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Internacional

19 de Octubre de 2016

Bruselas, decidida a poner orden ante la disparidad de salarios mínimos en la UE

La Unión Europea quiere tomar cartas en el asunto para regular los sueldos mínimos que se perciben en los diferentes países miembros, un estatus salarial al que se acoge de media entre el 10% y el 15% de los trabajadores en suelo comunitario, según el último estudio de Eurostat.

María López Nalda,
Licenciada en Periodismo

Pierre Boulat,
Licenciado en Derecho


En la actualidad, no existe ninguna regulación comunitaria al respecto, si bien los pasos para allanar el camino hacia un marco común en este campo se hicieron más notorios desde el año 2015, fecha en la que Alemania incorporó por primera vez en su normativa laboral la concepción del pago mínimo de 8,50 euros la hora.

Y es que si hubiese que elegir un término para definir la situación de los salarios mínimos en la Unión Europea posiblemente sería el de disparidad. Seis de los 28 Estados miembros no cuentan con ninguna regulación acerca del salario mínimo (Austria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia) y en cuanto al resto de países, la horquilla oscila entre el salario mínimo mensual de 215 euros en Bulgaria y el de 1.923 euros de Luxemburgo (casi nueve veces superior).

SMI_UE.jpg

La posibilidad de establecer un SMI europeo se formuló por primera vez de manera oficial en un informe sobre el dumping social dirigido por el eurodiputado francés Guillaume Balas, quien recomendó la aplicación gradual de un salario mínimo a nivel europeo. Según el político galo, esta medida se debe implementar en cada país y representar, al menos, el 60% del salario medio nacional.

La idea de avanzar en el tema de la "igualdad salarial" ha recibido un significativo apoyo por parte del Presidente de la Comisión Europea. Durante su discurso sobre el Estado de la Unión en el mes de septiembre, Jean-Claude Juncker afirmó que "los trabajadores deben recibir el mismo salario por el mismo trabajo en el mismo lugar. Es una cuestión de justicia social".

Este hito reciente ha incrementado la presión sobre una cuestión que está generando ciertas controversias entre los países miembros.

Una polémica reforma de la Directiva de trabajadores desplazados

La obligación de fijar un SMI a nivel europeo se incluyó en el proyecto de reforma de la Directiva 96/71/CE de los trabajadores desplazados en marzo de 2016. Una reforma que, según el calendario establecido, debería haber sido transpuesta en junio de 2016 pero que se ha visto retrasada por los enfrentamientos de los Estados miembros sobre algunos de sus puntos.

Conviene recordar que, entre sus objetivos, esta directiva se formuló para "proteger los derechos sociales de los trabajadores desplazados cuando las empresas utilicen su libertad de prestar servicios y para facilitar el ejercicio de dicha libertad".

Los socios de Europa del Este son los principales opositores al proyecto de revisión de la directiva de los trabajadores desplazados. Y es que en estos países, los salarios mínimos se encuentran entre los más bajos del continente, de manera que el establecimiento de un salario mínimo podría dañar su ventaja competitiva.

El principal problema para Bruselas es encontrar una base jurídica sólida porque hasta el momento las competencias de la UE sobre este tema son muy limitadas. En efecto, el artículo 153 del Tratado de Lisboa establece que la UE puede "apoyar y complementar la acción de los Estados miembros" en cuanto a salarios se refiere, pero no realizar imposiciones sobre un tema que se encuentra fuera de su competencia directa.


María López Nalda,
Número de artículos del autor 38
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Pierre Boulat,
Número de artículos del autor 38
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