Tras el largo periodo alcista que el precio de la luz ha atravesado en los últimos años, y con el objetivo de impulsar el mercado ibérico del gas (Mibgas) creado en 2015 en el que a principios del año pasado se realizaban sólo el 5% de las operaciones sobre el gas, el Ministerio de Energía decidió crear la figura de “Market Maker”.
Esta figura consiste en un operador internacional, siendo en el caso de España Gas Natural en un 80% y Endesa en un 20%, al que le obligan a comprar y vender gas en el mercado ( cuyo operador es la empresa Mibgas) ejerciendo como creadores de mercado para evitar subidas en su precio por falta de liquidez.
Para conseguir el mismo objetivo, en Octubre de 2017 se aprueba el Real Decreto 903/2017 en el que se desarrollan adaptaciones en la estructura orgánica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Con este Real Decreto el Ministerio pasa a asumir funciones que correspondían a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como son la inspección, liquidación y supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones.
Ante esta medida, y tras la negativa del Ministerio de Energía al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle tales funciones, la CNMC presentó ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto que ha sido admitido a trámite. En concreto la CNMC reclama las siguientes funciones arrebatadas:
En el trasfondo de esta pugna por las competencias está la determinación de la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos que suponen unos 7.000 millones del total de los 19.000 millones que representan los costes regulados del sistema eléctrico. Precisamente en este tema, tras la apertura por la Unión Europea de un proceso sancionador a España, el gobierno ha planteado a Bruselas un modelo análogo al de otros países como Francia, en el que la CNMC fijaría los peajes aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.
Como conclusión, aún está pendiente de resolución el requerimiento impuesto por la CNMC ante el Tribunal Supremo tras el cuál se resolverá qué organismo asumirá cada función. Adicionalmente, se toma otra medida para proteger al consumidor de esta volatilidad en los precios; el Real Decreto 897/2017 que regula la figura del consumidor vulnerable y el bono social. No obstante, el ministro de Energía calcula que solo un 45% de los hogares potenciales beneficiarios lo solicitarán conllevando un coste aproximado de 236 millones de euros anuales.
