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Internacional

21 de Marzo de 2018

Ecuador: Rehabilitación social una utopía o sufrir más allá del castigo

Pedro Martin Páez Bimos,
Abogado (Msc) Quito - Ecuador


El Ecuador como un Estado garantista y constitucional de derechos y justicia, establece a la rehabilitación como uno de sus puntos centrales a tratar en su Sección Decimotercera: "El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos...(Art. 201).", y en cuanto a los derechos de las personas privadas de la libertad se establece como derechos determinados el "1.No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria... 4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de la libertad... (Art. 51).", por razones más que claras, no está de más manifestar que no existen penas degradantes, inhumanas, torturas y ejecuciones extrajudiciales como sanciones disciplinaria a los reclusos en las cárceles ecuatorianas, ya que el Ecuador es un Estado que pondera a todos los Tratados y Convenios en materia de Derechos Humanos en la más alta cúspide normativa con directa e inmediata aplicación de este tipo de normas (Art. 11.3). ¿Pero en realidad es así?

El Centro de Rehabilitación Social Centro-Sur (CRS Turi) ubicado a escasos kilómetros de Cuenca, la tercera ciudad importante del país, ha sido un controversial centro de la privación de la libertad. El cual ha sido protagonista de investigaciones y varios procesos judiciales por abusos policiales que han terminado en varias violaciones a los Derechos Humanos. Tal es el caso de los hechos sucedidos el 31 de mayo del 2016 en el que tras el análisis de más de siete horas de video grabaciones de las cámaras de seguridad se ve de manera clara y precisa como agentes despojan de su ropa, agreden y denigran a varias personas privadas de la libertad. Cuestión que terminó en varios procesos judiciales controversiales por su investigación y fallos, como fue el proceso penal No. 01283-2016-04915G ante la Unidad Judicial de Cuenca, siendo el Juez Ponente Sangolquí Picón.

La realidad es que el CRS Turi ha causado una serie de problemas al Estado ecuatoriano, ya que tanto por presión de las diferentes organizaciones de Derechos Humanos, medios de comunicación, redes sociales y procesos judiciales, no logran terminar con los diferentes abusos de poder que existen en dicho lugar. Se han trasladado funcionarios públicos y agentes policiales, sin embargo, la realidad no ha cambiado. Tanto así que el día 6 de marzo del 2018 ocurrió el asesinato del interno Stalin Guaraca Cedillo en el pabellón de máxima seguridad, que según versión oficial del fiscal encargado del proceso, la muerte se produjo por la detonación de un arma de fuego que le propino otro recluso durante un operativo de revisión de celdas organizado solo por agentes policiales. Lo que según el artículo 106 del Reglamento al Sistema Nacional de Rehabilitación Social establece que para todo operativo de revisión de celdas o requisas, estos se deben realizar con la presencia de la fuerza pública y Fiscalía para constancia del acto. Aun no existe una versión oficial por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos, ente encargado de la administración de los Centros de Privación de la libertad. 

No obstante, esta versión carece de sentido no solo por los antecedentes ocurridos en este centro de privación de la libertad, sino por los diferentes pronunciamientos de los diferentes organismos locales de Derechos Humanos como INREDH, que han compartido una serie de fotografías y audios, en los cuales se observa que el fallecido tenía las manos esposadas cuando recibió el impacto, siendo común en los casos de ejecuciones extra judiciales, ya que estos implementos son de uso estricto de miembros del orden, poniendo en duda las versiones establecidas por la institucionalidad pública.

Lo que si deja en claro esta situación es que la seguridad, rehabilitación y los fines que la norma constitucional propone, no están al alcance y no se materializan en la vida de las personas privadas de la libertad en las cárceles ecuatorianas. Las palabras de los muertos, en la retórica de Zaffaroni, en este caso sería la expresión de un ser humano y de muchos otros más, que son víctimas mortales del sistema carcelario que no logran expresarse en vida por las deficiencias del sistema social, del cual desde el punto de vista de la criminología crítica o de la reacción social (radical o liberal), no dejan de ser una criminalización hacia el más débil de la sociedad, en el que los poderosos -en un sentido amplio del poder, pudiendo ser económico, político o social- por el otro lado, son los últimos en ser juzgados y enfrentados ante la coerción estatal sancionadora. Este es el caso del Sr.  Guaraca y de muchos otros reclusos que terminan siendo juzgados de manera paralela al sistema penal garantista.

Siendo esto una realidad, puesto que Latinoamérica es una de las regiones del mundo donde mayor desigualdad económica existe. Y no solo dentro del punto de vista económico distributivo, sino que también ha sido duramente cuestionado en los diversos sistemas penitenciarios respecto a la carencia de espacios físicos, como terrenos e instalaciones adecuados para cumplir los fines de la pena, así como en el personal penitenciario, es decir, en la adecuada selección de personal, capacitación y estabilidad de funciones, siendo estos ejes fundamentales para encaminar un correcto funcionamiento institucional, cuestión ya manifestada por el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delitos y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) desde 1980 por los diversos estudios sobre la sobrepoblación carcelaria en la región y la revisión de los diversos sistemas.

Esperamos como sociedad que estos crudos hechos inviten a la reflexión y el real juzgamiento sobre la realidad de lo que ocurre en este centro de privación de la libertad, lugar donde pocos regresan a ver, y sobre todo, donde todos los días seres humanos se encuentran atrapados no solo en celdas, sino también bajo el sueño que plantea la normativa de la rehabilitación y reinserción social, cuando en realidad esperan dos opciones claras: el perfeccionamiento de las practicas criminales (escuela del delito) o sufrir actos abusivos por parte de los propios internos o funcionarios del sistema penitenciario.


Pedro Martin Páez Bimos,
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