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Internacional

25 de Febrero de 2011

La prueba ilícita penal en España y Estados Unidos. Notas comparadas. (I)

José Manuel Alcaide González,
abogado


Considero que al tratar la prueba ilícita penal o exclusionary rule(en EEUU) como punto de partida y antecedentes hay que hacer referencia  a la Constitución Federal de EE.UU. (1789, 1791),a su estructura y antigüedad; por lo que cuando hablamos de los derechos fundamentales y libertades, cabe recordar para situarnos en la cultura jurídica anglosajona que los derechos fundamentales y  las libertades públicas se hallan esencialmente en las Enmiendas Cuarta, Quinta, Sexta contenidas en la Bill of Rights y ésta adjunta a la Constitución de los Estados Unidas de América (United States Constitution). Las diez primeras enmiendas (Bill of Wrights) fueron ratificadas efectivamente el 15 de diciembre de 1791. Además es trascendente reseñar la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos ya que incluye, entre otras, la cláusula del debido proceso y la cláusula de protección igualitaria. Fue ratificada el 9 de julio de 1868.

 En España, ya sabemos que la Constitución de 1978 no posee ni mucho menos la tradición, desarrollo jurisprudencial ni evolución histórica que en EEUU. Por ello se evalúa que a causa de esta diferencia considerable de tiempo, el desarrollo jurisprudencial de ambas culturas jurídicas, y las peculiaridades de cada uno de los textos constitucionales confluyan en considerables y profundas diferencias.

Si el estudioso de la institución procesal pretende formar un criterio comparativo de la prueba ilícita o exclusionary rule se topará inicialmente tanto con razones histórico-políticas como de madurez constitucional que marcarán la creación y evolución de la jurisprudencia de ambos países.

 Al respecto de la prueba ilícita penal o regla de exclusión, en EEUU. se produce el  primer pronunciamiento en el año 1886, mientras que en España habrían de pasar casi cien años ya que hay que situarse en nuestro Tribunal Constitucional en el año 1984(STC.114/1984) para observar por primera vez la mención jurisprudencial de inadmisión de fuentes o pruebas en el proceso penal que vulneren derechos fundamentales. Dado que Norteamérica acumula un bagaje de doscientos años de evolución constitucional es natural que se hayan ocasionado innumerables pronunciamientos de sus Tribunales, en especial del Federal Supreme Court. Pero hay que especificar que si se analiza con realismo ha creado-saturado- tal entramado de reglas y normas de derecho judicial que producen desconcierto en todos sus operadores jurídicos. Se llega a un momento y grados de interpretación que no se sabe muy bien su significado, presentando a veces contradicciones de tanta evolución jurisprudencial.

        El momento de nacimiento de la regla de la exclusión (exclusionary rule) en EEUU. en términos absolutos, prohibiéndose la utilización de cualquier prueba que hubiese sido obtenida de forma ilícita, lo encontramos en el caso Boyd v. US (1886) mientras que en la sentencia Weeks v. US (1914) es cuando se prohíbe la admisión de pruebas obtenidas en un registro ilícito -Cuarta Enmienda- por atentar ese acto en sí mismo contra los derechos constitucionales del acusado.

De forma paralela a la exclusionary rule fue conformándose como extensión de ésta, la denominada doctrina norteamericana  de los frutos del árbol envenenado, que surge por primera vez en el caso Silversthorne Lumber Co. v United States (1920), pero no se acuña esta expresión hasta la sentencia Nardone v. United States (1939); el segundo supuesto trata de intervenciones telefónicas ilegales. Se negó el uso derivado o efecto reflejo de las informaciones halladas mediante esa intervención ilegal, pero se aventuró que todo hubiera sido distinto si se hubiera podido justificar que esos datos obtenidos derivaban de una fuente independiente.

 Dada su estructura federal, otro problema específico de los Estados Unidos, fue el abordado en el caso de Rochin v. California (342 U.S. 165 (1952), U.S. Supreme. Tres años antes en el caso de Wolf v. Colorado  338 U.S. 25 (1949), la Corte Suprema había permitido que se usara en un juicio estatal pruebas obtenidas ilícitamente por agentes federales, las cuales no podían ser presentadas por las autoridades federales en un juicio federal. A partir del precedente Rochin v. California-1952- fue de aplicación generalizada la exclusionary rule -prohibición- a todos los Estados, tomando como base la decimocuarta Enmienda sobre el «due process clause» y fue confirmada esta nueva regla en el caso Mapp vs Ohio (1961), por tratarse de un derecho fundamental en la Constitución americana.

En los años sesenta predominan los criterios conservadores y económicos durante la era Nixon, capaz de anteponer sus proyectos a cualquier consideración ética. Es el momento en el que comienzan a surgir numerosas excepciones que van a flexibilizar la rigidez con que inicialmente había sido formulada la regla de la exclusión. Es la época del balancing test, donde se pondera tanto el interés del ciudadano en el respeto de sus derechos fundamentales, como el de la sociedad en un intento de acabar con un extenso elenco de delitos graves, lo que conlleva no poder admitir estrictamente la regla de la exclusión.

Se produce el quebranto y deterioro de la regla de la exclusión en el caso United States v. León de 1984, cuyo primer exponente es ésta sentencia.

Su aplicación únicamente debía producirse en aquellos casos en que los beneficios derivados de ello, fuesen claramente superiores a sus costes sociales. Fue el momento en el que se enunció la good-faith exception de los agentes policiales como límite a la regla de exclusión

(Continuará.)


José Manuel Alcaide González,
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