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Artículos de Opinión

Zonas grises

11 de Junio de 2009

En 1595, sir John Trevor, presidente del Parlamento Británico, fue acusado de aceptar sobornos y fue obligado a renunciar. Durante de tres siglos de agitada vida política, ningún presidente de la Cámara de los Comunes había vuelto a dimitir de su cargo.

Antonio Arias Rodríguez,
Síndico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias


Hace unas semanas, Michael Martin se vio obligado a hacerlo, tras el escándalo por la indebida justificación de dietas por parte de varios diputados británicos. El cese, que tendrá efectos el 21 de junio, es consecuencia de la filtración a un diario británico de documentos que probaban el llamado flipping: la costumbre de cambiar a menudo la designación de cuál es la segunda residencia para así maximizar los gastos a cuenta del Estado. Por ejemplo, el propio Martin liquidó viajes de taxi de su mujer por unas 4.000 libras, si bien en esas prácticas participaban diputados de todos los partidos políticos.

La dimisión viene acompañada de una reforma del sistema de compensación de gastos a los parlamentarios, tanto por clarificar las limitaciones (establecer un tope de 1.250 libras mensuales para pago de alquileres o intereses de hipotecas) imponiendo una mayor transparencia (todos los gastos de viaje se harán públicos trimestralmente).

El asunto pone sobre la mesa la ausencia de fiscalización de determinadas zonas del presupuesto público. Un asunto espinoso, que intenta justificarse porque tanto el Tribunal de Cuentas de España como las Sindicaturas de las CCAA "dependen" de los Parlamentos respectivos, a los que tendrían que fiscalizar.

Bien es cierto que esta dependencia no es otra cosa que una garantía de independencia frente al ejecutivo, pero es una buena excusa, aunque no se pueda utilizar para los Interventores autonómicos o locales, ni mucho menos de la IGAE, donde la dependencia funcional se distingue de la orgánica, si bien todos conocemos casos de presiones insoportables a través de esta última.

Las normas de los Órganos de Control Externo buscan un equilibrio institucional en la definición del ámbito subjetivo de fiscalización y la realidad de su tratamiento. Por ejemplo, en Navarra la Cámara de Comptos realiza todos los años informes del Consejo de Navarra (órgano consultivo), del Defensor del Pueblo, del Consejo Audiovisual y del Parlamento, aunque a este último de le da la forma de informe de asesoramiento.

En la Comunidad de Madrid, como manifestación de la autonomía parlamentaria, es competencia de la Mesa de la Asamblea la incorporación de la Cuenta de ésta a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid, sobre la cual la Cámara de Cuentas emite un Informe anual, en el que se incluye el examen de la Cuenta de la Asamblea, a la que se dedica un folio (pag. 17 del informe 2007).

En la Comunidad valenciana, la Sindicatura de Comptes se dirige todos los años a las Corts para reclamar las cuentas y ofrecer sus servicios. Hasta ahora, nunca han contestado, aunque han logrado la publicación de la Cuenta General del Parlamento  en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas.

Por último, las Cortes Generales al igual que otros órganos constitucionales (Tribunal Constitucional, CGPJ, Consejo de Estado, Casa Real ...) nunca ha fiscalizado sus cuentas. Queda un gran camino por recorrer.


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