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La regulación prevista en el actual Real Decreto-ley acomete una reforma integral del sistema de formación profesional para el empleo, reforma que persigue cuatro objetivos estratégicos:
- La garantía del ejercicio del derecho a la formación de los trabajadores, empleados y desempleados, en particular, de los más vulnerables;
- La contribución efectiva de la formación a la competitividad de las empresas;
- El fortalecimiento de la negociación colectiva en la adecuación de la oferta formativa a los requerimientos del sistema productivo, así como la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.
- Consolidar en el sistema productivo una cultura de formación profesional y favorecer con ello la creación de empleo estable y de calidad.
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