Los casos presentados en Luxemburgo tardan una media de cuatro años en resolverse. Se estima que las indemnizaciones a los afectados por dichos retrasos pueden suponer alrededor de 30 millones de euros a las arcas de la Unión Europea. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoce que no puede atender las necesidades que se plantean y reclama más recursos y un aumento del número de jueces de forma inmediata.
Los retrasos judiciales son uno de los principales caballos de batalla del sector judicial en la mayoría de los países comunitarios, entre ellos España, un problema que también se deja sentir a las puertas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El número de casos en la lista de espera del TJUE ha aumentado de forma dramática sobre todo en temas de patentes, registro de marcas y otras cuestiones mercantiles. Conviene advertir que la evolución de casos presentados ante dicho órgano jurisdiccional prácticamente se ha triplicado entre los años 2000 (398 asuntos) y 2014 (912).
De media, un caso que se presenta ante la institución comunitaria puede tardar cerca de cuatro años en ser escuchado. Por este motivo, el TJUE está siendo objeto de denuncias por parte de los afectados por los retrasos que acumula a la hora de dirimir determinadas cuestiones.
Hasta el momento, cinco empresas han reclamado daños y perjuicios, sobre la base de la violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable (art. 47 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).
De prosperar, las indemnizaciones compensatorias del TJUE podrían suponer más de 27 millones de euros.
Una posible reforma a la vista
En realidad, la sobrecarga del Tribunal Europeo de Justicia se ha manifestado desde hace décadas, si bien, algunas medidas para dotarlo de más recursos, especialmente humanos, no han llegado a materializarse.
En 2011, se suponía que se iban a nombrar 12 jueces adicionales (de 27 a 39), pero esto nunca llegó a producirse porque la UE no alcanzó el acuerdo de los diferentes países para que dicha solución prosperase. La demanda fracasó por el método de designación: mientras los grandes estados defendían una selección "por mérito", los pequeños exigieron una "rotación igualitaria".
Ante este fracaso en las negociaciones, en 2014, la Presidencia italiana del Consejo invitó al TJUE a presentar una nueva propuesta dado "que la situación no ha mejorado".
En abril de este año, el TJUE, emitió un comunicado en el cual señalaba que el "aumento espectacular [de casos] resulta estructural y hay riesgo de que siga creciendo". Si bien reconoce que se han realizado grandes esfuerzos, "no ha sido posible para el Tribunal moderar el ritmo de crecimiento de los casos pendientes" y el plazo para resolverlo. En definitiva, "en las actuales circunstancias, la Corte no es capaz de hacer frente, de manera sostenible y eficiente, al número y la mayor complejidad de los casos que debe tratar".
Asimismo, la institución planteó las líneas generales de una posible reforma del sistema judicial. Entre ellas, propone que se duplique el número de jueces de forma gradual hasta alcanzar 56 magistrados, una medida que tendría un coste extraordinario de aproximadamente 14 millones de euros. Tras pasar por el Consejo, corresponde ahora al Parlamento Europeo evaluar esta propuesta y, en su caso, dar luz verde.
De aceptarse, el equipo actual de 28 jueces (uno por cada estado miembro) se vería reforzado en tres etapas, de acuerdo con el siguiente calendario:
- En 2015, un aumento de 12 jueces;
- En 2016, el número de jueces se incrementaría en 7, a través de la integración del Tribunal de la Función Pública (TFP), de manera que el número de jueces sería de 47;
- En 2019, con la incorporación de nueve miembros, la plantilla llegaría a 56 jueces.
Según el Tribunal, "esta división en tres fases se justifica por razones jurisdiccionales (seguir el desarrollo constante del litigio) y razones presupuestarias (escalonar el crecimiento de jueces durante varios años para suavizar las consecuencias económicas de la reforma propuesta)".
El órgano jurisdiccional entiende que su puesta en práctica permitiría detener el creciente número de casos pendientes y comenzar la resolución de éstos.
Además, la arquitectura jurídica de la Unión se simplificaría, fortaleciendo su eficacia general y la coherencia de su jurisprudencia, ya que, una sola jurisdicción, el Tribunal de Justicia, sería responsable de garantizar la uniformidad de la interpretación de las normas.
Con esta reforma, se considera que ganaría flexibilidad en el tratamiento de los conflictos: así, en aras de la buena administración de la justicia, se asignaría un número más o menos importante de jueces a una o más cámaras, de acuerdo con la importancia y necesidades de cada caso y la evolución del litigio.
Una reforma discutida
El Presidente del Tribunal General, el luxemburgués Marc Jaeger, dijo sin rodeos en una carta enviada a la Presidencia italiana el pasado 9 de diciembre, que "la propuesta de duplicar el número de magistrados y suprimir el TFP, no es adecuada en relación con las perspectivas a medio plazo de un litigio". Para Jaeger, "hay métodos más adecuados, más eficaces y menos costosos para fortalecer la institución y para lograr un mejor resultado, e incluso más rápido para el litigante". Además, Jaeger sostiene que existen otras posibilidades como aumentar el número de asistentes judiciales o reforzar el resto del personal de la Corte.
Por último, conviene señalar que muchos observadores apuntan a un problema de productividad real dentro del Tribunal. A título de ejemplo, si el presidente Jaeger cerró 55 casos en 2014, su colega estonio, Lauri Madise, sólo resolvió 9. Si bien es cierto que la resolución de cada caso depende de su complejidad, parece claro que existe un problema de rendimiento y de gestión de recursos humanos dentro de la Corte en su conjunto.
