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Malos tiempos para la Justicia: Sobre el incalculable valor de la independencia judicial

10 de Julio de 2018

En una sociedad democrática nada está exento de crítica y las resoluciones judiciales no son, ni deben serlo, ninguna excepción. Ahora bien, resulta necesario hacer algunas precisiones desde los principios en los que se asienta nuestro sistema jurídico.

Javier Fuertes,
Abogado


Establece el art. 117.1 de la Constitución que la Justicia (con mayúscula) emana del Pueblo y se administra por Jueces y Magistrados que son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley (también con mayúscula).

Nuestro sistema encomienda a personas físicas la nada sencilla misión de juzgar (y ejecutar lo juzgado) y lo hace sobre un principio, el del juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 de la Constitución), que permite establecer la competencia con la que se evita la designación arbitraria del encargado de conocer y juzgar un caso concreto.

Sobre estas premisas un Juez o Jueces (un Tribunal en su caso) ejercen la potestad jurisdiccional y lo hacen sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades como medio para asegurar su total independencia (art. 127.2 de la Constitución).

Un Juez, además de juzgar, y como norma general, únicamente puede investigar (escribir) sobre cuestiones jurídicas e impartir docencia, estándole vedadas el resto de actividades.

No nos engañemos, no hay demasiados Jueces en este país (5.367 según la Memoria del Consejo General del Poder Judicial del año 2017). Pocos más que futbolistas profesionales y menos de los que juegan en Primera, Segunda y Segunda B (que son, en total, 122 equipos). Y esos pocos miles de Jueces dictan millones de resoluciones judiciales al año de las cuales millón y medio tuvieron en 2016 la forma de sentencia, aunque el cálculo medio (300 sentencias por Juez) puede resultar muy engañoso, por aquello de la estadística (ya saben aquella conclusión de que si entre dos personas se comieron un pollo ello no significa, necesariamente, que cada uno de se comiera medio pollo).

En estas circunstancias (masificadas en muchos casos) el Juez resuelve. Y lo hace (lo debe hacer) en conciencia, lo que significa, volviendo al símil del fútbol y sus árbitros, que el Juez debe pitar lo que ve, pero no puede (no debe) ni pitar un penalti que no ha visto ni dejar de pitar un penalti que ha visto. Es humano, y se puede equivocar, pero se le exige que resuelva en Derecho conforme a lo que aprecia. Y sobre esas decisiones comienza la discusión.

Hace años escuche a una sabia Magistrada que un juicio era (y es) un actuación procesal en la que, al menos, una de las partes terminaba enfadada, cuando no las dos. Y es lícito discrepar y discutir las resoluciones judiciales mediante los cauces establecidos para ello. Lo que no es de recibo es lapidar a un Juez porque no se comparte su decisión.

Y en esta situación nos encontramos. Todo el mundo se siente capacitado para juzgar una decisión judicial. Especialmente en el sensible ámbito del derecho penal, eso sí, sin aportar ni un elemento jurídico, entre otras cosas porque se opina sin conocer ni los hechos ni las actuaciones. De leer las sentencias mejor ni hablamos (de la fecha pasamos al fallo). Hay profesionales que, incluso, van más allá y sientan cátedra sobre un asunto en el que, sin haber sido parte, afirman (y presumen) haber tenido acceso al sumario (algo que está un poco prohibido). No parece muy razonable. Y otros Jueces que se lanzan a dar su opinión sobre un asunto que ni les corresponde juzgar y sobre el que tampoco parece buena idea opinar públicamente. Y todo el mundo sabe de todo y tiene clarísimo lo que tenía que haber hecho un Juez al que parece que le ha salido el título en una bolsa de maíces o en el palo de un helado.

Y después están los políticos que, en algunos casos, recuerdan a esos entrenadores de equipos de fútbol que cuando les preguntan por una actuación arbitral que les puede haber beneficiado contestan aquello de que no opinan de los árbitros para, en el partido siguiente, señalarle como responsable de la derrota de su equipo. Tal vez habría que recordar que la separación de poderes obliga a los cargos públicos a abstenerse de enjuiciar la labor del resto de poderes y, en particular, las decisiones de Jueces y Tribunales, siendo preciso recordar que no hace falta ir muy lejos (ni en el espacio ni el tiempo) para encontrar políticos que han pedido que hay que controlar a los Jueces (no vaya a ser que ejerzan su independencia) y que su nombramiento debiera ser discrecional o en función del caso y de las circunstancias... es decir, de la sentencia que se pretenda obtener por el político que se reservaría su nombramiento.

En estas circunstancias, con políticos incitando a las masas para que se violente a los Jueces y se les presione para que piten un penalti donde no lo hay o para no pitarlo donde lo hubo, conviene alentar la sensatez.

Dejemos al sistema funcionar. Dejemos que los Jueces dicten sentencias en conciencia, sin presiones ni estímulos perversos. Porque conviene recordar que tenemos la inmensa fortuna de habitar un territorio en el que, a pesar de los defectos, disfrutamos de un estado social y democrático de derecho de primer nivel (insisto, con lacras y vicios frente a los que hay que seguir luchando), con un Estado en el que impera la ley y presidido por valores fundamentales como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Somos un país en el que, a diferencia de otros aparentemente más avanzados, hace bastante tiempo que erradicamos la pena de muerte, y en el que la Justicia persigue a cualquiera que haya cometido un delito, independientemente de su clase social, riqueza, título nobiliario o ejercicio de un cargo público.

Porque todos somos iguales ante la Ley... excepto si se trata de un Juez que sentencia (o un voto particular discrepante). En ese caso no. Cualquiera puede insultarle, lapidarle, cuestionar sus conocimientos o, sencillamente, poner en duda su capacidad.

Pues no, de la misma forma que es necesario asumir el riesgo de absolver a un culpable antes que condenar a un inocente hay que preferir un Juez independiente que se equivoque a un Juez dependiente que acierte. Y no se engañen, el resto es retroceder al pasado más oscuro y tenebroso, porque el que hoy niegue la independencia judicial se está asegurando un mañana en el que pueda ser condenado sin haber cometido delito alguno.

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