Félix García de Pablos, Doctor en Derecho. Ponente del Tribunal Económico-Administrativo Central. Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y Pablo Toral Oropesa, Asociado Cremades & Calvo-Sotelo exponen sus puntos de vista sobre la reforma en el sector de la energía.
LA CARA
Jesús Félix García de Pablos.
Doctor en Derecho. Ponente del Tribunal Económico-Administrativo Central. Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid.
La Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, supuso el inicio del proceso de liberación progresiva del citado sector mediante la apertura de las redes a terceros, junto con el establecimiento de un mercado organizado de negociación de la energía, origen de la problemática referente a la reciente subida de la luz, motivada por el déficit de la tarifa eléctrica. La citada Ley estableció la retribución de la actividad de producción en base a la organización de un mercado mayorista, abandonando el principio de reconocimiento de costes, y regulando la actividad de comercialización de la energía eléctrica, permitiendo la libre contratación y elección de consumidores.
La nueva Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, pretende, no obstante, resolver equilibradamente la problemática derivada del excesivo incremento de determinadas partidas de costes por decisiones anteriores de política energética (las subvenciones a la renovables, fundamentalmente), sin que se garantizara un correlativo ingreso por parte del sistema eléctrico, lo que ha generado un déficit estructural del sistema de 10.000 millones de euros anuales (déficit de tarifa).
La reciente reforma tiene como finalidad básica establecer la regulación del sector eléctrico garantizando el suministro eléctrico y asegurando la sostenibilidad económica y financiera del sistema, al mismo tiempo que permitir un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico. Dicha sostenibilidad se garantizará, de manera que cualquier medida normativa que suponga un aumento de coste en el sistema eléctrico o una reducción de los ingresos, deberá ser compensada con una reducción de otras partidas de costes o con un incremento equivalente de los ingresos que asegure el equilibrio del sistema. Al mismo tiempo que, los desfases temporales que se produzcan en el futuro deberán ser financiados por todos los sujetos del sistema de liquidación en función de los derechos de cobro que generen, y no exclusivamente por los grandes operadores, como anteriormente, sin que los derechos de cobro correspondientes a déficit de ingresos puedan cederse al Fondos de Titulación del Déficit del sistema Eléctrico.
Por tanto, la nueva ley del sector eléctrico garantiza la sostenibilidad económica y financiera corresponsabilizando de la financiación a los consumidores eléctricos y evitando que el déficit de tarifa sea asumido por el presupuesto público, lo que afectaría gravemente al déficit público y dificultaría la salida de la actual crisis económica. Al mismo tiempo que se avanza en la liberalización del suministro y se garantiza la adecuada protección de los consumidores, y que tendrán acceso al suministro de energía en condiciones competitivas y con una calidad adecuada.
En definitiva, la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico resuelve el problema del déficit tarifario que amenazaba la viabilidad del sistema eléctrico, clarifica los regímenes retributivos en función de los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente, mediante la aplicación de criterios homogéneos en todo el territorio nacional, y facilita la integración en los mercados eléctricos europeos.
Por otra parte, establece un nuevo régimen atributivo de las energías renovables, cogeneración y residuos, que permita a dichas energías competir en régimen de igualdad con el resto de las tecnologías del mercado, garantizando un nivel mínimo que permita cubrir costes, previendo la posibilidad de retribuir específicamente para fomentar la producción a partir de fuentes de energía renovables en casos excepcionales.
Por último, la nueva ley regula el autoconsumo como fuente alternativa de generación de electricidad.. La citada ley 24/2013 garantiza, en definitiva, un desarrollo ordenado del sector eléctrico en España, compatible con la necesidad de garantizar la sostenibilidad técnica y económica del sistema en su conjunto, impulsando la competencia efectiva en el sector eléctrico, regulando las energías renovables, y garantizando el acceso a las redes y los derechos de los consumidores.
LA CRUZ
Pablo Toral Oropesa.
Asociado Cremades & Calvo-Sotelo.
Aunque el objetivo perseguido es loable y digno de elogio, la reforma energética emprendida por este Gobierno está siendo un calvario para los consumidores, empresas y domésticos y en su conjunto para todos los agentes intervinientes del sector. El Gobierno decidió coger el toro por los cuernos, intentando solucionar un problema ya sistémico, como es el Déficit de Tarifa y la insostenibilidad del sistema eléctrico. Es justo mencionar que ya en el rescate de la Banca española del pasado verano, en el llamado Memorando de Entendimiento junto con las exigencias a España en los objetivos de déficit, se exigió que el Gobierno español cumpliese con una serie de reformas estructurales, entre las que se encontraba “abordar de una forma exhaustiva el problema del déficit de tarifa eléctrica”. Luego podría decirse que el margen de maniobra en esta materia es estrecho; si se me permite la expresión este Gobierno tenía una pistola sobre la sien o el suelo se estaba acabando bajo sus pies.
Ahora bien, si conviene comentar los modos en que se ha hecho la reforma y, sobre todo, si jurídicamente sus medios y formas han sido las adecuadas. Para ello también es bueno que miremos de donde veníamos. Como dijo nuestro filósofo más universal, Ortega y Gasset, el pasado no nos dirá lo que debemos de hacer pero si que debemos evitar. Parece que potenciar las fuentes autóctonas en una isla energética como España era necesario y exigible, pero no a cualquier precio, ni de un modo enloquecido ni a costa de los bolsillos del consumidor. A su vez las empresas de régimen especial se escudan en que las eléctricas tradicionales son responsables del desfase por el dinero que reciben por su red de distribución y por los windfall profits que en su día recibieron. Nadie parece ahora dispuesto a entonar el mea culpa.
Otros problemas han sido: el empleo de la tarifa eléctrica como un instrumento electoralista por los Gobiernos sucesivos e incluir en la misma elementos regulados que nada tienen que ver con el consumo o la falta de efectiva competencia en el sector que ha propiciado un oligopolio eléctrico. Podríamos detenernos en esta discusión bizantina o en otras, como si ciertos agentes del sector han sido más perjudicados en la reforma que otros y no acabar…
Centrándonos en la Reforma, ésta presenta lagunas preocupantes, apenas impulsa el autoconsumo ni fomenta la conexión con los países vecinos, lo que deja sumida a España con el lastre de ser una isla energética sine die, ni tampoco, como dijo la CNC, resuelve errores del pasado como el carácter oligopolístico del sistema eléctrico español.
Pero lo más grave han sido ciertos episodios: como los referidos a las renovables, sobre todo, el modo de adjudicar a Boston y Roland Berger la fijación del régimen retributivo y lo que se está tardando en concretarlo. No es de recibo que las empresas de régimen especial no hayan podido cerrar aún su ejercicio contable del año 2013. Tampoco es de recibo que el Ministerio de Hacienda asuma la cantidad de de 3.600 millones de € para secundar la Reforma y que meses después no haya nada de lo prometido. Hecho censurable que alarma a los mercados y los inversores, como se vio en la Subasta Cesur del 19 de diciembre y que hace disminuir ciertamente la confianza en lo que algunos llaman la “marca España”. Lo ocurrido en la subasta eléctrica no deja en parte de ser consecuencia de los vaivenes regulatorios del Gobierno y posteriormente, el parche de fijar los precios finales de la energía por Decreto ley, no es sino hacerse el sueco y dejar postergado, indefinidamente, el problema.
La Reforma no ha sabido ser bien explicada por el Gobierno, entre otras cosas por los cambios de timón constantes que se han producido. Tampoco ayuda que el principal partido de la oposición, el PSOE, diga que en cuanto llegué al Gobierno derribará la Reforma. El Riesgo Regulatorio en el que está sumido el sector resulta insoportable y, como reconoce el propio Consejo de Estado, genera “una elevada litigiosidad, y produce un efecto desincentivador de las inversiones” En esta línea, se están formulando estos meses un buen puñado de demandas internacionales de arbitraje contra el país, sobre todo en materia de inversores en renovables, en organismos como el CIADI. Si añadimos que la dependencia energética de España se sitúa en el 70,8%, muy por encima de la media de la Unión Europea (53,8%), según los últimos datos publicados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la consecuente necesidad de atraer inversiones al país, hacen que el panorama resulte desolador. Parece urgente una mejor gobernanza y se echa de menos un Pacto de Estado en esta materia y pido perdón por soñar con los ojos abiertos.
Para no acabar excesivamente sombrío, el Gobierno ha tenido reflejos en el Mercado Gas al subir los precios y no permitir que se generase un nuevo déficit. Como dijo Shakespeare: una chispa puede causar un incendio; esa chispa que no se supo o no se pudo evitar en el sistema eléctrico y que un infausto día fue generando el caos en el que ahora estamos sumidos.
