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Artículos de Opinión

20 de Diciembre de 2013

La libertad de las ciudades

Los costes estándar para los municipios es una irracionalidad por pereza mental de los impulsores del proyecto. Hay otros sistemas y métodos, para una gestión eficiente de los recursos municipales, sin cometer atropellos.

José Molina Molina,
Doctor en Economía, Sociólogo, Miembro de Economistas Frente a la Crisis.
Autor del libro: “Ciudadano y Gasto Público” Editorial Aranzadi 5ª edición


La búsqueda de una mejor gestión de los recursos públicos en las economías más desarrolladas, van acompañadas de una mayor descentralización a favor de los gobiernos locales. Desarrollo y descentralización caminan unidos, así por lo menos lo recomienda el Banco Mundial. Una recomendación que D.BEEL define con claridad: "los gobiernos nacionales son demasiado pequeños para responder a los retos de la globalización, pero demasiado grandes para atender a las demandas tan diversificadas de los ciudadanos, y esas demandas donde se inician es en los municipios". En términos de gestión pública, es una doble descentralización: "hacia arriba y hacia abajo", expresando la forma eficaz de gestionar recursos, demandas y estructuras de producción.

Para trabajar en este sentido, hay una pieza esencial, buscar el "capital social municipal", donde la descentralización, la participación ciudadana, la calidad política y el crecimiento económico local, constituyen una cadena positiva. Hoy contemplamos como emerge la participación ciudadana para la formación de ese capital social. HIRSCHAM, lo identifica como formas óptimas de organización de los servicios públicos municipales.

Sin embargo observamos con preocupación, que las Entidades Locales para ejercer su autonomía, según se prevé en el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se les exige una serie de condiciones que en algunos aspectos olvidad estos principios, y sólo pretenden imponer unos conceptos de control financiero.

Así, que financiación y competencias se convierten en dos ejes rígidos para ejercer la política de servicios en cada municipio. Se introduce el concepto de "coste estándar" de  los servicios, sobre el cual gravita todo el nuevo sistema para desarrollar las competencias municipales en el futuro. Este coste es la medida para que un municipio preste o no un servicio, sin más consideraciones, que remitirnos a un desarrollo reglamentario. Entramos en una vía burocrática aniquilando otras opciones de equilibrio con elementos que pudieran fortalecer gestión y democracia local, "los hombres de negro", han puesto música de funeral a la gestión local. No se  considera ni la población, más dispersa o concentrada, más joven o de mayores de 65 años, o poblaciones estacionales, ni el territorio, su orografía, su extensión. Los costes estándar para los municipios es una irracionalidad por pereza mental de los impulsores del proyecto. Hay otros sistemas y métodos, para una gestión eficiente de los recursos municipales, sin cometer atropellos.

Si lo importante es gestionar más eficientemente, no parece difícil impulsar incentivos de participación ciudadana en la búsqueda de soluciones más cooperativas que mejoren la gestión de los gobiernos locales. La proximidad entre las demandas ciudadanas y las posibilidades financieras de las haciendas locales se pueden acordar conjuntamente, sin salirse de un método de equilibrio financiero, pero no imponiendo un sistema alejado de un coste, que con seguridad tendrá una contestación social. Olvidan que participar es la mejor forma de ejercer la transparencia y el control sobre las decisiones públicas.

Estamos ante riesgos importantes a los que hay que poner remedio, para centrar por un lado, los problemas que hoy tenemos en las haciendas municipales, y por otro, evitar los riesgos de toda reforma de un sistema muy complejo. Es por ello, que reconocido el fracaso de la gestión actual, no busquemos soluciones por los mismos caminos transitados, busquemos los equilibrios de futuro, sin déficit, dando un empoderamiento a los ciudadanos, para que no paguen los desastres que los malos gestores llevan a cabo. Un gobierno abierto, o sea, sin nada oculto, con transparencia en la gestión, en su administración y en sus circuitos de tramitaciones y evaluaciones.

Los mecanismos de cooperación entre la gestión municipal, los profesionales (funcionarios) y los ciudadanos, serán los artífices para el equilibrio de  los esfuerzos, donde sin rigideces, los servicios y sus costes efectivos quedarán equilibrados. Un coste que nunca será igual en un municipio que en otro, porque las diferencias que los distinguen, serán compensadas con las decisiones responsables de sus vecinos en la cobertura de sus costes. Este municipalismo diverso, que responde a la estructura de su identidad, debe desarrollarse eficientemente. Y es precisamente desde esa posición común, cuando pueden encontrarse fórmulas de integración territorial, no suprimiendo, sino fusionándose los que compartan ideas más comunes de gestionar sus servicios, primando las acciones que respondan a los criterios de integración común en libertad.

Olvidemos ya, el régimen provincial de las diputaciones, que siempre han despertado una tensión entre territorios y ciudadanos, una tensión no resuelta, por la falta de democracia de sus órganos que no se ha modificado sustancialmente desde que en el siglo XIX se instauraron. Hoy se precisa un nuevo poder que se base en la libertad de las ciudades, más abiertas y más participativas, y es posible que por ese camino se gestione con más beneficios y menos costes.


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