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Internacional

2 de Febrero de 2009

Piratas como terroristas marítimos

Los actos de piratería aumentan y nadie debería sorprenderse. La piratería roba fondos para individuos en las zonas más empobrecidas del planeta y no parece que existan posibilidades de perseguirla penalmente. Esta amenaza sólo desaparecerá si los estados establecen sistemas que la desalienten y, a su vez, promueven mecanismos legales de obtención de financiación. Para lograrlo, habrá que aplicar una solución doble: definir la piratería como acto de terrorismo marítimo y lograr estabilidad en las regiones más susceptibles a ella.

Angie Raymond,
Profesora del Queen Mary College y del Programa de Derecho Angloamericano de la Universidad de Navarra


Históricamente, la piratería se concibió como un crimen contra la humanidad. Tal y como explica Douglas Burgess en el New York Times (5 Dic 2008), "La definición de piratas como enemigos de la raza humana está reconocida en las leyes y numerosos tratados de Gran Bretaña y Estados Unidos". Por supuesto, los crímenes contra la humanidad deben comprender el concepto habitual de terrorismo.

De este modo, si bien es cierto que la piratería carece de los parámetros propios del terrorismo moderno, desde el punto de vista histórico, éste no ha sido caracterizado sino como acciones perjudiciales para una nación.

En el momento en que la definición de terrorismo empieza a recuperar su pasado status se empiezan a plantear diversas cuestiones. La más urgente aborda qué institución representará la voluntad de la humanidad. O lo que es lo mismo, qué Estado o entidad deberá actuar como el policía del planeta.

En el pasado, precisamente porque los piratas se consideraban enemigos de todos los estados y no de uno sólo, todas las naciones compartían el deber de  capturarlos. La creencia de que estos delincuentes se hallan dentro de la doctrina de la jurisdicción universal es el motivo por el que podían ser capturados allí donde se encontrasen y por quien quiera que lo hiciera.

Cabe preguntarse entonces por qué ninguna nación o institución internacional ha frenado sus acciones. Me temo que la respuesta es sencilla. Perseguir a un criminal es una tarea cara, sobre todo  cuando no procede del país donde se le juzga o no ha cometido un delito contra un individuo de la nación que lo procesa. Además, en los últimos tiempos ha surgido una enérgica protesta contra aquellos que decidieron actuar como policías del mundo. Esta reacción, unida a los costes, desanimó a los Estados incluso cuando las acciones perseguidas eran punibles penalmente.

El panorama presenta entonces como única alternativa el desarrollo de una definición legal que reconozca la unión entre piratería y terrorismo. Probablemente, si este concepto se ratificase provocaría  el establecimiento de un tribunal internacional diseñado para lidiar con el terrorismo marítimo. Dicho órgano  dividiría sus gastos entre los Estados y evitaría las críticas.

Por último, las regiones especialmente sensibles a estas acciones deben buscar la estabilidad. De lo contrario, no resulta extraño que personas que viven en la miseria recurran a los medios que sean necesarios para sobrevivir. Sobre todo, en situaciones en las que el acto criminal reporta un gran beneficio económico.


Angie Raymond,
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