El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha indicado este martes que el Gobierno andaluz está intentando buscar una fórmula, «que no vaya en contra de la propia ley y que no dé pie a demandas posteriores», que permita equilibrar «el derecho a la protección de datos con el derecho a la información», en relación con la publicación de los datos relativos a las empresas que se les reclama devolución de las ayudas para cursos de formación.
Así se ha expresado Jiménez Barrios en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, después de que haya sido preguntado por las declaraciones del coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, relativas a que su formación está "presionado" al Ejecutivo para que publiquen los listados de las empresas perceptoras de las ayudas a las formación y también de aquellas que tienen que devolver los fondos recibidos por un mal uso de los mismos.
El consejero ha expresado que no cree que Maíllo "presione al Gobierno", puesto que IULV-CA tiene los miembros necesarios dentro del Ejecutivo para trasladar lo que sea necesario.
Acto seguido ha recordado que hay un informe del Gabinete Jurídico de la Junta que desaconseja la publicación de los nombres de las entidades que tienen que devolver ayudas a la Junta porque puede conllevar una vulneración en la normativa de la protección de datos.
Ello no quita, según ha explicado, que se está estudiando alguna fórmula que pudiera paliar la situación, pero está claro que hay que proteger "a las personas" afectadas, que incluso se han dirigido "por escrito" a la Junta para decir que hasta que no sean "actos firmes y definitivos, se prohíbe por la propia ley la publicación" de esos datos personales.
Ha insistido en que el Gobierno está estudiando medidas para ser lo más transparente posible, pero hasta el momento con lo que nos hemos encontrado con "peticiones de empresas y particulares que nos dice, con la Ley de Protección de Datos en la mano", que se tenga en cuenta esa circunstancia.
Asimismo, Jiménez Barrios ha querido dejar claro que el Gobierno está informando permanentemente al Parlamento de las cuantías que se reclaman y del procedimiento que se está llevando a cabo.
