El término no es nuestro. Lo tomamos prestado del brillante y a la vez impresionante libro de Ivan Jablonka Laëtitia o el fin de los hombres, que ha merecido no sólo el aplauso de la crítica sino el merecimiento que otorgan prestigiosos premios en el país galo.
En él se analiza desde el punto de vista personal de la víctima -a través de sus padres, padres de acogida, hermana y amigas-, pero también desde la perspectiva político penal y penitenciaria, el terrible asesinato y descuartizamiento de una chica de 18 años que empezaba a vivir. En uno de sus capítulos, el autor concluye que si una sociedad armónica y justa responde a lo horrendo de forma unánime, reforzando sus ideales; una sociedad sometida al Ciminipopulismo se desgaja, se divide, se rompe internamente en la búsqueda de los culpables, no sólo materiales, sino también indirectos, que han podido causar el hecho horrendo que la sacude. Vivimos en una sociedad plenamente sometida a este término. Sin embargo, más allá todo lo malo que ello en sí mismo supone, más grave aún es observar cómo ciertos grupos profesionales de diversa índole se aprovechan de la situación para justificar su buen hacer.
Así, tras la luctuosa última muerte llevada a cabo, presuntamente, por un delincuente excarcelado y por lo tanto, presumiblemente, reincidente, la misma aparición en los medios de comunicación de profesionales ligados a los Juzgados de Vigilancia que, tangencialmente conocedores de la realidad penitenciaria, opinan y dicen aquello que el público quiere oír, sea verdad o no, en un estado de shock emocional legítimo y lógico. Dada su recalcitrante manifestación periódica, podríamos pensar que se trata de un algoritmo dispuesto para alimentar la animadversión hacia el sistema penitenciario, y por ende al sistema judicial que nos tutela, a través de los afortunadamente escasos casos, sin restar un ápice el desvalor de las conductas llevadas a cabo, de ciertos delincuentes reincidentes en delitos graves.
Es legítimo y lógico el sentimiento de indefensión, que amplificada por los medios de comunicación, embarga el ánimo de los ciudadanos, acostumbrados como estamos en esta sociedad del bienestar a encontrar un responsable de cualquier hecho o circunstancia que no ha funcionado como debía. Partiendo de esta premisa resulta fácil sentar cátedra sobre algo que no nos atañe directamente relativo a un resultado indeseado. Sin embargo, no lo es tanto que estos profesionales, arrogándose una potestad, que deja en entredicho estudios valorativos sobre sus afirmaciones y calidad, aprovechan estos momentos de debilidad social para presentarse como bálsamo y solución pseudo-milagrosa ante estos acontecimientos. Pues arrogándose un grado de efectividad en su capacidad para predecir la peligrosidad social de los delincuentes excarcelados del 98%, no reparan en asegurar asimismo que su capacidad es todopoderosa, minusvalorando la capacidad de los profesionales penitenciarios que llevando a cabo similar labor puede ser incluso mayor. Estos profesionales que ejercen su labor únicamente en dos provincias españolas -Asturias y Madrid- no ponen ante el ojo público los resultados de su 2% de error. Y ello sin tener en cuenta los casos que como falsos positivos constituyen una injusticia para aquellos internos que catalogados como tales ven mermadas sus posibilidades de reinserción sin que vuelvan a reincidir una vez puestos en libertad. ¿Alguien se ha puesto a medir el grado de efectividad en las provincias donde operan frente a donde no lo hacen? Si resulta que el grado de efectividad es idéntico o incluso superior estamos hablando de un servicio inútil, duplicando lo ya existente y válido.
La desvaloración de los profesionales penitenciarios llega al punto de afirmar que no llevamos a cabo tratamiento terapéutico alguno y que nuestra opinión expresada en el voto emitido ante las juntas de tratamiento está basada únicamente en los datos obrantes en el expediente del interno y no en su conocimiento personal y en la constatación de su evolución. Esto, que puede suceder en la realidad, es tan injusto como decir que, teniendo en cuenta los informes de estos profesionales a los que hemos tenido acceso, se trata de informes realizados ad hoc, con un resultado ya predeterminado y consensuado con carácter previo a la entrevista que realizan con el interno, que, por otra parte, suele ser única. Esto es, informes cocinados. Es humano el sentimiento de ira y desprotección que a todos nos embarga cuando aparecen casos como el apuntado, y desgraciadamente por todos conocido, pero huyan sus conciencias de quien aprovechando estas circunstancias se presenta como solución definitiva y sobre todo superior a la ya existente.
Se dice que la inseguridad cero no es posible, mejor diríamos que la seguridad al 100 por 100 no es posible. Llevada al extremo la propuesta para evitar la reincidencia supondría el cumplimiento íntegro de las condenas sin posibilidad de salir al exterior. ¿De verdad creen Uds. que no se llevarían a cabo nuevos delitos?, siempre existe una primera vez. Y de nuevo ¿de verdad creen Uds. que una vez excarcelados y cumplida su condena el grado de reincidencia sería siempre de cero? ¿Quién se atreve a predecir esto? Volvemos a Ivan Jablonka y su libro sobre Laëtitia. Si cada suceso horrendo va a ir seguido del endurecimiento penal y del discurso de salvadores de lo imposible, estamos condenados, como sociedad, a una frustración permanente. El delito es consustancial a la naturaleza humana, no hay bueno y malos, hay seres humanos. Su desaparición, hoy por hoy, es un sueño inalcanzable, al que probablemente tengamos derecho, pero que no dejará de ser un sueño del que habrá que despertar.
