El incierto resultado de los números recursos jurisdiccionales y arbitrajes interpuestos por distintas entidades contra los sucesivos recortes a las renovables, puede acabar afectando a los consumidores de electricidad
Hace unos días asistimos como ponentes a las II Jornada de Energía, organizadas por la Asociación de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos en España (AERCE) Nos encargamos de dirigir la sesión dedicada a los cambios regulatorios en el sector energético y su incidencia en la contratación del suministro eléctrico.
Un buen número de asistentes eran los responsables de compras de empresas en las que el coste de la energía representaba una parte importante dentro de los costes totales de la empresa. Para algunas empresas, el precio de la electricidad es un elemento crítico a la hora competir en los mercados en los que intervienen. De ahí que entre sus preocupaciones está la incertidumbre generada por los continuos y, a veces, improvisados, cambios regulatorios producidos en los últimos años en el sector eléctrico.
Se analizó el cambiante entorno regulatorio en nuestro país, como claro exponente de una mala regulación. Y tratamos la incidencia que la mala regulación y los improvisados cambios introducidos para corregirla, han tenido en las empresas que ejercen actividades reguladas pero también en las empresas consumidoras de energía y en la sociedad en general.
No hay que olvidar que los efectos del riesgo regulatorio sobre una economía se pueden analizar observando las implicaciones que los cambios regulatorios tienen en la estructura del mercado, los precios y la competitividad de los sectores productivos intensivos en energía frente a otros países. El riesgo regulatorio afecta a la sociedad en su conjunto, no sólo a las empresas que ejercen actividades reguladas, con efectos sobre la sostenibilidad, las infraestructuras, el empleo, o el crecimiento económico del país.
La incidencia de los cambios regulatorios en los consumidores se produce a través de los peajes de acceso y cargos asociados, que son los precios regulados que pagan los consumidores junto con el precio de la electricidad. Se puso como ejemplo de cambio regulatorio improvisado, con incidencia directa sobre la parte regulada del precio de la electricidad, la Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisaron los peajes de acceso de energía eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013. Esta Orden, con la finalidad de corregir el déficit de tarifa, incrementó los peajes de acceso aplicables a todas las categorías de consumidores y modificó su estructura, dando mayor relevancia al término potencia frente al término energía.
Lo cierto es que los consumidores no tienen más remedio que soportar estos cambios en la regulación y les queda poco margen para prevenir su incidencia en el precio final de la electricidad.
Nos referimos también a la incertidumbre generada por la creciente conflictividad en el sector eléctrico, motivada por el gran número de recursos jurisdiccionales y arbitrajes interpuestos por las distintas entidades -empresas, fondos de inversión, entidades financieras- afectadas de una u otra forma por las sucesivas modificaciones del régimen retributivo de las energías renovables, con la finalidad de eliminar el déficit de tarifa. El resultado de estos pleitos y arbitrajes, en el caso de que prosperen, puede afectar a la parte regulada -cargos asociados- del precio de la electricidad, incrementándola considerablemente. Probablemente uno de los riesgos regulatorios más importantes del sector eléctrico en este momento, con efectos sobre el precio de la electricidad que tienen que pagar las empresas consumidoras, sea el incierto resultado de estos recursos jurisdiccionales y arbitrajes.
El riesgo es que el sistema, es decir el conjunto de consumidores de electricidad, tenga que asumir de nuevo los incentivos dejados de percibir por estas entidades como consecuencia de las continuas modificaciones en el régimen retributivo de las renovables.
Al hilo de lo expuesto, es oportuno hacer referencia a la noticia aparecida recientemente en la prensa (aquí), anunciando que varios fondos de litigios tienen interés en financiar los arbitrajes internacionales interpuestos por distintas entidades afectadas por los recortes a los incentivos a las renovables. Estos fondos especializados financian los pleitos a cambio de recibir un porcentaje de las ganancias obtenidas en el caso prosperar las demandas. Cabe pensar que estos fondos, experimentados en estas lides, antes de entrar a financiar los costosos pleitos, han analizado las probabilidades de éxito. Y probablemente habrán tenido en cuenta la solvencia del sistema eléctrico, pagador final de las eventuales indemnizaciones reclamadas.
Por último, no hay que olvidar la desconfianza que estos arbitrajes internacionales provocan en determinados sectores, como se está evidenciando en el proceso de negociación del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) Se les reprocha su falta de transparencia y su parcialidad a favor de las empresas que contratan sus servicios (aquí)
Así las cosas, la entrada de estos fondos de litigios es un síntoma de cuál puede ser el resultado de los arbitrajes internacionales sobre los recortes a las renovables. Y lo dicho, si prosperan estos arbitrajes, los importes reclamados por las entidades afectadas podrían ser finalmente repercutidos a los consumidores como cargos asociados al sistema eléctrico.
