Con una argumentación que la Sala jura que no es aplicación analógica de la causa de desheredación del art. 853.2 CC (“maltrato de obra o injuria grave de palabra”), sino mera interpretación “flexible” del concepto, la STS 3 junio 2014 pone fin a la consolidada doctrina de que las causas de desheredación merecen una interpretación restrictiva.
La cosa se denomina "maltrato psicológico" infligido al padre por los dos hijos desheredados. Aquél no había reclamado formalmente el pago de alimentos (en sentido amplio) – cuya negativa hubiera hecho incurrir a los malos hijos en causa de desheredación del nº 1-, pero "en su trato fue objeto de insultos y menosprecios reiterados y, sobre todo, de un maltrato psíquico voluntariamente causado por los actores, que supuso un auténtico abandono familiar… con una conducta de menosprecio y de abandono que quedó evidenciada en los últimos siete años de vida del causante en donde, ya enfermo, quedó bajo el amparo de su hermana, sin que sus hijos se interesaran por él". Los hijos sostienen -con los precedentes legales- que los "insultos" no son de entidad suficiente y que "la falta de relación afectiva o el abandono sentimental con los padres" queda en el terreno moral.
La sentencia no es clara, con todo. Primero, y necesariamente, por la imprecisa frontera de un concepto inaprensible como el de "maltrato psíquico", que servirá en el futuro de alimento de litigios, antes evitados por los sanos consejos que el notario daba al testador cabreado que quería desheredar a su prole. Pero, especialmente, porque la sentencia parece distinguir entre este maltrato y el "abandono emocional" (no censurable) como "expresión de la libre ruptura de un vínculo afectivo". ¿Quiere decir que este "divorcio emocional libremente consentido" entre padres e hijos no libera a aquéllos del deber de atribuirles la legítima sucesoria correspondiente? Es una propuesta poco sensata.
El ideario que subyace en la sentencia me parece correcto. La legítima es una institución a suprimir. La "ley de la naturaleza" mayoritariamente se cumple, con o sin legítima de descendientes, y en todos sitios los padres defieren sus bienes mortis causa a sus hijos, sin necesidad de imposición legal. Y allí donde no ocurre es porque existe una patología en la pietas familiar, que no debe ser ficticiamente restaurada por el Derecho. La legítima sucesoria tuvo sentido acaso en sociedades patrimoniales cerradas en las que la riqueza de las generaciones se sustenta en la continuada posesión de bienes tangibles, preferentemente raíces. Tuvo sentido cuando la expectativa de vida era baja o muy baja, abandonando a su suerte a una prole menor de edad, pero no la tiene hoy cuando en los casos ordinarios la expectativa de vida es tal que los hijos del causante ya están dentro o por llegar a la tercera edad cuando sus padres fallecen, y han tenido tiempo y ocasión para construir sus vidas al margen de las expectativas sucesorias. En mi opinión, sólo deberían tener derechos "legitimarios" aquellos descendientes que en el momento del fallecimiento del causante se encontraran en situación actual (no posible) de titular un crédito de alimentos contra el causante. La legítima no tiene sentido en una sociedad en la que los padres con recursos invierten masivamente en vida en la formación de sus hijos y financian con denuedo sus "años de aprendizaje" con cantidades que absurdamente la ley considera no colacionables, con la consecuente lesión de los hermanos que "quedaron en casa" o a los que se donó bienes tangibles. Sólo es digna de los tiempos una sociedad cuyos componentes ahorran en vida para formar en excelencia a los hijos durante su juventud – única etapa aprovechable para aprender- con objeto de que puedan prosperar en un medio competitivo inestable y globalizado. Finalmente, si los hijos no supieran cierto si iban a heredar, y cuánto, tendrían menos incentivos para ningunear a sus ancianos padres, y, al menos, fingirían que les quieren.
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