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Pasen y vean: la selección de jueces y otros funcionarios

6 de Mayo de 2009

Joan Amenós Álamo,
Profesor titular de Derecho Administrativo de la UAB


La sugestiva entrevista con Meritxell Regué da otra vuelta de tuerca al debate sobre el reclutamiento de jueces y fiscales y, por extensión, de otros juristas vinculados a la función pública (Abogados del Estado, Administradores civiles, inspectores de Trabajo, notarios y registradores, Secretarios e interventores en la Administración Local, etc).  El titular elegido por Legaltoday es una afirmación respaldada casi unánimemente: “Memorizar textos no es el sistema idóneo para formar jueces, fiscales o abogados del estado”.

Antes del relevo del Ministro de Justicia, la polémica arreció a caballo de declaraciones que apuntaban mutaciones inminentes en los ritos selectivos. No seré yo quién defienda la bondad de esta tosca carrera de memorización llevada hasta la pureza de la "literalidad". Es decir, como ya saben los que se dedican a estos menesteres, el tribunal tiene en alta estima la exactitud en la transcripción oral de los términos legales.

Ahora bien, el sobado procedimiento luce tres ventajas:

-Primera: precisión en el vocabulario jurídico y en la comprensión de las fuentes del Derecho. Esto es una evidencia y lo saben muy bien, por ejemplo, los departamentos de incorporaciones de los bufetes más prestigiosos.

-Segunda: disciplina y capacidad de trabajo. La inhumanidad espartana del método es un buen entrenamiento para enfrentarse con la realidad jurídica. Actualmente, un minúsculo pleito es una caja de Pandora de gran complejidad: la determinación de la norma aplicable en medio del caos, los elementos internacionales, la creciente penetración de nociones económicas y técnicas, etc.

-Tercera: visibilidad del mecanismo. Recuerdo ahora un inteligente relato de Ihering en su impagable Bromas y veras de la jurisprudencia. En él, un personaje proponía un examen bianual de todos los juristas del país. Uno de sus objetivos era, precisamente, aumentar el prestigio social de la profesión. La audiencia pública en el momento crucial del aspirante es un dato fundamental cuando se trata de elegir altos funcionarios. Es cierto que la transparencia también existiría si, en vez del tema par coeur, el opositor, por ejemplo, debatiera con el tribunal un informe o dictamen previamente elaborado. Ahora bien, esto nos conecta con un punto capital que aparece muy poco en el debate público: el coste en tiempo y dinero del reclutamiento.

En realidad, nuestras castizas oposiciones (tan tradicionales como las procesiones de estos días) nacieron en un Estado pobre y corrupto. Para subsanar su propia indigencia el Poder hacía recaer en los hombros de las familias la formación de sus futuros primeras espadas (tan consciente era de su penuria que ni siquiera se fiaba de la calidad del título expedido por sus propias universidades).

Y también dije "corrupto". Matizo: era un Estado de Derecho con un arsenal de juguete. Frente a las cesantías, la inestabilidad golpista, el caciquismo o el liliputiense control contencioso-administrativo, la audiencia pública de los opositores permitía al rival o al preparador, al iletrado o al familiar, conocer de primera mano la realidad de los méritos de aquellos muchachos. Así, lo que un día fue entretenimiento y estufa para muchos madrileños de la postguerra, se nos ofrece hoy como un precioso antecedente del hearing, que tan imprescindible resulta para escoger los juristas de Estado en el siglo XXI.


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