España tiene los tipos legales de los principales impuestos iguales o superiores a la media de la UE, pero el efecto de las exenciones, deducciones, tipos especiales y fraude fiscal genera una recaudación baja.
Aunque la Comisión de Expertos para la reforma del sistema tributario nombrada por el Gobierno concluye que la ratio de ingresos públicos sobre PIB se ha reducido sustancialmente en España durante la crisis, situándose entre las más bajas de la Unión Europea, abogando por la subida del IVA y la Comisión Europea insiste en que la consolidación española pasa por bajar las cotizaciones sociales y aumentar el IVA, el Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha insistido, como ha hecho Montoro en varias ocasiones, que el encuadre del IVA está hecho ya hace tiempo y que desde el Gobierno no se prevé modificar los tipos.
El Ejecutivo comunitario ha pedido desde Bruselas a España que abarate las cotizaciones sociales de los trabajadores y compense esa bajada de ingresos públicos con un aumento del IVA, concretamente elevando los artículos que tienen un IVA reducido al tipo general. Ante ello, unido a que la Comisión de Expertos de la reforma del sistema tributario dedicó en su informe amplio espacio a la conveniencia de subir el IVA, el Ministro de Economía y Competitividad ha insistido en que dicho impuesto no se va a modificar porque ya se hizo un gran ajuste en verano de 2012, que lo llevó al nivel impositivo que requería Europa.
Para la Comisión de Expertos de la reforma del sistema tributario, cuyas conclusiones, tamizadas por los objetivos políticos y económicos del Gobierno, llegarán a las Cortes Generales previsiblemente en junio para que la reforma fiscal esté vigente en 2015, la reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) constituye una pieza fundamental en la reforma del sistema tributario español, y se apoya en varias recomendaciones de organismos internacionales que han aconsejado a España subir el IVA:
- El Consejo de la Unión Europea ha sugerido explorar la posibilidad de limitar la aplicación del tipo reducido de IVA.
- En la misma dirección se pronunció la Comisión Europea en su valoración del Programa de Estabilidad y Programa Nacional de Reformas de España de 2013, señalando, a modo de ejemplo, algunos bienes y servicios, tales como los alimentos, los ligados a la salud y algunos servicios turísticos, que podrían pasar a ser gravados por el tipo general.
- &Del mismo modo, el Fondo Monetario Internacional sugirió en julio de 2013 que se podrían aumentar los ingresos públicos a través de la imposición indirecta, a partir de un incremento del número de productos que tributan al tipo general.
- Por su parte, la OCDE, en su informe sobre la economía española de 2012, recomendó, por lo que se refiere al IVA, aplicar el tipo general a un número mayor de bienes y servicios y considerar la utilización de los ingresos adicionales derivados de ésta y otras medidas para reducir las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, reducción que podría localizarse en las cotizaciones correspondientes a los trabajadores de menores salarios.
La Comisión de Expertos, cuyo informe valoró el Consejo de Ministros el 14 de marzo, razona que se encuentran, pues, con cuatro tipos de recomendaciones para la reforma del sistema tributario que afectan especialmente a la reforma del IVA:
- La necesidad imperiosa y urgente de reducir el déficit público mediante una consolidación presupuestaria duradera.
- La necesidad de cambiar la estructura de los ingresos públicos aumentando el peso relativo del IVA y de los tributos medioambientales en el conjunto de tales ingresos.
- La necesidad de disminuir sustancialmente el número de bienes y servicios gravados hoy en el IVA con tipos reducidos o superreducidos, aumentando paralelamente el número de los gravados al tipo general.
- La idea de que podría utilizarse un aumento de la recaudación del IVA para reducir las cotizaciones sociales a cargo de las empresas y que correspondiesen a los asalariados de más baja retribución; idea que se conoce como devaluación fiscal.
Además, conforme a los resultados del informe, España se caracteriza por mantener unos tipos legales de los principales impuestos (IVA, IRPF, Sociedades) iguales o superiores a la media de la UE, pero el efecto de las exenciones, deducciones y tipos especiales más reducidos, además probablemente -sugiere el documento- de la ocultación fiscal, genera unas mermas de recaudación muy elevadas y unas fuertes distorsiones sobre la eficiencia y la equidad claramente perceptibles.
Complicación fiscal española según la encuesta de la Fundación Impuestos y Competitividad
Para las grandes empresas españolas, y según los resultados de la primera encuesta realizada por la Fundación Impuestos y Competitividad (formada por Baker & McKenzie, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Deloitte Abogados, Ersnt & Young Abogados, J&A Garrigues, S.L., KPMG Abogados, PwC Tax & Legal Services y Uría Menendez), hay muy poca estabilidad en las normas tributarias.
Piden mayor clarificación y simplificación de dichas normas y demandan a la Administración mejor disposición y apertura al diálogo, tanto en lo relativo a la elaboración de las nuevas normas como en su consiguiente aplicación práctica.
Concretamente, se muestran satisfechas con el sistema fiscal español (52%), al que conceden una nota media del 6,63 (sobre 10), considerando que las tres figuras tributarias más gravosas -en términos de cuota, gestión, conflictividad y riesgo fiscal- son, por este orden:
- El Impuesto de Sociedades
- El IVA
- Las retenciones a cuenta
Un 94,44% de las empresas encuestadas creen en que es necesaria la simplificación y clarificación de las normas tributarias. En su opinión (78%) hay poca o ninguna estabilidad en dichas normas y ello entorpece bastante o mucho las decisiones de inversión de las empresas (73%).
Las grandes empresas españolas, como pone de manifiesto el estudio, se sienten perjudicadas por la economía sumergida, a la que consideran nociva. El 95% considera que hay bastante o mucha economía sumergida y que esta realidad, no suficientemente superada, incrementa bastante o mucho la presión o la carga fiscal sobre los contribuyentes.
Dinámica de la Administración Tributaria
Las empresas encuestadas por la Fundación Impuestos y Competitividad coinciden en calificar como ‘relevante' el incumplimiento de los plazos en expedientes tributarios, tanto en los procedimientos en la vía económico-administrativa como en la vía jurisdiccional (por encima del 70% consideran que hay poco o ningún cumplimiento)
La misma calificación le dan a la falta de motivación de los actos (poca o ninguna) dictados en procedimientos de "comprobación limitada y gestión en general" (54%) "expedientes sancionadores"(54%) y "resoluciones de recursos de reposición"(63%).
Las empresas entienden poco o nada útiles el recurso de reposición (76,92%) y la vía económica administrativa (52,3%); así como la doble instancia en esta última vía (77,2%). Y estiman (por encima del 70%) que en pocos o ningún caso los tribunales económico-administrativos revocan los actos administrativos impugnados.
