Este 2018 promete ser un año de importante actividad legislativa, al menos en materia laboral y de seguridad social y es por ello, que resulta conveniente realizar un pequeño análisis de las propuestas/proposiciones de ley más trascendentes, que serán discutidas en el Congreso.
1. Proposición de Ley registro de jornada.
En primer lugar, la Proposición de Ley 122/000109. Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 23 de junio de 2017, fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y aprobada por la mayoría del Pleno el pasado 16 de octubre de 2017.
Con esta medida se pretende modificar el art. 35 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, "ET") de manera que obligue a las empresas a controlar diariamente la jornada de trabajo de sus empleados, registrando la hora de entrada y salida de cada trabajador y estableciendo la imposición de conservar estos registros durante los cuatro años siguientes para que estén a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Esta cuestión, que ya ha sido objeto de una dilatada controversia en el ámbito judicial (caso BANKIA), ha llegado finalmente a sede legislativa precisamente porque el propio Tribunal Supremo lo ha venido requiriendo en sus resoluciones, al indicar que el control de la jornada ordinaria no era una obligación recogida en el art. 35 ET.
2. Proposición de Ley para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.
La Proposición de Ley 122/000020, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 1 de abril de 2016 y presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene como objetivo igualar las condiciones laborales y de empleo de los trabajadores subcontratados.
De acuerdo con la Exposición de Motivos, la recuperación económica ha producido la popularización de la externalización de servicios (especialmente en los sectores de la hostelería y la logística), sin que la normativa laboral se haya ajustado. Ello requiere, a su parecer, una revisión de la normativa laboral para garantizar que el cumplimiento de una serie de garantías. En concreto, la medida pretende evitar situaciones de desigualdad y agravios comparativos en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados o externalizados frente a los laborales propios.
Para ello, se solicita añadir dos nuevos párrafos en el apartado 1 del artículo 42 ET, estableciendo expresamente que:
i) La actividad subcontratada debe corresponder con todas o alguna de las actividades nucleares de la empresa contratista;
ii) las empresas contratistas y subcontratistas deberán garantizar a los trabajadores afectados por la contrata o subcontrata, durante el tiempo en que presten servicios adscritos a la misma, las condiciones laborales y de empleo esenciales previstas en el convenio colectivo que fuese de aplicación en la empresa principal o, en su caso, las que tendrían si fueran trabajadores contratados directamente por dicho empresario principal
Quedamos a la espera de lo que finalmente acuerde el Congreso, ya que por ahora frente a la Propuesta ya han presentado enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
3. Proposición de Ley de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
El BOCG del pasado 10 de noviembre de 2017 publica la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
La Propuesta de Unidos Podemos no se limita a incorporar a la normativa las recomendaciones europeas en esta materia, sino que su texto aborda muchos otros extremos, constituyendo prácticamente una enmienda a la totalidad de la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno en el año 2012. De esta manera, el texto se pronuncia sobre temas tan dispares como las horas extraordinarias, el trabajo a tiempo parcial o las reducciones de jornada.
Como curiosidad sobre esta proposición, cabe destacar que el Partido Popular tenía la posibilidad de vetarla, pero finalmente no ha ejercido dicho derecho, con lo que se garantiza la tramitación de la Proposición.
4. Proposición de Ley sobre atribución competencial a la jurisdicción social en materia de atención a las personas en situación de dependencia.
La Ley 122/000080 a propuesta del Partido Socialista pretende ampliar el campo de conocimiento de la jurisdicción social, que pasaría a conocer de las impugnaciones jurisdiccionales de los actos administrativos en materia de dependencia que pongan fin a la vía administrativa.
Si bien la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (en adelante, "LRJS") ya transfería de la jurisdicción contencioso-administrativa a la jurisdicción social el conocimiento de las cuestiones esenciales en materna de asistencia y protección social pública, en su disposición final séptima la efectividad de dicha transferencia quedaba sujeta a lo que estableciese una Ley posterior.
El objetivo es que sea la jurisdicción social, que el Grupo Parlamentario Socialista califica como "más ágil, próxima y económica para el ciudadano" la que conozca de situaciones que, por su naturaleza (dependencia y asistencia social) requiere de una respuesta rápida de los órganos judiciales.
