En estas semanas se enviará a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que autorizará 17 textos refundidos de las leyes que han cambiado con frecuencia, se instaurará el tablón edictal único y se fundará un punto neutro para el embargo de pagos de las administraciones públicas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presidió ayer la reunión de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que el pasado mes de junio presentó un amplio informe con más de doscientas medidas de racionalización de las administraciones. “Más de la mitad de las medidas previstas, en concreto 129 medidas del plan, ya están bien finalizadas o en fase de ejecución, todas dentro del marco del calendario previsto” en palabras de Sáenz de Santamaría. En este mes 57 organismos de la Administración estatal se suprimirán o fusionarán con el asesoramiento de la OCDE como organismo externo.
La vicepresidenta del Gobierno repasó ayer en la reunión de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas las iniciativas desarrolladas por el Gobierno desde el pasado mes de junio en cumplimiento de las propuestas planteadas en el informe, como la ley sobre eficiencia comercial, la de factura electrónica, el plan de pago a proveedores, la reforma de la administración local o la normativa sobre evaluación medioambiental, tratada en el último Consejo de Ministros. Para próximas fechas ha anunciado la modificación del dominio público hidráulico para crear un registro de aguas y una base central de aguas.
En este momento más de la mitad de las medidas previstas en el informe presentado el pasado mes de junio están ya en ejecución y ha adelantado la presentación cada trimestre de un índice de cumplimiento del plan de reforma.
La Vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que este mes de septiembre se pondrá en marcha una amplia propuesta que tendrá como fin "extinguir, fusionar o reorganizar los 57 organismos y entidades públicas de carácter estatal recogidas en el informe de la CORA". Como plazo de ejecución matizó que "Este mes será clave para iniciar y en lo posible culminar este proceso". Estarían afectados el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, el Consejo de la Juventud, el Instituto Nacional de Consumo, el Instituto Social de la Marina, y el Servicio Militar de Construcciones. Continuarán suprimiendo un número por el momento indeterminado, pero bajo, de consorcios y unos noventa observatorios.
Además, Sáenz de Santamaría clarificó que en estas semanas se enviará a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que autorizará 17 textos refundidos de las leyes que han cambiado con frecuencia, se instaurará el tablón edictal único y se fundará un punto neutro para el embargo de pagos de las administraciones públicas.
El objetivo principal, según ha explicado la Vicepresidenta, es fomentar la eficacia y la agilidad de las administraciones. Ha asegurado que en diciembre se presentarán cifras concretas de ahorros conseguidos, aunque ha adelantado un dato: la reciente aprobación en Consejo de Ministros de un plan de contratación centralizada de suministro de energía para el Ministerio del Interior va a suponer un ahorro de siete millones de euros. La extensión de este plan a toda la administración permitirá constatar ahorros mayores "sin pérdida de calidad de servicio ni generar problemas al usuario".
Ha recordado que la fase de ejecución comenzó el mismo 21 de junio, día en que se presentó el informe de la Comisión, y buena prueba de ello es que "inmediatamente se creó una oficina con un alto rango dentro de la Administración General del Estado encargada del seguimiento, de la ejecución y del análisis constante del grado de cumplimiento de las medidas del informe".
Además, en estos meses se ha solicitado también la colaboración de la OCDE que, como organismo independiente y "para no caer en la autocomplacencia" controlará la ejecución de las medidas.
Soraya Sáenz ha anunciado la evaluación trimestral del grado de cumplimiento del informe de la CORA, que se concretará en un nuevo índice de seguimiento de la acción de las administraciones.
