Navas & Cusí: “Es evidente que el plan de pago a proveedores es incompatible con la normativa comunitaria” Ya existe una primera sentencia que declara nula la renuncia a los intereses de demora La cifra puede rondar los 4.000 millones de euros
los proveedores de las administraciones públicas se están lanzando a reclamar judicialmente los intereses de demora. El plan de pago a proveedores establecía la renuncia expresa a dichos intereses.
Sin embargo la directiva 2011/7/UE establece expresamente que las administraciones públicas no pueden forzar a renunciar a los intereses de demora cuando lleguen a un acuerdo con sus proveedores. "La directiva es clara y específica: no existe esa posibilidad legal; por lo tanto, la renuncia a los intereses de demora es además de abusiva, nula e ilegal", señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí.
Ya existe una primera sentencia firme en este sentido. Se trata de una sentencia del juzgado nº 6 de lo contencioso-administrativo de Valencia del pasado 24 de noviembre que declara la exclusión de intereses de demora como "una práctica nula" dando la razón al Colegio de Farmacéuticos de Valencia.
"Lo curioso es que la Ley 17/14 de 30 de septiembre de medidas urgentes en refinanciación y reestructuración de deuda comercial declara nulas las cláusulas que excluyan la demora y los costes de cobro, pero no corrige el art. 9.2 del RDL 4/12 de 24 de febrero (plan de pago a proveedores) que establece dicha excepción", explica Navas.
Además, ante la incoherencia entre la exclusión del plan de pago a proveedores y la imposibilidad de exclusión de la ley española y la directiva, el juzgado nº 6 de lo contencioso-administrativo de Murcia ha planteado al Tribunal de Luxemburgo una prejudicial para que aclare si el RDL es contrario a la directiva comunitaria.
Impacto de 4.000 millones
El primer plan de pago a proveedores (2012) rondó los 35.000 millones de euros mientras que el segundo (2013), unos 20.000. No obstante, la cifra podría elevarse porque el plazo de prescripción es de cuatro años. Además, las administraciones siguen casi triplicando el plazo de pago establecido por la legislación.
De momento, las CCAA han abonado 5.919.154 facturas a 67.129 proveedores mientras que los Ayuntamientos han pagado 2.097.357 facturas a 123.733 proveedores. Teniendo en cuenta que el tipo de interés de demora para operaciones comerciales publicado en el BOE para este primer semestre de 2015 se sitúa en 8,05%, el impacto para las administraciones públicas puede alcanzar los 4.000 millones de euros. ¿Cuáles son los sectores más afectados? "Farmacias, farmacéuticas y construcción", explica Navas.
"Ya se están produciendo reclamaciones y lo que prevemos es una verdadera cascada de reproches judiciales. Y además relativamente rápidos porque el procedimiento es sencillo y el asunto está muy claro: la directiva impide que las administraciones excluyan los intereses de demora", concluye el socio-director de Navas & Cusí.
