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Penal

16 de Febrero de 2015

Hepatitis C: ¿qué hacemos con los reclusos?

Se trata de exponer la problemática actual sobre la dispensación de tratamientos para la hepatitis C entre la población penitenciaria.

Ana María Castro Martínez,
Abogada especialista en discapacidad


¿Es preciso que para administrar un fármaco que cura la hepatitis C se tenga que recurrir a un largo proceso judicial y que sólo con una resolución  firme , que es necesario ejecutar una vez dictada ,  pueda  ser dispensada  para su curación  a la persona que está cumpliendo condena en un centro penitenciario bajo la tutela del Estado?

La merma económica de los presupuestos está provocando que muchas personas  reclusas se vean imposibilitadas  a acceder al derecho a la salud,  a la protección de la salud, por mucho que en  nuestra magna  Constitución Española , en sus artículos 15 y 43 así como en  el artículo 208 del Reglamento Penitenciario , se garantice.
Es necesario pensar seriamente lo que esto significa. Si este es el camino, mal vamos. Si para ejercer los derechos que hemos ido adquiriendo  es preciso acudir a la vía judicial, no lo hemos hecho bien. No se dirime si existe el derecho a la administración de fármacos en general o de algunos en particular como los que tratan la hepatitis C , eso nadie lo discute, el fondo de la cuestión es que con el retraso en la administración de los medicamentos (en concreto para la curación de la hepatitis C)  pueda costar vidas y si esas vidas pertenecen a personas que están cumpliendo condena en un centro penitenciario ¿tienen menos valor que los que no se encuentran cumpliendo condena? Ese retraso en la administración de fármacos  no es más que una vulneración de derechos fundamentales de los reclusos que se ven obligados a sufrir la merma de recursos destinada a centros penitenciarios donde se ha estado constatando en los últimos años una reducción de tratamientos médicos  para esta población (el gastos sanitario para centros penitenciarios ha bajado un 8% en 2014 con respecto al  año anterior). Las alegaciones  para esa lentitud de dispensación son de lo más variopinto: que  existen otras alternativas quizás más baratas, que  no existen criterios uniformes en Sanidad, que el paciente está infectado también  de VIH y no le corresponde ... Recordemos que la Administración Penitenciaria es la  competente en la adquisición y administración de la medicación suministrada a reclusos, entre ellas la asociadas a la hepatitis C.

Y si se dicta una resolución por parte del Juez de Vigilancia Penitenciaria y es necesario ejecutarlo por no llevarse a cabo de forma voluntaria y esta ejecución , consistente en que las autoridades sanitarias administren la medicación prescrita por el facultativo ,  se demora en el tiempo y la burocracia y  se pone en riesgo la integridad física del recluso enfermo  ¿quién es el responsable? ¿hace falta llegar a estos extremos de judicializarlo todo?

Es curioso porque existe la dispensación de este tipo de fármacos de presupuesto importante y para enfermedades concretas  en  algunas Comunidades Autónomas se suministra entre el resto de la población no reclusa de forma que no tienen que esperar los enfermos ni en las famosas listas de espera.

Podríamos pensar que la defensa del recluso pudiera solicitar la excarcelación por motivo de enfermedad grave e incurable pero el razonamiento judicial generalizado se  basa en que  la estancia en prisión no impide que se suministren  los fármacos en el centro penitenciario . Entienden los jueces que  debe suministrarse en prisión y ordena su administración allí mismo.  El problema no es conseguir una resolución favorable a favor del recluso sino el tiempo de demora y su lentísima ejecución, mientras está en juego su vida.

De las noticias publicadas en prensa hemos podido leer que están trasladando a reclusos con hepatitis C a un  centro hospitalario de la capital  donde se les atiende en el módulo penitenciario del mismo, por lo que dado el número mínimo de camas, se puede deducir que el número de reclusos atendidos es también mínimo.

Cada día mueren once personas por la hepatitis C en España y hay más de 300.000 pacientes diagnosticados  que no saben si se les va a suministrar el tratamiento para poder seguir viviendo. Se destinará  en 2015 unos 125 millones de euros para pagar tratamientos pero ¿es esto suficiente? Se calcula que sólo 5000 personas enfermas recibirán tratamiento dado que el coste aproximado es de 25500 euros por persona. Y recordamos que  el 25% de la población reclusa está afectada por el virus. El fármaco de la discordia , boceprevir o telaprevir,  junto  a la medicación  habitual  suministrada , interferón, pegilado y ribavirina , consigue tasas de curación del 75% en contraposición al 40% hasta ahora.

En resumen, todos somos iguales ante la Ley y si se suministra un tratamiento para la hepatitis C, tenga el coste que tenga, a la población general , el mismo derecho a que se le suministre sin ningún tipo de trabas tiene  la población reclusa. No puede haber distinción. En eso radica el principio de igualdad.


Ana María Castro Martínez,
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