La Constitución de 1812 consagraba la diputación como la administración garante de los estándares mínimos de bienestar para la sociedad liberal de la época. Estas instituciones han evolucionado garantizando el equilibrio territorial en la prestación de servicios. Doscientos años después sus competencias están perfectamente definidas, tienen futuro y son imprescindibles para afrontar los nuevos retos de la sociedad actual.
Sin embargo, en los últimos decenios, las diputaciones se han topado con dos grandes problemas. El primero es convivir con las comunidades autónomas que nacen a partir de la Constitución actual y el segundo es la saturación artificial de entes administrativos como mancomunidades, consorcios y sociedades que crecen por doquier y que sólo contribuyen a solapar y duplicar competencias de diferentes administraciones.
Pienso que la solución de estos males puede ser sencilla y que el futuro de las diputaciones pasa por aplicar el artículo 103 CE que diseña los valores de una Administración que sirve con objetividad a los intereses generales, con eficacia, jerarquía, descentralización, coordinación y pleno sometimiento a la ley y al Derecho.
En este sentido, la última reforma de la administración local está orientada a reforzar este principio constitucional y articula los sistemas de control para respetar lo esencial: cooperación, asistencia, prestación de servicios, transparencia, financiación sostenible y coordinación de competencias, con lo que se garantiza la igualdad para todos los españoles bajo el paraguas de un Estado de Derecho.
Ese es el núcleo de la reforma que propuso el Gobierno para la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Una reforma articulada bajo los principios de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en conjunción con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno.
Este marco jurídico permite conocer el funcionamiento de las instituciones como si fueran transparentes, garantizando una administración eficaz en la gestión y cercana en lo político, pero sobre todo responsable frente a los intereses ciudadanos, ya que son éstos los depositarios de la soberanía nacional.
Se rescata el papel protagonista de las diputaciones, que consistirá no sólo en la asistencia técnica a los municipios, sino en establecer la prestación directa de servicios mínimos cuando los ayuntamientos no puedan. Así, en municipios menores de 20.000 habitantes donde no se cumplan los estándares de calidad aprobados por el Gobierno, la comunidad autónoma podrá encomendar a las diputaciones la prestación de todos o algunos de esos servicios en el ámbito municipal.
Aunque todavía se necesita un amplio desarrollo normativo, que defina y garantice estas prestaciones, la reforma iniciada hace cuatro años permite la tutela de las administraciones estatal y autonómica sobre las competencias municipales. De esta manera se evita el daño que ocasiona en los ayuntamientos un inadecuado ejercicio de sus competencias, las duplicidades y los solapamientos.
Por último, es imprescindible suprimir el dédalo de entes superfluos que prosperaron en la "huida del derecho administrativo", consiguiendo mayor seguridad jurídica para el ciudadano, que podrá conocer con mayor claridad en que instancia puede resolver sus problemas. Ese es el mejor camino para construir un nuevo modelo de administración con el que sentar las bases de un futuro mejor para nuestro país y para las generaciones venideras.
