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Internacional

10 de Mayo de 2011

Origen y regresión jurisprudencial de la prueba ilícita penal en España y EEUU. Notas comparadas (II)

La primera parte del artículo la finalizábamos indicando que en los años sesenta en EEUU la regla de exclusión había dado un giro sustancial, continuando con el transcurso de los años su devenir retrógrado desde la perspectiva de los derechos fundamentales (en aquel país las Enmiendas de su Constitución, sobre todo la IV y V).

José Manuel Alcaide González,
abogado


En esta línea exponíamos, que en los años ochenta surgió en la jurisprudencia norteamericana una excepción a la regla de exclusión denominada good-faith exception de los agentes policiales. El caso United States v. León de 1984 significa el primer exponente de esta nueva limitación de la regla de exclusión, que se irá viendo abocada a una paulatina atenuación de garantías de su doctrinal inicial.

El Tribunal afirmó en dicho asunto que sí hay una excepción. Los jueces sustentaron que la evidencia-prueba o fuente de prueba - encontrada a raíz de una orden de registro emitida por error se podría introducir en el juicio. La regla de exclusión, según la mayoría, no es un derecho, sino un remedio justificado por su capacidad para disuadir la conducta ilegal de la policía. En el caso León de 1984, los costos de la regla de exclusión sobrepasaban los beneficios. Conforme al parecer del Tribunal "la regla de exclusión es muy costosa para la sociedad: los acusados ​​culpables quedan impunes y la gente pierde el respeto de la ley", añadiendo los Magistrados que los beneficios de la regla de exclusión no son seguros. La norma no puede disuadir a la policía en un caso como León, donde actúan de buena fe en una orden emitida por un juez.

En el asunto Massachusetts v Sheppard (1984), la negligencia policial y judicial llevaron a que se utilizara un formulario ya usado para habilitar la entrada y registro, cuyo objeto de búsqueda era distinto. Esta «irregularidad procesal» llevó a que, con posterioridad, se reputara ilícita la entrada pero que la buena fe de la policía llevara a dar como buenas las pruebas obtenidas en ese registro.

En el caso Hudson v. Michigan (2006) Booker T. Hudson was convicted of drug and firearm possession in state court after police found cocaine and a gun in his home. Booker T. Hudson fue condenado en el Tribunal estatal por posesión de drogas y de armas de fuego después de que la policía le encontrase cocaína y una pistola en su casa. Aunque tenía una orden de registro la policía no cumplió la regla -knock and announce rule- derivada de la cuarta enmienda. Esta regla exige a los policías que deben esperar 20-30 segundos después de llamar a la puerta y dar a conocer su presencia antes de que entren en el hogar. El juez de primera instancia penal decidió que las pruebas halladas en la casa no podrían ser utilizadas. El Tribunal de Apelaciones de Michigan lo revocó, fundamentando su decisión en dos casos del Tribunal Supremo del Estado de Michigan: habían apreciado una excepción a la supresión de las pruebas que en otro caso y cuestión se habrían sido conseguidas inevitablemente.

El caso Virginia v. Moore (2008). Se inició el 20 de febrero de 2003, cuando dos detectives en Portsmouth, Virginia, recibieron un aviso de radio alertándoles que un particular conducía un coche con el permiso de conducir suspendido. Los agentes detuvieron David Lee Moore, creyendo que estaba quebrantando la ley estatal de conducir con un permiso suspendido. En este Estado es un delito menor y se procedió al arresto de Moore, si bien en un registro posterior mientras estaba en custodia, encontraron 16 gramos de cocaína y 516 dólares en efectivo en el bolsillo del pantalón.  Fue acusado de posesión de cocaína con intención de traficar. Moore trató ante un Tribunal de Primera Instancia de que no fuesen admitidas las pruebas sobre drogas, alegando que el registro había violado sus derechos de la Cuarta Enmienda.  

         Su petición de supresión de pruebas fue denegada. Posteriormente en un juicio sin jurado Moore fue declarado culpable de tráfico de cocaína y lo condenó a una pena de prisión de 5 años. La Corte Suprema del Estado entendió que la policía lo detuvo irregularmente, en lugar de hacerle entrega de una citación y dejarlo en libertad, por lo que la detención no era válida bajo la ley estatal, el registro que siguió a la detención fue inválido, y las pruebas obtenidas en el registro o cacheo tuvieron que ser suprimidas.

            El Estado de Virginia mediante recurso de certiorari (El Certiorari es un medio de impugnación que puede interponerse contra las resoluciones estatales y se revisan ante el Tribunal de Apelaciones- existen varios circuitos en EEUU y tienen ámbito federal-. Las Sentencias finales del Tribunal de Apelaciones se recurren al Tribunal Supremo, utilizando también un recurso de Certiorari) recurrió ante el Tribunal Supremo Federal de los EEUU. Éste efectuó un análisis sobre la Cuarta Enmienda, razonó y declaró que si un agente de policía viola la Cuarta Enmienda al hacer una detención basada en una causa probable, convencido de  que una persona ha cometido un delito en su presencia, pero prohibida por la ley estatal, la expresada Enmienda les permite realizar un arresto, y el registro del vehículo, así como el cacheo del sospechoso con el fin de preservar las pruebas y garantizar su propia seguridad, al tratarse de una cuestión de derecho constitucional federal. El Tribunal formuló que se reafirmaban contra un nuevo desafío sobre lo que había señalado hacía más de medio siglo, La sentencia de la Corte Suprema de Virginia se revoca por el Tribunal Supremo Federal.

            En la siguiente parte haremos reseña de las "advertencias de Miranda" (Miranda warnings) instauradas en el caso Miranda v. Arizona en 1966. Constituye un precedente histórico sobre desarrollo de la V Enmienda y en concreto al derecho fundamental a "no declarar contra sí mismo en un proceso criminal". En España es sabido que la declaración y regulación de los derechos del detenido se hallan en el art. 17.3 CE y art. 520 LECRm. La diferencia primordial radica en que EEUU su creación ha sido por el derecho judicial del precedente, emanado del Tribunal Supremo Federal y paradójicamente en 1966, después de 175 años de la promulgación de su Constitución Federal......CONTINUARÁ.... 


José Manuel Alcaide González,
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