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El Gobierno quiere hacer compatible el cobro del 100% de la pensión con un empleo

Dos muñecos sobre billetes de euro

¿Es compatible el cobro del 100% de la pensión con un empleo?

LA CARA

Joaquin Castiella Sánchez-Ostiz
Socio Director de Grupo Lexa

El pasado 20 de octubre tuvo lugar la inauguración del ciclo Pensar en España, en el que se debatió sobre el sistema público de pensiones. Durante su celebración la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, aseguró que, en el supuesto de que el Partido Popular continuase en el Gobierno, se pondría en marcha la siguiente reforma: hacer compatible el cobro del 100% de la pensión de jubilación con el trabajo.

Es interesante ver cómo el Legislador, inicialmente desconfiado con el posible fraude del ciudadano, ha ido poco a poco mostrando cada vez más confianza con el pensionista de jubilación hasta este último paso propuesto por la ministra Fátima Báñez.

Cabe recordar que la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de Reforma de las pensiones, introdujo la compatibilidad del percibo de la pensión de jubilación con la realización de trabajos por cuenta propia, siempre y cuando los ingresos anuales totales no superasen el Salario Mínimo Interprofesional, en cómputo anual. En estos supuestos, se permitía percibir la pensión de jubilación íntegra, pero los ingresos no podían superar el SMI.

Esta fue la primera vez que se permitía compatibilizar de la pensión de jubilación "completa", con algún tipo de ingresos, si bien fue únicamente con el límite, ilógico a mi juicio en este caso, del SMI.

Es decir, el legislador daba un paso pero no confiaba del todo en el ciudadano, y por eso, solo le permitía tener ingresos adicionales que no superasen el SMI. Ello provocaba, a mi juicio, que el fraude siguiese campando a sus anchas.

Posteriormente, entró en vigor el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, que permitió que aquellos trabajadores, con edad legal de jubilación, y que contasen con largas carreras de cotización, pudiesen compatibilizar el empleo a tiempo completo o parcial con el cobro del 50 % de la pensión, con unas obligaciones de cotización social limitadas. Fue la introducción de la llamada jubilación activa.

Aquí se daba un paso importante: se permitía que el pensionista trabajase a tiempo completo percibiendo los ingresos que tuviese sin límite, pero permitiendo percibir, también  a mi juicio de forma igualmente ilógica a la anterior fórmula, únicamente el 50% de la pensión.

Es decir, el legislador, seguía sin confiar del todo en nosotros, y como el sistema anterior no funcionaba, intentó levantar el fraude con la jubilación activa. Pero seguía fracasando, porque muchos pensionistas, viendo que seguían perdiendo la mitad de la pensión de jubilación, optaban por defraudar.

Por ello, llevo años pensando, al ver a los pensionistas barajar la opción de seguir trabajando, que ha sido hasta la fecha  el propio legislador el que ha provocado gran parte del fraude (por lo menos, en cuento a la compatibilidad de trabajo y pensión se refiere).

Por eso, el anuncio de Fátima Báñez de compatibilizar finalmente "pensión al 100% con ingresos adicionales al 100%" supone una gran noticia, porque hace que el legislador sea más consciente de la realidad. Por ello, entiendo que si se lleva finalmente a cabo será una gran noticia para todos.

LA CRUZ

Roberto Miño Reig
Coordinador del Área de Derecho del Trabajo Cremades & Calvo Sotelo

Días antes del nombramiento del nuevo Gobierno, la ministra Báñez confirmaba la noticia de que durante esta legislatura España haría compatible poder trabajar con recibir el 100% de la pensión por jubilación.

Más allá del debate político que merezca la medida y sin voluntad de restarle novedad a la decisión ministerial, cabe recordar que no estamos ante un debate jurídico nuevo. Con esta decisión España lo que hace es ponerse al día con las Recomendaciones comunitarias existentes en la UE antes de la entrada de nuestro país: la Recomendación del Consejo, de 10 de diciembre de 1982, relativa a los principios de una política comunitaria sobre la edad de jubilación advertía de que los pensionistas de jubilación no deberían ser excluidos de cualquier otra forma de actividad remunerada. 30 años más tarde, sería en el propio Congreso de los Diputados, bajo la presidencia de Zapatero, donde el 25 de enero de 2011, en el marco de los Pactos de Toledo, se aprobó la recomendación de introducir esquemas de mayor permeabilidad y convivencia entre percibir la pensión y percibir un salario por actividad laboral.

A pesar de ello, el camino que emprende la Ministra Báñez se enfrenta a una regulación contraria al mismo. La Ley General de Seguridad Social representa un fortín desmesurado de incompatibilidades que reduce en exceso la posibilidad, si quiera, de compatibilizar la pensión con alguna actividad puntual. Muestra objetiva del fracaso rotundo de nuestra actual regulación de incompatibilidades es el que nuestros jubilados no la consideran como una alternativa real. Lo pone de relieve el clamoroso dato del Instituto Nacional de Estadística, en el cual no llega al 2% el número de jubilados activos en España, situación que no ayuda al sostenimiento del sistema de pensiones y que, por tanto, legitima un cambio normativo.

El miedo histórico de nuestro legislador a romper el modelo actual trae causa en la vieja concepción de que una mayor apertura del régimen de incompatibilidades ataca el acceso al mercado laboral de los más jóvenes. Los años y la crisis nos han demostrado que este axioma no es correcto, al ser precisamente con este sistema con el que hemos batido todos los records de desempleo juvenil. Y es que este sistema, entre otras cosas, ha hecho que muchos pequeños empleadores autónomos cercanos a su jubilación que querían seguir con su actividad no lo hicieran por incentivar nuestro sistema precisamente lo contrario. Todo ello aderezado, posiblemente, por el mayor factor de riesgo de esta cuestión; la inseguridad jurídica. La ingente normativa sobre la materia, la falta de claridad regulatoria sobre la cuestión y las dudas y debate continuo sobre nuestro sistema sin duda han alentado a nuestros aspirantes a jubilados a abandonar la partida cuanto antes o en su caso a sumarse a la archiconocida economía sumergida.

Aunque solo el tiempo nos dirá, en su caso, cómo funciona el nuevo sistema y aún son muchas las lagunas por resolver (por ejemplo si se aplicará para todas las rentas), lo que parece claro a corto plazo es que ayudará al sostenimiento del sistema y también a que se regularice la posible economía sumergida generada durante todos estos años. Pero el que sin duda puede ser el efecto más importante de esta medida es la mayor capacidad adquisitiva de nuestros jubilados que supondrá un estímulo para el que ha demostrado ser el mayor agente de creación de empleo de nuestro país; el consumo.

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