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Internacional

15 de Marzo de 2016

Acuerdo de dudosa legalidad entre el Consejo Europeo y Turquía sobre la crisis de los refugiados

El Acuerdo alcanzado entre el Consejo Europeo y Turquía, mediante la fórmula «one to one», consiste en que por cada sirio que sea devuelto a Turquía desde las islas griegas, otro sirio que esté en Turquía será acogido por la Unión Europea.

Mª Cruz Urcelay Lecue
Directora de la revista Unión Europea Aranzadi
mcurcelay@gmail.com


El pasado lunes, 8 de marzo, tuvo lugar en Bruselas, una reunión extraordinaria del Consejo Europeo con Turquía para abordar el complicado asunto de la crisis de los refugiados.

La madrugada del martes, el Presidente del Consejo Europeo, Donal Tusk, el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker y el Primer Ministro turco, Ahmet Davutoglu, informaron a los medios de comunicación que habían dado un paso cualitativo para llegar a un acuerdo, aunque hacía falta más tiempo para cerrarlo, y para ello, acordaron reunirse de nuevo los próximos días 17 y 18 de marzo. 

En líneas generales, la idea es colaborar con Ankara como si formase parte del llamado «Reglamento de Dublín III», Reglamento (UE) núm. 604/2013 (LCEur 2013, 958)  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida.

En primer lugar, es preciso recordar que el Reglamento Dublín III tiene su origen en el Convenio de Dublín, o acuerdos de Dublín, que fueron adoptados para racionalizar los procesos de postulación de solicitantes de asilo de acuerdo a la Convención de Ginebra. Su objetivo es intentar clarificar cuál es el Estado miembro responsable de un solicitante de asilo particular, y asegurar que al menos un Estado miembro tramita la solicitud. Normalmente, éste es el Estado miembro en donde el solicitante entró por primera vez a la Unión Europea. En 2003, el Convenio de Dublín fue reemplazado por el Reglamento núm. 343/2003 (LCEur 2003, 406), llamado Dublín II. En 2008, la Comisión Europea propuso modificarlo, dando así la oportunidad para reformar el «sistema de Dublín». En 2013, fue adoptado el Reglamento Dublín III por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE -derogando Dublín II- vigente en estos momentos.

Este Reglamento Dublín III establece que los inmigrantes deben registrarse en el primer Estado miembro por el que entran a la Unión Europea, en este caso Grecia. De hecho la intención del Consejo es llegar un acuerdo con Atenas para que se vuelva a aplicar el Reglamento de Dublín al 100%, y acoja a todos los refugiados repartidos en diferentes países de la UE, pero que según dicho Reglamento deberían estar en Grecia, pero este país, ha actuado como Estado (pasillo o corredor) de paso de los inmigrantes hacia el resto de países de la Unión sobre todo, a los que los refugiados más desean llegar, como son Alemania y Suecia.

El plan inicial: es aplicar la formula «one to one», de tal manera que se lleve a cabo la devolución a Turquía de todo nuevo inmigrante ilegal que llegue a las islas griegas, y a cambio, otro inmigrante que esté en Turquía sea acogido por la UE.

Como informaron los dirigentes europeos, la idea es hacer como si Turquía formase parte del llamado «Reglamento de Dublín III», de forma que los inmigrantes devueltos a Turquía deberían registrarse en los centros de registro que habrá en ese país, donde tendrán la seguridad de ser protegidos por la Unión Europea.

Respecto a la dudosa legalidad de este acuerdo criticado y cuestionado por la ONU, ACNUR, ONGs etc.. el presidente de la Comisión explicó que la Directiva 2011/95/UE de 13 de diciembre (LCEur 2011, 2173), que establece normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, permite a los Estados miembros, rechazar una solicitud de asilo si consideran que el país tercero, no perteneciente a la UE, al que se envía al solicitante, en este caso Turquía para Grecia, es un país seguro.

Otras normas aplicables para valorar la legalidad del acuerdo son la Directiva 2013/33/UE de 26 de junio de 2013 (LCEur 2013, 960) por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, que deroga a la anterior Directiva 2003/9/CE (LCEur 2003, 263) a partir del 21 de julio de 2015.

Para hacer frente a esta llegada masiva de  inmigrantes, Turquía solicita, por un lado, una compensación económica, de unos 6.000 millones de euros, ya que  a los 3000 millones de euros que se acordaron entregar en noviembre para 2016 y 2017, hay que añadir ahora otros 3.000 millones más para 2018.

Y, por otro lado, Turquía solicita que se acelere el proceso negociador para su incorporación a la UE, que se inició en 2005, y que la eliminación de visados para sus ciudadanos, entre en vigor en junio de 2016, en lugar de octubre.

Turquía solicitó su ingreso en la UE en 1987, para  lo cual debe cumplir con los llamados «Criterios de Copenhague», algo que, de momento, no parece fácil de conseguir y menos cuando las  noticias que llegan desde ese país son atentados a libertad de prensa como la intervención del principal periódico del país («Zamán») crítico con el gobierno de Ankara.

Habrá que esperar a la próxima reunión del Consejo Europeo los días 17 y 18 de marzo para saber más detalles sobre este "conflictivo" acuerdo....

Más información en la revista ARANZADI UNIÓN EUROPEA. Abril 2016

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