La tasa de siniestralidad laboral en España es de 5,8 fallecidos por cada 100.000 trabajadores, más de un 30 por ciento por encima de la media de la Unión Europea de los 15. A las medidas administrativas y reformas legales debe sumarse el esfuerzo de reflexión realizado por los agentes implicados en el proceso constructivo. Fruto de ello es el Informe Duran, que contiene un interesante catálogo de propuestas dirigidas a reducir la siniestralidad del sector.
La reducción de los niveles de siniestralidad laboral en España es una de las asignaturas pendientes en todos los sectores económicos, más cuando se establecen comparaciones con datos de otros Estados europeos. La industria de la construcción no es una excepción a esta problemática y es precisa la colaboración de todos para implementar medidas dirigidas a fortalecer la prevención y garantizar la seguridad de los trabajadores.
Los datos de los últimos meses confirman una tendencia descendente en relación con los ejercicios anteriores. No obstante, la alta siniestralidad del sector ha generado la adopción de medidas diversas encaminadas a implantar una verdadera cultura de la prevención (fruto de ello ha sido la adopción de la Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción o el IV Convenio General del Sector). La Confederación Nacional de la Construcción, organización que aglutina a la práctica totalidad de las organizaciones empresariales del sector, ha dado un paso más hacia la consecución de este objetivo y encargó a Federico Durán la elaboración de un Informe sobre los riesgos laborales y su prevención, la seguridad y la salud en el trabajo en España. Es el conocido como "Informe Durán", en el que se recogen unas conclusiones y una serie de propuestas para la mejora de la siniestralidad en un sector especialmente caracterizado por la temporalidad laboral, la pluralidad de sujetos intervinientes en el proceso constructivo y la utilización de mano de obra multicultural.
En el Informe se pone de relieve la necesidad de interiorizar e integrar la cultura preventiva de los riesgos laborales en la empresa, así como de simplificar el marco normativo de prevención, especialmente complejo y disperso en la actualidad.
Sin embargo, el verdadero valor del Informe radica en las 36 propuestas que realiza para la reducción de la siniestralidad en el sector de la construcción. Desde un punto de vista formal, el informe constata la necesidad de conocer con exactitud los datos y estadísticas reales sobre los accidentes en el sector. Para ello propone mejoras en la metodología y su integración con los datos de los demás países de la Unión Europea.
Igualmente, propone un nuevo concepto de "accidente de trabajo" que, prescindiendo del concepto defendido por la Seguridad Social para fines prestacionales, se limite a los que tengan una causa exclusivamente profesional y se produzcan dentro de la esfera organizativa empresarial. Por otra parte, en el informe se aboga por atribuir al orden social la competencia para conocer de este tipo de asuntos, por suprimir el recargo de prestaciones en caso de falta de medidas de seguridad o, subsidiariamente, por permitir su aseguramiento.
En el ámbito de la investigación se resalta la necesidad de realizar análisis cualitativos de la siniestralidad laboral que tengan en cuenta todo tipo de factores, tales como la relación entre la temporalidad del empleo y el número de accidentes. Sólo de esta manera se podrán extraer conclusiones válidas para atajar de raíz el problema
Desde el punto de vista de la formación, el Informe Durán pone énfasis en la necesidad de revisar los contenidos de las titulaciones habilitantes para intervenir en el proceso constructivo, así como en la potenciación de la especialización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Similar importancia tienen las propuestas de índole organizativa: la fijación del tiempo de ejecución de la obra conforme a parámetros adecuados, así como el incremento de la presencia del coordinador en la obra se presentan como medidas adecuadas para combatir los índices de siniestralidad en el sector de la construcción.
Por supuesto, el Informe no podía olvidar la importancia de la vigilancia y control a pie de obra. En este sentido se propone la obligación de las pequeñas empresas de designar a un trabajador en la obra como recurso preventivo, así como el incremento del número de visitas de la OPPC.
Por último, en las medidas dirigidas a los agentes sociales y a las administraciones públicas se apunta la conveniencia de elaborar protocolos preventivos en el seno de las empresas, así como la necesidad de mejorar el contrato fijo de obra. El tiempo será el encargado de decirnos si estas propuestas se van a implementar y si son aptas para conseguir los objetivos que se propone. En cualquier caso, constituye un paso hacia delante en la reflexión sobre las causas y los factores que inciden en un sector que hasta hace poco ha constituido el motor de la economía española.
