Jose Luis Luceño Oliva,
Director Jurídico Grupo Puma.
Profesor de Derecho Mercantil Universidad Pablo de Olavide.
Cualquier abogado in house o departamento jurídico interno, incluso aquellos profesionales del derecho que asisten con especial dedicación a una empresa, han de basar su trabajo alrededor de tres áreas funcionales muy específicas:
Planificación legal.
Constituye la piedra angular para el correcto ejercicio de la función jurídica dentro de la empresa. Dependiendo directamente de la planificación estratégica de la empresa, que el director jurídico ha de tener siempre en consideración, se han de planificar las acciones legales a adoptar y los recursos a dedicar a cada área legal para evitar contingencias en primer lugar, y en segundo lugar para ofrecer las alternativas legales más plausibles o afines con la política de la empresa y más económicas desde el punto de vista de coste financiero-fiscal.
La mayor parte de las tareas de planificación tienen un horizonte temporal anual o incluso superior. En este apartado, y siempre atendiendo a la tipología de cada empresa, se enmarcan como las más comunes la planificación fiscal de la empresa, para optimizar la carga impositiva que la misma soporta, la planificación de la política laboral de la compañía, así como la planificación mercantil de las operaciones societarias a acometer dentro del plan estratégico de la empresa (creación de sucursales o nuevas filiales, operaciones de reestructuración, ampliaciones o reducciones de capital, etc..).
Asimismo, también son habituales la planificación desde el punto de vista legal de la protección de los derechos de propiedad industrial, de los seguros, y de los contratos con el resto de operadores del tráfico mercantil con quién se relaciona la compañía.
La planificación permite un adecuado análisis de la situación jurídica a medio plazo, y un estudio de las mejores alternativas a adoptar, supone un ejercicio de reflexión sobre qué necesita o qué puede optimizar la empresa desde el punto de vista legal y ayuda a la definición y distribución del trabajo al director jurídico.
Control legal.
El control jurídico de la empresa, como recientemente ha definido un estudio de KPMG sobre La Función Jurídica Interna se suele ejercer por parte del los departamentos legales internos en base a tres tipos de protocolos:
Asesoramiento y defensa.
Del mismo modo que la planificación y el control constituyen acciones enfocadas hacia el medio plazo, y cuyo leit motiv es evitar futuros problemas legales en la empresa, el asesoramiento y la defensa de la compañía se configura en la tarea más inmediata del departamento jurídico interno, que diariamente se enfrentará a la resolución de todas las cuestiones y consultas que dirección y el resto de departamentos de la empresa le planteen, así como a la necesidad de representar y defender los intereses de la compañía frente a reclamaciones o demandas de terceros, o bien contra ellos, tanto en procedimientos judiciales como extrajudiciales.
Es importante destacar que cuanto mejor sean los controles y protocolos definidos anteriormente, menos margen de sorpresa existirá en este trabajo de asesoramiento y defensa, que en ocasiones se fundamenta, en situaciones o circunstancias imprevistas por el Departamento.
Por último resaltar que la vorágine de los cambios legislativos, configura asimismo esta tarea como esencial, porque obliga a mantener desde el departamento jurídico interno un nivel óptimo de actualización y formación, de cara a poder asesorar a la empresa de los cambios o modificaciones existentes y como los mismos le afectan.
Indemnización a todos los presos preventivos absueltos del delito imputado
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