El derecho al trabajo de las personas con discapacidad, entre otras medias se promueve en España por medio de la cuota de reserva. Las empresas de más de 50 trabajadores deben contar en su plantilla con al menos el 2% de trabajadores con discapacidad. Pero para algunas empresas que excepcionalmente no puedan contratar a estos trabajadores se legislaron medias alternativas, que en demasiadas ocasiones se están utilizando de forma poco ética, y en fraude de Ley.
Llega la navidad y sus tradicionales cestas cargadas de turrones, vinos y embutidos que las empresas reparten a sus empleados y clientes, a quienes quieren felicitar y endulzar las fiestas.
En ocasiones, en lugar de la típica cesta, se regalan productos de artesanía que hacen personas con riesgo de exclusión social, personas con discapacidad o productos de comercio justo realizados en el tercer mundo. En estos casos, además de obsequiar a alguien se pretende reconocer y fomentar el trabajo de quienes lo tienen más complicado. Son detalles solidarios que se adquieren a entidades sociales y que alegran la navidad a quien recibe el detalle y también a quien lo ha realizado, pues los retornos a los trabajadores que los han hecho son directos.
Por desgracia, existe un tercer tipo de producto navideño, la cesta de navidad que factura un centro especial de empleo para que la empresa que la regala pueda "cumplir" su obligación de contratar a personas con discapacidad. Esta última tipología de regalos, que debería ser solidaria, es un fraude en demasiadas ocasiones.
El otro día me contaban como una empresa que tenía que regalar 800 cajas de navidad había contactado con un centro especial de empleo de iniciativa social, que da trabajo a personas con discapacidad intelectual, y les habían pedido que las confeccionaran ellos. Tenían que buscar los envases, todo el contenido, y el precio no podía ser superior a 50 euros por lote. Los responsables del centro buscaron los productos, contactaron con mayoristas y finalmente ofrecieron 4 modelos que se ajustaban al precio. La empresa tardó en contestar, pero finalmente eligió una de ellas, por lo que el centro les pasó el presupuesto que la empresa debía aceptar para poder hacer el pedido de cientos de botellas, turrones, y demás productos que formarían las cajas navideñas.
Y ahí llegó el problema. El centro desglosó cada producto y en la última línea del presupuesto hizo constar: "mano de obra: 1.000€", un precio muy razonable por el manipulado y envase de las 800 cajas de navidad y sus productos. La contestación de la empresa en este caso fue más rápida: "Perfecto el precio, pero todo tiene que constar como trabajo, no desgloséis los productos".
En España las empresas de más de 50 trabajadores tienen obligación de contratar al menos un 2 por cien de trabajadores con discapacidad, esto se denomina "cuota de reserva", pero las empresas que, por su sistema productivo, o por otras razones, no pueden contratar directamente a personas con discapacidad, pueden sustituir esa obligación por medidas alternativas, estipuladas en el Real Decreto 364/2005, una de ellas es contratar trabajos a un centro especial de empleo. Pueden hacerlo tanto por medio de centros de iniciativa social, que están constituidos principalmente por entidades sin ánimo de lucro que reinvierten los beneficios en creación de empleo, o por sociedades mercantiles también calificadas como centros especiales que constituyen particulares u otras sociedades y que únicamente pretenden rentabilidad económica.
En este caso, la empresa cliente que contactó con el centro de iniciativa social quería que se le facturasen esos 40.000 euros, de las cajas, como trabajos para tener por cumplidas sus obligaciones respecto de la contratación de trabajadores con discapacidad, y ante la negativa del centro de cambiar los conceptos, por ser poco ético, además de un fraude de ley, la respuesta fue clara: "Hay otros centros qué me harán la factura como la pido, ¿vais a perder 1.000€? Eso es que no os hace tanta falta el trabajo."
Tenía razón el empresario poco ético al afirmar que encontraría a alguien que iba a realizarle las cajas y lo iba a facturar como él pedía. Me cuentan que lo hizo un grupo empresarial de la zona, que entre sus negocios cuenta con una sociedad calificada como centro especial de empleo.
Algunas sociedades, carentes de ética empresarial, no sólo generan facturas de cajas de navidad que eliminan puestos de trabajo de personas con discapacidad, sino que también hacen lo mismo facturando papelería, maquinaria, vehículos y multitud de productos más. Esto ha sido denunciado reiteradamente por centros de iniciativa social, pero la Dirección General de Inspección de Trabajo en el año 2016 emitió el Criterio Técnico 98/2016 en el establecía que era necesaria una modificación normativa que determinase que sólo se entendiesen aplicables las cantidades correspondientes a la "remuneración, beneficio económico, o valor añadido", que hayan prestado los trabajadores con discapacidad.
Tengo constancia que la administración que reparte las ayudas a los centros especiales de empleo sabe que algunos realizan estas prácticas de forma habitual, pero espera que Inspección de Trabajo haga algo; a su vez Inspección espera que los políticos dicten un reglamento; y los políticos tienen otras prioridades entre las no están, casi nunca, las personas con discapacidad.
Muchos trabajadores con discapacidad intelectual y con problemas de salud mental, están pidiendo paso. Buscan trabajo en empresas ordinarias y estás no los contratan porque hacen estas trampas o simplemente incumplen dicha obligación social. Si lo intentan en empleo protegido los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, tampoco los contratan por su discapacidad, prefieren contratar trabajadores más rentables, con discapacidades físicas y sensoriales leves. De forma distinta, los centros de iniciativa social además de aplicar una ética mayor a sus relaciones con los clientes, promueven el empleo de las personas con discapacidades severas, que lo tienen más difícil para entrar en mercado de trabajo. Pero la administración y los políticos tratan igual a unos centros y a otros, y apoyan casi igual a los trabajadores con discapacidad severa que a los demás, generando una injusticia y enfocando incorrectamente los fondos de promoción de empleo, que no logran su objetivo de integrar a personas, sino que consiguen lucrar al empleador.
Es necesaria una modificación de la legislación de centros especiales de empleo, en profundidad, pues la que tenemos tiene más de 40 años y la sociedad ha avanzado mucho desde entonces. Necesitamos más ética empresarial, si, seguro; pero los turrones de esa caja ya están caducados, toca cambiarlos.
