Han pasado veinte años desde que el buque petrolero Exxon Valdez derramara enormes cantidades de petróleo en las costas de Alaska. La justicia americana se enfrenta aún a las secuelas de esa terrible tragedia.
Una madrugada de marzo de 1989, el buque petrolero Exxon Valdez derramaba 37 mil toneladas de crudo en las gélidas aguas de una bahía de Alaska. Las imágenes recorrieron el mundo entero. Estupefactos, millones de personas observaban la peor catástrofe ecológica de la historia ocasionada por el hombre. Han pasado casi veinte años desde aquel trágico suceso. Y no lo hemos conseguido olvidar.
Como era de esperar, pronto llegaron a los tribunales numerosas demandas contra la empresa propietaria de la nave. En 1994, un juez de primera instancia ordenó a la empresa otorgar una indemnización a los afectados de 287 millones de dólares. Adicionalmente, estableció que Exxon Mobil debía pagar 5 mil millones de dólares en daños punitivos (punitive damages) -nada menos que el equivalente a las ganancias del gigante corporativo durante ese mismo año-. La sentencia fue apelada y en 2006 un tribunal de apelación redujo la cifra a 2.5 mil millones. Se llevó el caso a Washington. En octubre de 2007, el Tribunal Supremo inició el trámite del proceso Exxon Shipping Company v. Baker.
La audiencia oral se celebró el 27 de febrero. La defensa de Exxon sostuvo que en el ámbito del Derecho marítimo, a diferencia de otras áreas, no se condena a los wrong-doers a pagar daños punitivos. Además, alegó que la empresa no puede responder por los actos culposos del capitán del barco. El procurador de la petrolera basaba su argumentación en un precedente judicial de 1818, la sentencia The Amiable Nancy. Dicha decisión señala que una vez que el barco zarpa, la empresa propietaria no tiene el control de los actos de la tripulación y, por tanto, no puede ser considerada responsable. El magistrado David Souter respondió tajantemente que esa decisión no se corresponde con la realidad actual, que obedece más bien a un tiempo en que no existía una tecnología de telecomunicaciones tan avanzada como ahora. Los demás magistrados también mostraron recelo con los argumentos de la petrolera.
Por su parte, para las víctimas del accidente, el castigo pecuniario es más que merecido. Los encargados de la Exxon conocían perfectamente que el capitán del barco, Joseph J. Hazelwood, tenía serios problemas de alcoholismo y, aún así, le permitieron seguir al mando de la nave. Hay indicios de que Hazelwood había ingerido alcohol la noche del accidente. La magnitud del desliz resulta incalculable. Las secuelas del derrame son todavía perceptibles en la región. Un artículo de la revista Science, de 2003, señaló que aún subsisten residuos de crudo en los alrededores.
Los daños punitivos son una institución jurídica propia del sistema anglosajón. Se establecen como castigo y ejemplo frente a conductas abiertamente negligentes. Durante los últimos años, muchos jueces han ordenado el pago de cifras astronómicas por este concepto, lo que ha originado una intensa crítica acerca de cuáles son los límites aplicables. En casos anteriores, el Supremo ha establecido que existen ciertos parámetros constitucionales para determinar los montos a pagar. Sin embargo, no se ha logrado el más mínimo consenso acerca de la fórmula adecuada para calcular tales apartados. Durante la audiencia, varios magistrados del ala más conservadora del tribunal mostraron su desánimo con los excesos jurisprudenciales en la determinación de estas condenas no compensatorias.
Se espera que el Supremo se pronuncie en julio. Es muy difícil predecir cuál será el resultado final. Más aún, si sólo participan ochos magistrados en este proceso -el conservador Samuel Alito se excusó por ser poseedor de acciones en Exxon-. Ello significa que la bancada progresista y el frente conservador se encuentran en situación de igualdad numérica. Ante un panorama así, sólo cabe esperar.
