demostraron tener bienes a bordo del buque (1829 a 1870), asegurando el "olvido completo" de las querellas del pasado entre la armada inglesa y la española.

Odyssey Marine Exploration ha organizado una ficción jurídica en relación a este caso, por eso, en este juicio, los cazatesoros se juegan su futuro. Es importante que España salga victoriosa en esta batalla, pues empresas como ésta viven de "repartir" el fruto de sus fechorías con quien sea, descendientes o estados, bajo el único objetivo de explotar los restos de hundimientos de barcos bien vendiendo los hallazgos (monedas en el mercado negro o sitios de subastas) o comercializando reportajes de las operaciones de recuperación de dichos restos. La Justicia debe, de una vez por todas, deslegitimar a estos "piratas del siglo XXI" que se dedican a engañar con promesas inalcanzables.

El Estado español, por su parte, tiene todas las de ganar, puesto que sus argumentos a favor de la devolución de esos restos se han basado en documentos históricos facilitados por el Archivo Naval, el personal del Instituto Histórico de la Armada, especialistas del Museo Arqueológico, la Real Academia de Historia y la dirección general de Patrimonio del Ministerio de Cultura.

Odyssey, según el juez, comete tres errores: Ignorar el estándar aplicable a la prueba, tratar de distinguir entre evidencias circunstanciales y directas, y, además, esforzarse por ocultar las evidencias que apuntan a la fragata española "Nuestra Señora de las Mercedes". Dichas evidencias son la localización del pecio, las monedas, los cañones y otros enseres rescatados o fotografiados. La conclusión inapelable es que "The res is the Mercedes" (La cosa es "La Mercedes").

Aparte, el Gobierno de Barack Obama presentó ante el tribunal estadounidense la posición oficial de los Estados Unidos en apoyo a los intereses españoles, una documentación jurídica preparada por el departamento de Justicia del Gobierno estadounidense, incluyendo las posiciones de la Secretaría de Estado y de la Navy.

Tan sólo queda aguardar la decisión del juez Steven Merryday. Es de esperar que se pronuncie la próxima semana. El futuro del patrimonio subacuático español está en juego, pero no sólo el nuestro, sino el de aquellas naciones que respetan y aman su historia.

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