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29/03/2024. 16:56:07

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Política y Derecho

Profesor de Investigación del CSIC

A. J. Vázquez Vaamonde

Cuando alguien, refiriéndose al vino, dice despreciativamente “¡eso es química!” siempre respondo a ese ignorantes: “¡gracias a Dios, porque la química nos permitió conocer científicamente el proceso de fermentación y por eso hoy podemos controlarlo para nuestro beneficio haciendo mejores vinos!”.

Eso, que no diría jamás un químico, lo suelen decir los políticos ignorantes cuando quieren denostar la actuación política  de los ciudadanos a cuyo servicio están ¿de verdad?  o la de las instituciones que les corrigen por su mal hacer; tachan esa actividad de política para desacreditarla: Mi respuesta es la misma "Gracias a Dios, porque malo será el día en que los ciudadanos dejen de preocuparse de la política como un quehacer propio!".

Sólo los ignorantes pueden clamar contra la politización del derecho. Otra cosa es reclamar contra la falta de separación entre el poder del derecho, que emana del poder legislativo, y el poder del derecho, el que los jueces aplican a los ciudadanos que demandan justicia en un caso concreto.  Esa falta de independencia se ha visto en varios casos recientes  de actuación de la justicia a las que les ha dado un fuerte varapalo  el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por el abuso de la (in)justicia española, el último por aplicar leyes penales con efecto retroactivo.

Por supuesto que es política cualquier manifestación o cualquier huelga con la que el soberano – "en el pueblo reside la soberanía de donde emanan todos los poderes del estado" (art. 1.1CE78) – manifiesta su queja a sus administradores por lo mal que administran.

Hace ya muchos años dijera Ihering:  "La lucha es el trabajo eterno del derecho. Si es una verdad que ganaras el pan con el sudor de tu frente, no lo es menos añadir también solamente luchando alcanzarás tu derecho". Esa realidad de la lucha es una realidad que no se puede negar. El derecho se edifica sobre un fundamento legislativo (político) y, como también decía Ihering "la obra legislativa siempre se produce, como sabeos, dentro de la mas dura contradicción de intereses", y es el pueblo, es decir la polis, quien reivindica la justicia.

Siguiendo con la doctrina de este jurista, insiste en esta idea: "El Derecho necesita el concurso de la fuerza efectiva. La necesita para u realización concreta cuando faltan instituciones protectoras el interesado debe de combatir con sus propias fuerzas (legítima defensa, casos autorizados de justicia privada, guerra)". Es, pues, una legitimación del soberano, del pueblo, que hace política, manifiesta la opinión de la polis en la calle, al ver que sus administradores no lo hacen en las instituciones a las que se les llevo con nuestros votos para administraran bien..

Pero, como con para rendir Zamora, se necesita la colaboración de ambas partes: del pueblo soberano, que ejerce la política desde la calle en un ejercicio de avocación de la soberanía y de los jueces que ejercen la justicia protegiendo los derechos humanos, y si no lo hacen aqu´´i habrá que buscar ese reconocimiento  donde todavía tiene asiento: en el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea.

Fue la única opción ante el fallo de las instituciones nacionales– el caso de las hipotecas, la aplicación retroactiva de preceptos sancionadores – que violaron la CE78: "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos" (art.9.3.C78).

Por supuesto, el poder legislativo emana del pueblo; el poder ejecutivo emana del poder legislativo; el poder judicial emana del poder ejecutivo y del legislativo. Ante tantas emanaciones secundarias el pueblo se ve obligado a avocar su soberanía, la que le dejó administrar, ¡sólo administrar! Porque la soberanía sigue residiendo en el pueblo de donde emana todos los poderes del Estado. Que esa cesión de administración se pueda modificar cada cuatro años es lo único que nos permite soportarlos. ¡Pocas veces repiten!

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