La evolución de la economía moderna muestra cada vez más a las claras que el entorno competitivo en el que las empresas desarrollan su actividad requiere que éstas sean capaces de definir con el mayor esmero posible el contexto jurídico-fiscal al que habrán de enfrentarse, en aras de no ver mermada su eficiencia en un mercado dinámico.
En este sentido, la función de un correcto asesoramiento fiscal no ha de ser otra que la de realizar una planificación preventiva capaz de erradicar posibles futuras contingencias que lastren, en forma de costes tributarios imprevistos, la marcha económica de las sociedades mercantiles. Por ello, corresponde a la ordenada gestión empresarial invertir en asesoramiento fiscal con el fin de garantizar la necesaria seguridad jurídica en el marco de la actividad de la empresa y, al mismo tiempo, definir la estructura organizativa que minimice, dentro de los propios límites establecidos en la ley, la carga tributaria a que la mercantil deberá hacer frente. Este es el fundamento de la "economía de opción", término cada vez más empleado para referirse a la habilidad de la gestión empresarial para introducir las cargas fiscales en su función de costes productivos y tratar de optimizar dicha función dentro del marco legal preestablecido. Como es evidente, la eficiente minimización de las susodichas cargas fiscales tiende a aportar a la empresa una ventaja comparativa respecto a su competencia.
En consecuencia, el gasto en asesoramiento tributario no debe ser entendido como un coste para el empresario sino más bien como una auténtica inversión, toda vez que aumenta la eficiencia financiera de la propia empresa, mejorando su estructura de costes.
El correcto asesoramiento tributario comprende, en primer lugar, la clarificación del marco jurídico-tributario en que la mercantil desarrolla su función empresarial; definido el mismo, corresponde trazar la estrategia que potencie las oportunidades fiscales establecidas por la ley, detectando las opciones de abaratamiento de la carga tributaria de las que pueda beneficiarse la empresa. Esta segunda fase se llevará a cabo, consecuentemente, en una labor conjunta entre la asesoría fiscal y la propia dirección empresarial. Corresponde, igualmente, a esta operativa detectar los posibles riesgos fiscales por los que la empresa pueda hallarse transitando y, del mismo modo, definir la estrategia empresarial que minimice los mismos.
Ante un entorno pautado, claro y bien definido, en lo que al marco jurídico-tributario respecta, la empresa puede desarrollar su actividad con suficientes niveles de seguridad, lo que, en definitiva, tiene como efecto directo la disminución de las posibles contingencias que pudieran surgir en relación al propio ejercicio de su actividad mercantil. Tal descenso observable del nivel de riesgos se traduce en un correlativo descenso de los costes empresariales, lo que a su vez deviene en un destacable aumento de la eficiencia empresarial.
Puede, así, concluirse que la inversión de las pequeñas y medianas empresas en asesoramiento fiscal, lejos de ser un gasto prescindible, se muestra en la actualidad como una inversión necesaria para adaptarse al empuje competitivo del mercado y que debería, por ello, integrarse con naturalidad dentro de los elementos esenciales de la propia organización empresarial.
