El sector energético está en plena ebullición este verano, pese a que seguimos con Gobierno en funciones, entre otros motivos porque la transición energética y la descarbonización de la economía son trenes que no esperan. El debate de cómo afrontar la transición energética está ahí, pero con un Gobierno en funciones, el verano es tiempo de confesiones y de declaraciones. Es más el ejercicio de volver la vista al pasado y confesión pública parece haberse puesto de moda en estos meses, quizá como penitencia quizá para expiar las culpas. Ya dijo Montaigne eso de “existe un remedio para cualquier culpa: reconocerla”.
En este sentido, en el plano político, el ex presidente Rodríguez Zapatero no ha tenido reparos este verano en reconocer en el foro internacional BP Statistical Review of World Energy 2019, literalmente: "España tiene ciertas tendencia originar burbujas en cuanto hay un sector que se incentiva, que se prima, que hay expectativa de demanda, pues el riesgo que tienes ahí inmediatamente es la burbuja. ¡Lo sabré yo!". Dicha declaración si se relaciona con la realizada por el ex ministro de su gobierno, Miguel Sebastián, que admitió en su libro La Falsa bonanza: "Se nos fue la olla con las renovables", la mezcla resulta letal.
En el plano empresarial, las declaraciones son más en el plano del momento presente: el presidente de Repsol, Antonio Brufau, en una Conferencia organizada por el Instituto Elcano, ha advertido del riesgo de que nos dirijamos a una "nueva burbuja de energías renovables", que "se va a financiar con ruinas y quiebras".
Paralelamente a las declaraciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aportado un dato más que revelador, entre las solicitudes de punto de acceso y conexión que ya tienen permiso para construir proyectos de energía renovables, a fecha 30 de junio de 2019, suman ya una potencia por instalar en España de 196 GW, según ha admitido el regulador en una jornada titulada "Acceso y conexión: nueva adjudicación y potencia complementaria". Cabe preguntarse sí puede llegar a producirse otra burbuja renovable en España. Además la CNMC acaba de plantear una retribución para las redes de distribución que las grandes eléctricas consideran "insuficientes" y no da las "señales adecuadas para la descarbonización de las economía" a juicio de la patronal eléctrica, AELEC. Paralelamente, la patronal del gas Sedigás, tampoco está de acuerdo con la retribución planteada por CNMC. Asimismo, Red Eléctrica de España ha pedido a la CNMC que el marco regulatorio genere incentivos reales para abordar inversiones.
A todo ello hay que añadirle el condimento de la tensión y pugna en el plano competencial que está sucediendo entre el Gobierno en funciones de Sánchez y la CNMC y la llegada de un nuevo laudo dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) a favor del inversor extranjero, concretamente, SolES Badajoz, de origen alemán, por el recorte a la retribución de energías renovables realizado por el Reino de España, que es condenada a pagar 41 milllones de Euros. Es el décimo arbitraje que pierde España en materia de recortes de retribución a las energías renovables ante Organismos intenacionales, como CIADI, CNUDMI o SCC, bajo el Tratado de la Carta de la Energía. Ahora los inversores tratan de ejecutar su laudo en Estados Unidos, ya que la Comisión Europea, como consecuencia de la Sentencia Achmea, rechaza que el Tratado de la Carta de la Energía, se aplique por encima del derecho comunitario.
Mientras tanto, en España el inversor nacional no ha conseguido ninguna indemnización ante el T.S., que bajo el mantra del "riesgo regulatorio" ha permitido que el legislado reduzca, hasta con efectos retroactivos, las primas o incentivos prometidos a los inversores por el Estado. De este modo, el legislador por medio de un uso cercano a la exorbitante ostenta, como advierte el profesor Del Guayo, "la potestas variandi del marco retributivo de las energías renovables". Potestad implícitamente conferida al legislador por el T.S. en la pionera Sentencia de 25 de octubre de 2006 (Rec. 12/2005), por la que se reconoce la posibilidad por el legislador de recudir la cuantía de primas o inventivos a los productores de energías renovables, identificando tal posibilidad como "riesgo regulatorio" y, por tanto, como situación no indemnizable, que debe soportar el inversor. Dicha Sentencia ha sido pionera de las siguientes, dictadas por el T.S. que apenas ha movido un ápice su posición (véase el caso de los productores de energías renovables a través de plantas de lodos o secado de purines, pero que en tal caso corrigen la valoración efectuada por el legislador sobre tal tecnología, pero que no cuestionan la potestas variandi del legislador).
En cualquier caso, cada dato y cada hecho pueden resultar más que reveladores y deberán ser tenidos en cuenta por el próximo Gobierno con sumo cuidado para orientar su política energética, puesto que como decía el periodista E. R. Murrow "Los oscuro acabamos viéndolo; lo completamente claro lleva más tiempo". Una legislación, lejana de artificios, dialogada y consensuada, con la mayor aprobación parlamentaria posible, con objetivos a largo plazo y realistas, puede ser el arma más eficaz de España para abordar los retos de la transición energética y la descarbonización de la economía con las mejores garantías de cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional.
