La sociedad española está afrontando importantes reformas estructurales en los últimos meses. Las más citadas son la reforma laboral y la del sistema financiero. La primera ya se ha aprobado y la segunda se está ejecutando con cierta lentitud.
Las dos reformas tienen un mismo patrón. La necesidad de cambiar de manera sustancial la actual situación, porque algunas cosas no funcionan. Las causas de estas reformas son los casi seis millones de desempleados y un sistema financiero con un cincuenta por ciento en situación de insolvencia.
En mi opinión, no hay discusión alguna en el hecho que se deben tomar medidas urgentes para corregir el desplome económico y financiero actual, aunque cada uno tiene su propia receta para estabilizar la situación. Existe un consenso generalizado en que la deuda privada es uno de los problemas más importantes de la economía y que por tanto las familias y empresas necesitan un largo periodo de desendeudamiento. Este volumen de deuda es incomparable con cualquier otra etapa anterior. La situación es sin duda excepcional.
Asimismo, si al desendeudamiento de las familias, sumamos el de las empresas, administraciones públicas y bancos, es lógico pensar que los próximos dos años pueden ser complicados para todos y sufriremos graves dificultades para devolver la deuda contraída.
Esta situación difícil de administrar no implica que nos quedemos con los brazos cruzados esperando un cambio de rumbo sin tomar decisiones. Las medidas estructurales que se están llevando a cabo son explicadas por el gobierno como soluciones a medio y largo plazo, ya que a corto provocarán más desempleo (800.000 personas más en 2012 y 2013). Pero aún así, la mayoría confía en que las reformas estructurales son necesarias para cambiar las cosas.
Pues bien, existe una reforma estructural que últimamente comienza a tomar fuerza y que llevamos reclamando desde el inicio de la crisis. Se trata de la reforma de la ley concursal y creación de un procedimiento extrajudicial para personas físicas insolventes.
Lor términos como "insolvencia", "quitas", "moratorias", "esperas", últimamente están en boca de todos. Tenemos como ejemplos, las quitas aceptadas por los acreedores a Grecia, o las quitas que los Ayuntamientos van a obligar a sus acreedores en España.
Estos conceptos concursales están siendo utilizados de manera habitual por todo tipo de personas. La "cultura concursal" comienza a arraigar en la vida cotidiana de los españoles. Incluso los mismos bancos han asumido estos conceptos a la fuerza, ya que hace cuatro años, los directores de las entidades financieras desconocían lo que era un concurso de acreedores.
¿Por qué Grecia y los Ayuntamientos españoles solicitan quitas a sus acreedores? Porque la novación de las condiciones pactadas para devolver la deuda, no son suficientes para que sea viable a largo plazo el pago de la misma, ante la incapacidad de generar crecimiento o ingresos suficientes.
Grecia y los Ayuntamientos españoles han realizado un Plan de pagos o plan de viaiblidad basado en la caja que generarán en los próximos años y han concluido que sin quitas, la deuda es imposible de devolver.
Una empresa cuando suspende pagos y comienza una reestructuración, sus acreedores son conscientes que si no apoyan la reestructuración de la empresa, ésta acabará en liquidación y por tanto realizando todos los bienes de la misma con su extinción final. Los países y los Ayuntamientos no se extinguen. Pueden suspender pagos, pero ahí siguen.
A los emprendedores y familias españolas no las podemos extinguir, siguen ahí, con deudas impagables, pero no las podemos liquidar hasta su propia desaparición. En cierto modo son como Grecia y los Ayuntamientos, entes que no desaparecen.
¿Hemos visto por parte de las familias y los emprendedores una solicitud masiva de quitas de sus deudas? No. Las familias, y emprendedores que avalaron su empresa con todo su patrimonio, están siendo embargados y ejecutados masivamente por una deuda que sin una quita o reestructuración, jamás será pagada.
Gobierno y expertos pretenden dar confianza a los emprendedores y a las familias para que los primeros cambien su modelo económico con el fin de internacionalizase y comiencen a crear puestos de trabajo y las segundas, que aumenten su consumo doméstico para estimular el crecimiento económico. Imposible en la situación actual. Veamos.
El 90 % de las empresas españolas son micro (autónomos) o pequeñas empresas y son las que más han padecido la deriva de la crisis. El cierre de cientos de miles de empresas, comercios y autónomos han provocado una grave consecuencia que nadie denuncia. Esos cierres han llevado a la quiebra a esos empresarios o emprendedores. Esa suspensión de pagos ha significado la liquidación de todos los bienes de la familia emprendedora. Esos empresarios han sido aniquilados civilmente y con ellos no podemos contar para crecer en los próximos años. A ellos ya no les quedan fuerzas para comenzar de nuevo, porque no les han otorgado una segunda oportunidad.
La reforma laboral y las medidas de austeridad traen consigo una disminución de los salarios generalizada y esta reducción de los ingresos pone a las familias al borde de la insolvencia inminente.
La regulación actual de la insolvencia en España solamente es adecuada para un tipo de familias determinadas. No todas las familias pueden acogerse a la ley concursal actual con garantías de éxito. Esta deficiente regulación de la insolvencia provoca que graves tensiones de liquidez coyunturales de las familias que acaban convirtiéndose en insolvencias definitivas.
El deudor al ver con impotencia que no dispone de un un procedimiento al que pueda acogerse para equilibrar su situación financiera, desiste de manera abrupta y anticipada a seguir batallando contra el peso de la deuda. Este abandono prematuro provoca la insolvencia definitiva del deudor y lo que en un momento parecía una situación administrable y viable con la aplicación de algunas medidas correctoras, se convierte en un crédito fallido incobrable para siempre.
La actual normativa concursal para personas físicas y emprendedores con actividad económica tiene como consecuencia un aumento de la morosidad en las entidades financieras. La gestión de la morosidad actual no se puede tratar con unas herramientas(actual ley concursal e hipotecaria) totalmente obsoletas, ya que no dan una respuesta útil a la situación actual.
No hay soluciones milagrosas, pero ha quedado demostrado durante casi cinco años de crisis, que la gestión actual de la morosidad y la elevada deuda de empresas y familias no es la adecuada. Y hemos llegado a la conclusión que cuando algo no funciona de manera evidente, es recomendable cambiarlo, como ha ocurrido con la reforma laboral.
Por tanto, la solución pasa por la modificación de algunos artículos de la ley concursal, entre ellos la introducción de la exoneración o extinción de deudas, una vez liquidado todos los bienes del deudor, cuando el plan de pagos no es viable.
Se trata de otorgar una "segunda oportunidad" y facilitar un "nuevo comienzo" al deudor de buena fe, con el fin de rehabilitarlo y que vuelva al circuito económico.
Cuando un deudor solicita concurso de acreedores, lo hace con la firme decisión de solucionar sus problemas financieros, reconocer errores e intentar reestructurar su deuda para poder cumplir con sus obligaciones exigibles. Lo más fácil para el deudor sin ánimo de cumplir, sería no pagar a nadie y no presentar concurso, así evitaría que su nombre apareciese en el boe como persona insolvente y evitaría que un "extraño" fiscalizase sus cuentas y su vida.
El deudor que presenta concurso de acreedores demuestra una enorme valentía y una firme voluntad de solucionar sus problemas financieros, pero de manera ordenada y con control judicial. Ese es el camino. Aplaudir a las familias y emprendedores que buscan solucionar sus dificultades en el juzgado y no cierran de manera desordenada. El desorden actual es caos y tendrá graves consecuencias.
Existen voces en contra de la regulación del sobreendeudamiento de personas naturales mediante la introducción de la exoneración o liberación de deudas, ya que consideran que provocaría una restricción del crédito. No puedo estar más en desacuerdo con esta afirmación.
Existen numerosos estudios en los que se demuestra que, estados y países con una normativa de insolvencia que incluye la liberación de deudas y la segunda oportunidad, disponen de un porcentaje más elevado de emprendedores y su economía es mucho más dinámica que en los países sin ese mecanismo jurídico. Ejemplos de estos países son Alemania, Francia, Reino Unido, EEUU e Italia, entre otros.
Por otro lado, la situación actual es de ausencia total de crédito y una de sus causas es que la demanda no es solvente. No hay familias y empresas solventes a las que conceder crédito. La mayoría está en un proceso largo de desapalancamiento o en la insolvencia definitiva. Y muchos de esos insolventes eran nuestros emprendedores, que ya no volverán a crear riqueza, ya que deambularán por la economía sumergida y el impago de impuestos sistemático.
Al comenzar el artículo, he mencionado que nuestra cultura concursal va en aumento. Ya sabemos lo que significa la palabra "quita" y la "espera", porque ya forman parte de nuestro día a día. La insolvencia no es exclusivo de las personas excluidas y sin recursos. La insolvencia en España ya afecta a abogados, médicos, periodistas, ingenieros e incluso a banqueros, sí banqueros. La insolvencia es generalizada.
Administrar la insolvencia es nuestra obligación y es una reforma estructural necesaria y urgente. Ya no la podemos demorar más. Cada día se arruinan cientos de familias y emprendedores que deberíamos rehabilitar por el bien de todos. Si salimos de ésta, es porque lo haremos con solidaridad y esfuerzo colectivo. El gobierno es consciente que no debe retrasar lo inevitable, por eso en su programa contemplaba la "segunda oportunidad" y estoy convencido que no dejará desaprovechar la oportunidad de unir fuerzas y entre todos salir lo antes posible de la actual depresión.
