Desde que en 2010 se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de modo directo, la crítica a tal decisión -discutible, como todas- se ha decantado, en nuestra opinión, por dos vías principales: judicialmente, por la escasez de procedimientos que, al parecer, se siguen y, legislativamente, tratando de contener la responsabilidad mediante decisiones posteriores incorporadas al CP ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) .
Pues bien, la denominada función de "compliance", consistente en adoptar medidas de prevención y control empresarial que minimicen la comisión de delitos, se ha erigido como el mecanismo principal que sirve a este objetivo.
En dicha línea, el "rol" del responsable de dicha actividad, el compliance officer y, dando un paso más, de su posible responsabilidad penal, constituye una cuestión de gran importancia a la que dedicamos la presente colaboración.
