“El sistema educativo nacional asume actualmente tareas y responsabilidades de una magnitud sin precedentes. Ahora debe proporcionar oportunidades educativas a la totalidad de la población para dar así plena efectividad al derecho de toda persona humana a la educación y ha de atender a la preparación especializada del gran número y diversidad de profesionales que requiere la sociedad moderna. Por otra parte, la conservación y el enriquecimiento de la cultura nacional, el progreso científico y técnico, la necesidad de capacitar al individuo para afrontar con eficacia las nuevas situaciones que le deparará el ritmo acelerado del mundo contemporáneo y la urgencia de contribuir a la edificación de una sociedad más justa constituyen algunas de las arduas exigencias cuya realización se confía a la educación.”
El texto que aquí se reproduce podría formar parte de la Exposición de Motivos de cualquier proyecto de ley de un Gobierno democrático que ha de ser debatido y votado en las Cortes Generales, cualquier padre de familia estaría de acuerdo con los principios esenciales que aquí se describen, que constituyen la orientación capilar que ha tener un modelo educativo eficiente en nuestro tiempo. Sin embargo, por muy inverosímil que pueda parecer, se trata del primer párrafo del Preámbulo de la Ley 14/1970 de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. Es de destacar que si entramos en su articulado son muchas las coincidencias con el texto constitucional de 1978. Resulta ejemplarizante que ya entonces se reconocían las singularidades regionales y el Estado debía respetar esa pluralidad (art.1.3 LGE), como el artículo 3.3 de la Constitución Española. Por otro lado, el artículo 27 de la Constitución que sienta las bases de nuestra educación se parece mucho al contenido de la Ley 14/1970, en los dos se reconoce la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica, pero es más, es deber del Estado poner todos los medios al alcance para que los ciudadanos puedan tener una formación integral. Además el artículo 4º d) de la Ley 14/1970 reconoce la iniciativa privada para la libre creación de centros docentes, en el mismo sentido que el apartado 6º del artículo 27 de la Constitución, y la participación de los padres en la enseñanza de los hijos colaborando con los centros docentes se recoge en el artículo 5º de la Ley y en el apartado 7º del artículo 27 de la Constitución.
Sin ánimo de tomar partido por una u otra ley, lo cierto es que el texto normativo de 1970 funcionó, porque incluso las expresiones que se contienen en los artículos de la Carta Magna son casi idénticas, y el modelo no cambió en el fondo, a excepción de algunos retoques, hasta la entrada de la década de los noventa. En efecto, tras la LGE de 1970, se aprueba la LOECE (Ley Orgánica de Estatuto de Centros Escolares) de 1980 que afectaba al ámbito técnico-organizativo y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985 (LODE) que introduce el sistema de colegios concertados. Hasta entonces la educación básica se estructuraba en dos etapas: una primera fase de ocho cursos de EGB y después el alumno accedía al BUP o a la Formación Profesional. El sistema cambió radicalmente con la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo).
Hoy en día nuestro sistema educativo ha fracasado y necesita un cambio radical, así lo ponen de manifiesto todos los estudios internacionales, véase análisis de la OCDE, informe PISA o la consultora Mc Kinsey & Company y las soluciones en muchos aspectos, inciden en dar respuesta a algunos problemas que ya la LGE de 1970 intentó erradicar: para terminar con el fracaso escolar hay que actuar antes de la secundaria, entre los 0 y 6 años; hay que pasar de un modelo de enseñanza comprensiva a uno que estimule el esfuerzo y el verdadero aprendizaje, pero con una atención individualizada del alumno; debe recuperarse la autoridad y el respeto de los docentes, profesionales bien formados reconocidos socialmente; y resulta también fundamental buscar la integración de la familia en su relación con los centros educativos para la preparación de sus hijos.
La LOGSE de 1990 que introdujo la ESO y el Bachillerato de dos años con amplia participación de las Comunidades Autónomas en el contenido de las asignaturas no ha dado buenos resultados. Los índices de fracaso escolar son alarmantes:
- Los jóvenes que ni estudian ni trabajan entre los 15 y 29 años representan el 24% aproximadamente.
- En España la tasa de abandono escolar es del 26'5% lo que representa el doble de la media europea.
- Los titulados en educación secundaria entre los 25 y los 34 años son del 65% frente al 82% de la OCDE.
- La población entre 20 y 24 años que completa la enseñanza secundaria superior crece en toda Europa menos en España y el paro juvenil en nuestro país alcanza el 50%.
- El curso pasado hubo 2.870 docentes menos en escuelas públicas, mientras se incrementaba el número de alumnos.
- Desde el año 2010 ha disminuido de forma importante el gasto público en educación y en 2013 se prevé un ahorro de 3.000 millones de euros.
Frente a este desolador panorama, en vano se hicieron reformas parciales que no llegaron a entrar en vigor como es el caso de la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación) o que llevan funcionando apenas 6 años como la LOE (Ley Orgánica de Educación) que más allá de la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, no ofreció ninguna otra novedad, ofrecía un modelo continuista que no abordó ni en el fondo ni en la forma el problema del fracaso escolar ni fue dotada la ley de recursos económicos suficientes para su aplicación, habida cuenta que en los dos últimos años se han recortado más de 3.400 millones de euros.
La educación es un asunto de Estado, este país no puede seguir modificando la orientación del sistema cada vez que cambia la legislatura, ya son ocho las leyes en apenas 40 años, no hay precedentes en los países de nuestro entorno. Nos jugamos el futuro de las próximas generaciones y hace falta un pacto global y transversal entre todas las fuerzas políticas que puedan tener responsabilidades de gobierno, sólo así será posible hacer una reforma educativa con vocación de permanencia que ponga fin a tanta inestabilidad y garantice el progreso y el desarrollo integral de nuestros jóvenes, pues no olvidemos que la libertad de enseñanza constituye un derecho fundamental que debe ser tutelado por los poderes públicos.
