La Agencia Española de Protección de Datos ha recaudado 22,6 millones de euros en sanciones durante el año 2008, tres millones de euros más que a lo largo del 2007.
El aumento en la recaudación de la Agencia Española de Protección de Datos no se refleja en el número de sanciones, que ha crecido en un 56,4% respecto a las del 2007. Según el Director de la AEPD, Artemi Rayo, esta circunstancia se debe a la disminución de la culpabilidad de los infractores, de tal forma que en el 2008 se redujeron las sanciones muy graves (de 300.000€ a 600.000€) aumentando las graves (de 60.000€ a 300.000€).
Las reclamaciones ante la Agencia aumentaron en un 48%, lo que indica que cada vez más, los usuarios conocen los derechos con los que cuentan en esta materia y cuáles son las formas de defenderlos.
Los principales sectores sobre los que se han recibido más reclamaciones han sido el sector de las telecomunicaciones, las entidades financieras, las comunicaciones electrónicas, el comercio y la hostelería y la videovigilancia.
Según el director de la Agencia, es destacable el aumento de las reclamaciones y las sanciones relacionadas con la videovigilancia como consecuencia, en la mayoría de los casos, del llamado intrusismo laboral.
En este sentido, multitud de empresas utilizan las imágenes captadas por las videocámaras para finalidades incompatibles. Debemos recordar que la videovigilancia está justificada con una finalidad de seguridad, no pudiéndose utilizar las imágenes captadas para valorar la actividad realizada por un empleado.
Por último, cabe destacar la preocupación de la AEPD en el uso de los datos que se realiza a través de las redes sociales, sobre todo respecto al tratamiento de los menores de 14 años. En este sentido la propia Agencia ha contactado ya con las principales redes sociales, habiendo llegado recientemente a un acuerdo con Tuenti.
En mi opinión, resulta de vital importancia que la AEPD establezca los límites en cuanto al tratamiento de los datos personales de los menores de 14 años, de forma que sean los padres o tutores del menor los que consientan la utilización de los datos de los menores a través de las redes sociales, aunque resulta una tarea ciertamente complicada.
