El domingo 6 de enero de 2013 (festividad de la Epifanía o de los Reyes Magos), los bancos recibieron un buen regalo del Comité de Basilea, que celebraron con subidas en sus cotizaciones y con un respiro en su estresada agenda de los últimos años. Consistía en el aplazamiento en el calendario de implantación de los requisitos de liquidez.
El marco regulatorio internacional del sector bancario que desarrolla el Banco Internacional de Pagos (BIS), con sede en Basilea, atiende a la formalización de unos requisitos de solvencia, apalancamiento y liquidez que garanticen el buen desarrollo de la actividad financiera y la consecuente estabilidad del sistema económico. Este marco normativo se conoce actualmente como "Basilea III" y vio la luz en septiembre de 2010 (en vigor desde el 1 de enero de 2013); al objeto de reemplazar al anterior "Basilea II" (que se mostró insuficiente para prevenir la crisis financiera) y que, a su vez, sustituyó a la primera regulación "Basilea I" nacida en el año 1988.
Garantizar la liquidez de los bancos en situaciones de crisis es imprescindible. Así los bancos deben mantener en sus balances activos los suficientemente líquidos o fáciles de vender como para cubrir sus necesidades durante un plazo de 30 días aunque tuviesen cerrado al acceso a formas de refinanciación.
Estos activos líquidos de elevada calidad son la tesorería de la entidad, sus reservas en bancos centrales y los bonos representativos de deuda pública de gobiernos, comunidades autónomas, agencias, bancos centrales…
Los requisitos de liquidez entrarán en vigor el 1 de enero de 2015, como estaba prevista, pero las entidades sólo deberán cumplir en esa fecha el 60% de las exigencias iniciales y, progresivamente, las incrementarán con un 10% anual hasta completarlas en 2019.
Así, la reforma de Basilea III se puede resumir cronológicamente del siguiente modo:
- En 2013, comienza el progresivo incremento de los niveles de capital.
- En 2015, la ratio de solvencia core capital (o common equity según la denominación de Basilea III) deberá alcanzar el 4,5% (frente al 2% que estableció "Basilea II"). Esta ratio es el cociente entre los recursos propios básicos (capital y reservas) dividido por el valor de las deudas a las que hace frente la entidad en sus operaciones (los activos ponderados por su riesgo). Si al numerador anterior se le añaden las participaciones preferentes se obtiene la ratio Tier 1, que la regulación establece para esa fecha de 2015 en el 6,5%. Consecuentemente, el capital regulatorio, que está formado por la Tier 1 más la Tier 2 (compuesta ésta por otros elementos patrimoniales que absorben pérdidas sólo cuando la entidad no es viable) debe alcanzar la conocida ratio de solvencia del 8%. En 2015 se implantará la ratio de liquidez antes indicada.
- En 2016 comenzará la dotación de "colchones anticíclicos" de capital que amortigüen las crisis financieras, como consiguió en el primer embate de la crisis el fondo anticíclico con el que contaba -casi como pionera- la banca española desde el año 2000. El porcentaje es el 2,5% del valor de los activos.
- En 2018 se implantará la ratio de apalancamiento (se acordará su diseño final en 2017) así como la ratio de liquidez estructural tras su diseño definitivo.
- En 2019 las entidades tendrán que cumplir completamente la nueva regulación.
Estos niveles exigidos son de mínimos pues, en la práctica, los inversores y mercados demandan que el nivel de ratio core tier I se encuentre en torno al 10% cuando se trata de bancos relevantes con una exposición grande a los mercados.
El cambio de calendario en liquidez supone un relativo alivio para las entidades financieras, si bien muchos de ellos han cumplido sus deberes por encima de lo exigido y antes de que entrase en vigor el calendario. Y es que ello se debe a la tensión de los mercados y a la aversión al riesgo de los inversores. Poder exhibir la fortaleza adecuada es imprescindible, especialmente para las principales entidades.
Ante la sequía del préstamo al sector privado (puesto que el sector público está gozando del favor de los bancos que compran los bonos que financian su continuo y creciente endeudamiento) la medida puede ayudar a mejorar el flujo financiero del que tan necesitados están empresas y familias. Es precisamente este cauce prácticamente seco de los caudales financieros lo que ha provocado y agudizado la crisis económica en el sector real de la economía.
Por tanto, está muy bien exigir a los bancos los parámetros de solvencia adecuados con el ánimo de evitar o mitigar posibles crisis del futuro, pero es cierto que una asfixia regulatoria retrae mucho su actividad. La solvencia no puede ser a cualquier precio, pues los bancos, puestos a elegir entre: a) los prestatarios particulares con situación laboral incierta y con la escasa garantía de sus activos inmobiliarios devaluados (los ciudadanos) y b) la nutriente rentabilidad de la deuda pública emitida, nada menos que con la garantía del Estado, se orientan más hacia la opción "b".
Si este actual efecto expulsión de la deuda pública sobre el crédito al sector privado continúa, la competencia por la financiación entre empresas y administraciones se convierte en una pugna desigual. Consecuentemente, las empresas no obtienen la financiación necesaria y sin apalancamiento -que es la esencia de la actividad empresarial- no hay crecimiento, sin él no hay creación de empleo y sin empleo caen las cotizaciones de la Seguridad Social, cae la recaudación de impuestos, las familias consumen menos, arriesgan menos y postergan sus decisiones de inversión…
Cierto es que la necesidad puede agudizar el ingenio de las empresas para nutrirse de otras fuentes: ampliaciones de capital: capital-riesgo, etc. pero no todas las empresas y pequeños negocios pueden llegar a ello y, desde luego, ninguna familia puede realizar una ampliación de capital entre sus vecinos y conocidos para sufragar la compra de una vivienda. Por tanto, bienvenido sea el aplazamiento si ciertamente se traduce en la pronta mejora del crédito al sector privado.
