El bullying o acoso escolar es un tipo de violencia que está produciendo efectos realmente alarmantes en nuestra sociedad. No se trata de un fenómeno aislado, sino que se va extendiendo tanto a nivel expansivo como en los diferentes estratos sociales. Hoy en día la situación es muy preocupante si no se implanta un modelo de prevención y erradicación, y no parece que desde las instancias competentes le dediquen mucho tiempo o que estén muy preocupados por lo que está sucediendo.
El bullying tiene efectos perversos en la vida del niño que se prolongan a lo largo de su adolescencia, porque se caracteriza por su persistencia en el tiempo en la forma de maltrato físico y psicológico. Se inicia por un alumno que se ve apoyado por un grupo, en este sentido, el agresor es muy cobarde porque busca la intimidación del indefenso, prevaliéndose de una superioridad manifiesta que le inhabilita para reaccionar. Lo que se busca es minar la autoestima del individuo, atemorizarlo y aislarlo del grupo. Esto tiene efectos en el equilibrio y desarrollo de su personalidad, en sus problemas de socialización en el futuro, pero también es una causa que explica el fracaso escolar y que muchos jóvenes dejen los estudios antes de los dieciséis o diecisiete años.
La cuestión que nos debemos plantear los juristas es qué podemos hacer desde nuestro ámbito de actuación para hacer frente a esta tipología de acoso. Lo cierto es que se puede hacer mucho, todavía no se ha explorado a fondo el resultado que puede dar el actual sistema legal que tenemos, pero si avanzáramos con los instrumentos actuales, seguramente en un periodo de tiempo relativamente corto, en unos cinco o seis años, reduciríamos las cifras de víctimas del acoso escolar sustancialmente.
Si en su momento se presentó la necesidad de llevar a cabo un Plan Integral contra la Violencia de Género, cuando el legislador centró el problema adoptando medidas orientadas a la detección precoz y erradicación de los actos de violencia; ahora urge la presentación a las Cortes de un Plan para combatir el fenómeno del acoso escolar con medidas similares en todas las áreas: coordinación con las asociaciones, atención y asistencia psiquiátrica, medidas en el ámbito educativo, la creación dentro de los Juzgados de Menores de un órgano jurisdiccional especializado en el acoso escolar, la creación de una fiscalía especializada, coordinada con la Fiscalía de Menores y la Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia, la creación de un organismo especial que coordine todas las medidas y elabore un informe anual que presente al Congreso de los Diputados, para el conocimiento del resultado de las medidas implantadas, la actuación a través de los medios de comunicación, la publicidad para la concienciación social, habría que modificar la Ley Penal del Menor para endurecer las penas en estos casos, también crear protocolos de actuación en los centros educativos para poner en conocimiento de las autoridades los casos de bullying que se den en las escuelas. De todas estas medidas habría que destacar dos que son esenciales: la actuación a través del servicio de mediación y la implantación de los programas de compliance en los centros escolares.
La mediación puede ser un instrumento muy eficaz para solucionar los conflictos en el ámbito educativo. El notable incremento de la tensión en ese entorno ha perjudicado las relaciones interpersonales, lo que ha hecho que cada vez más se recurra a este método, previo a las sanciones o expedientes que sólo en última instancia, cuando la situación es insostenible encuentra su justificación. En primer lugar hay que estudiar siempre la evolución del conflicto, es la fase previa, la recogida de datos e información, el estudio del comportamiento de todos los implicados, la voluntad de resolver el problema y la concienciación de que debe recurrirse a este servicio para poner convivir mejor; los miembros del equipo deberán hacerles comprender a las partes en qué consiste la mediación, cuáles son los principios sobre los que se basa este método, y el papel que debe jugar cada uno, lo más importante es darse cuenta que el mediador guía y orienta, pero son las partes las protagonistas, porque sólo buscan la mejor solución. La tercera fase es la del acuerdo, la negociación, el pacto resultado de un consenso en el que todos han tenido que ceder y nadie gana, nadie impone su criterio sobre el otro, se busca un espacio de encuentro común. Finalmente, se diseña una hoja de ruta para el cumplimiento total del acuerdo pactado y se entra en la fase conocida como monitoreo, es decir, vigilancia o control de la ejecución de los puntos negociados.
Para poder encauzar los problemas que conlleva el hostigamiento constante y el acoso al que están sometidos algunos alumnos, también resulta recomendable la coordinación con las entidades que diseñan planes de compliance para la prevención y el tratamiento del bullying escolar. Los centros deben incorporar un Reglamento de Régimen Interno, negociado con la dirección, las asociaciones de padres y de alumnos, en el que se estudie cuáles son los motivos que llevan al acosador a atacar a su víctima, cómo detectar esta conducta, escenificar los diferentes casos que puedan darse, buscar canales de denuncia internos y, finalmente, el régimen sancionador aplicable según el tipo de acoso y las consecuencias. Se trata de un Código Ético que debe tener la escuela y que ha de ser rigurosamente seguido por los alumnos, unas normas de conducta que deben seguirse en todas las aulas y un exigente control del cumplimiento de las mismas.
Según un estudio de Save the Children en España se calcula que el nivel de acoso es del 9'3% siendo la región de Murcia la que registra un porcentaje más alto, del 13'8 por ciento. El ciberacoso es algo menor, se calcula que en torno al 6'9%. La forma más habitual de ataque es el insulto directo y el insulto indirecto (22'6% y 20'9%) respectivamente, seguidas de la difusión de rumores (14'6%) y después a mucha distancia las conductas que tendrían trascendencia penal, el robo o daños a la propiedad (6'1%), golpes físicos (6'3%), la exclusión (8'4%) y las amenazas (5'7%).
Al menos uno de cada 10 alumnos ha sido víctima del acoso escolar y un 30% ha sufrido agresiones físicas. Estamos ante una situación extremadamente grave, alarmante a la que hay que poner fin desde el poder legislativo y el judicial, la abogacía y todos los profesionales del derecho deben implicarse activamente, hay instrumentos, sólo hace falta voluntad real de ponerlos en marcha.
