Es esencial conocer que cualquier persona que se encuentre presa tiene el derecho constitucional de estar cumpliendo sus condenas en los lugares más cercanos posibles a sus lugares de arraigo social, personal y familiar, con independencia del delito cometido y del género, nunca pueden ser aisladas y separadas de la sociedad a la que han lesionado con su hecho delictivo, y ello lo encontramos en nuestra propia Constitución, concretamente en el artículo 25, que vino a declarar que «las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social».
La idea de la sociedad basada en que los centros penitenciarios, y concretamente, las penas impuestas, equivalen a un castigo social, debe desaparecer por completo porque la finalidad de las mismas no puede ser otra que la reeducación y la reinserción del condenado, lo que quiere decir, que el único objetivo que debe cumplir esa privación de libertad, es enseñar al preso a convivir en la sociedad teniendo por tanto una vocación de futuro.
Por eso, muchas veces, entran entran en conflictos derechos al hablar, por ejemplo, de la pena de prisión permanente, o delitos que llevan aparejadas penas muy largas, dado que múltiples estudios han demostrado que las personas que viven durante largos periodos en las cárceles son propensas a no adaptarse luego a la sociedad por el aislamiento sufrido, entre otros.
Tenemos que recordar que, en muchos casos, cuando una persona comete un delito, puede achacarse a su descenso de una familia desestructurada, tener problemas de adicciones, y hasta algún tipo de enfermedad o trastorno mental. Por estos varios motivos, en la mayoría de casos, nos encontramos con que las familias, una vez han entrado en prisión se desentienden del todo de este miembro familiar. Encontrándose, por tanto, el preso sin ningún tipo de contacto con el exterior, y debiendo empezar una nueva vida acompañado de personas desconocidas, la mayoría delincuentes peligrosos, y funcionarios públicos de prisiones. Otras veces, los pocos familiares que deciden conservar la relación con el interno no tiene apenas capacidad económica para poder desplazase con habitualidad a los centros penitenciarios.
Y la pregunta moral que nos podemos hacer entonces es.. ya que son delincuentes ¿deben pagar por ello y asumir todas las consecuencias que lleva aparejada sus penas? Pero la mayoría de nosotros ni tan siquiera nos hemos planteado en ningún momento de nuestras vidas lo que significa cumplir una larga condena.
Es cierto que la entrada en prisión es la consecuencias mas gravosa de cometer ilícitos penales ya que vulnera el derecho de poder circular libremente por el país, entre otros, que también se ven gravemente afectados, e instituciones penitenciarias, en muchas ocasiones, actúa bajo el mando del juez instructor de la causa, pero, en otra muchas, actúa por su cuenta cumpliendo su propio régimen establecido en la ley penitenciaria y sus reglamentos. Por ello, puede disponer de sus prisiones y de las personas que se encuentran penadas en ellas, con un régimen propio y distinto, aunque siempre debería ser acorde, mínimo, con las garantías constituciones y los derechos humanos. Aunque todos sabemos ese dicho de " hecha la ley, hecha la trampa" y es que en ocasiones el trato que reciben los internos roza la ilegalidad. Los directores de prisiones cogen con pinzas la ley para hacer traslados, imponer sanciones y demás.
Recordemos que la propia Ley General Penitenciaria reproduce el fin primordial de reeducación y reinserción social de las penas; manifiesta que la actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad humana de los recluidos; menciona que la ubicación de los establecimientos penitenciarios debe evitar el desarraigo social de los penados, y establece que la clasificación de éstos deberá hacerse tomando en cuenta la personalidad e historial individual, pero también social y familiar del interno.
El reglamento que desarrolla la Ley Penitenciaria también recoge textualmente que con él se pretende "fortalecer los vínculos entre los delincuentes y sus familias y la comunidad".
Pensemos por ejemplo, en las prisiones que existen hoy en España, concretamente podemos mencionar a Castellón II, centro penitenciario creado en 2008 donde solo existen módulos de hombres y se encuentra en Albocàsser, un bonito pueblo ubicado en medio de un paraje natural, pero que dista de las capitales de provincia entre 100 a 300 km y que, aun a día de hoy, no ostenta medios de transporte para comunicarlo, lo cual, quiere decir, que los familiares de los presos, si quieren acudir a visitarlos deberán ir en vehículos propios con el alto coste que esto conlleva, y recorrer por carreteras secundarias y montañosas mas de 150 km. Ese es el motivo por el cual cuando se pregunta por esta prisión, la única contestación que encontramos entre los afectados y mismos funcionarios es que "allí no sólo están los penados sino que son los totalmente desterrados".
Cierto es que en este post no se quiere defender acérrimamente los derechos de los penados, pero sí levantar la voz para que se respeten los mismos para con sus vidas, que al fin y al cabo, es lo único que les queda, y aprovechar para recordar que el tratamiento individualizado de los internos, cualquiera que sea el delito que hayan cometido, y el cumplimiento de la finalidad de reinserción, constitucionalmente otorgado a las penas privativas de libertad, exige que éstas se cumplan lo más cerca posible del entorno familiar y del ámbito social al que aquél hubiera de incorporarse una vez cumplida la pena impuesta, y si últimamente se vuelve a escuchar en las noticias y en los medios de comunicación la petición del acercamiento de los presos de ETA al País Vasco y las de los presos catalanes a Cataluña, los demás, también regidos bajo la ley y normas españolas, y aunque diariamente no se hable de ellos, tienen igualmente sus derechos y deben ser respetados.
