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28/03/2024. 12:24:19

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Nuevas medidas para enfrentar la corrupción en el Ecuador

Doctor en ciencias jurídicas y sociales por la URJC

La clara exposición de los casos de corrupción del anterior gobierno que tuvo la República del Ecuador ha llevado que desde el inicio del gobierno del Presidente Lenín Moreno, se tomen ciertas medidas por parte de la Función Ejecutiva para intentar recuperar la fe ciudadana en la institucionalidad e implementar varias reformas legales en búsqueda de enfrenar ciertos mecanismos permeables a la corrupción.

Palabra corrupción

En las primeras semanas del mandato, el día 5 de junio de 2017 mediante el decreto No. 21, la Función Ejecutiva creó el "Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción", como parte integrante de la "Estrategia Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción", en la que se establece como puntos prioritarios la evaluación y retroalimentación de los mecanismos de aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, coordinar las acciones de transparencia contra la corrupción pertenecientes a la Función de Transparencia y Control Social, y proponer estrategias para mejorar la transparencia en la gestión del servicio público.

Este "Frente" goza de plena autonomía y facultad para solicitar información pública a las diversas instituciones, y además tiene como idea principal el buscar consenso en la participación de actores de la sociedad civil y la institucionalidad pública. Sus actuales delegados son por parte de la sociedad civil Xavier Zavala Egas, Carlos Rabascall, Tatiana Hidrovo, Larissa Marangoni, Pablo Dávila y Pablo Vanegas (Julio Cesar Trujillo, Fabián Corral y Monseñor Fausto Trávez quienes no asistieron a la invitación), y por parte del Estado, la Ministra de Justicia, Rosana Alvarado, la Canciller María Fernanda Espinosa y el representante de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Andrés Mideros.

Sus principales funciones son las de proponer, con la sociedad civil y el Estado, las políticas y acciones de prevención de la corrupción en el sector público y privado; exhortar a las autoridades judiciales y de control sobre el juzgamiento y la sanción contra los corruptos en el marco del debido proceso, y; establecer mecanismos de educación en valores para el sistema educativo, en todos sus niveles. Para lo que trabajará en conjunto con agencias y organismos de orden institucional como la Organización de los Estados Americanos, Naciones Unidas y demás entes a fines. El 17 de octubre de 2017 el "Frente" presentó su informe ante el Presidente de la República en el que se planteó ciertas medidas para el fortalecimiento de los sistemas de control en la gestión pública, dentro del aspecto legal sobre la Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, en los procesos de contratación pública, Superintendencias, entre otros.

También por iniciativa del ejecutivo fueron enviadas ciertas preguntas ante el Consejo Nacional Electoral – Decretos Ejecutivos 229 y 230 -, las cuales fueron por el mecanismo legal pertinente aprobadas, aplicándose dos figuras constitucionales como son – las cuales según algunos juristas locales no cabe diferencia alguna – la consulta popular y el referéndum:

Referéndum

  • ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1? (Pregunta 1)
  • ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3? (Pregunta 2)

Estas son las preguntas relevantes en materia de corrupción que buscan modificar el sistema penal y político de la institucionalidad pública, el resto de preguntas en materia de referéndum, tratan temas importantes, no obstante, no guardan relación de manera directa con la corrupción, como es la eliminación de la reelección indefinida, es decir, que toda autoridad de elección popular no pueda exceder más allá de una sola reelección; la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes – muy cuestionada a efectos de análisis desde la teoría de la pena -; y la no explotación de minerales en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. En el caso de las preguntas de consulta popular, se consulta sobre la derogación de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, y la reducción del área de explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní de 1.030 a 300 hectáreas. Todas estas preguntas siendo indirectas o parcialmente claras ya que mencionan a una serie de anexos los cuales se encontrarán al reverso de la papeleta.

En el caso de las preguntas relacionadas con la corrupción es importante mencionar que estas modifican dos puntos importantes:

  1. En el caso de los delitos de corrupción se establece en el mismo anexo 1 que se aplicará modificando el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador – así como en la LOSEP, Código de la Democracia y COIP-, para los delitos de peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias y su oferta, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada  y enriquecimiento ilícito, siempre que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada, agregando una pena accesoria de inhabilitación especial en el desempeño de cargos públicos, derechos políticos y perdida de sus bienes. Siendo cuestionada la apertura para el caso de los delitos de asociación ilícita y delincuencia organizada que puede aplicar a delitos que afectan al patrimonio, seguridad pública y otros bienes jurídicos, así como la ausencia de la corrupción en el sector privado, como puede ser el enriquecimiento privado no justificado, cuestiones que son discutidas dentro del ámbito del Derecho penal.

  2. En el caso de la pregunta 3, es interesante ver como se modifica la estructura orgánica de una de las 5 Funciones del Estado, como es la Función de Transparencia y Control Social, en lo que respecta con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social – ente de importancia ejecutiva en la selección de funcionarios públicos- que antes se elegían por medio de ternas seleccionadas por el Consejo Nacional Electoral mediante concursos públicos de oposición y méritos, en las que se le atribuyen injerencia de la Función Ejecutiva y que ahora se cambiarían al régimen de elección popular como el resto de autoridades públicas de esta naturaleza.

No obstante el momento importante de celebración de esta "fiesta democrática" será el día 4 de febrero del 2017,  en el que la ciudadanía establecerá su futuro sobre esta materia. Aunque es de sorprender que aún no se ha discutido temas importantes como la responsabilidad de los partidos políticos en los delitos de corrupción, así como el rol o importancia de las empresas y sociedad civil como actores importantes de la corrupción, puesto que la mira de la misma, según las preguntas que ha impulsado el ejecutivo, corresponde solo a la corrupción dentro del sector público. Sin embargo, es importante la iniciativa y más que todo se encuentra en el "climax" de un proceso social desgastado en el que la institucionalidad se encuentra en el debate público sufriendo una larga crisis de probidad.

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