Fraude fiscal y algunas mejoras en el sistema de control. Éstos han sido los dos grandes hallazgos de un reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) tras someter a análisis el mercado de emisiones, un pilar esencial en la lucha contra el cambio climático y referente en todo el mundo.
Este sistema innovador se puso en marcha en 2005 (Directiva 2003/87/CE) para cumplir con los objetivos iniciales del protocolo de Kyoto de 11 de diciembre de 1997. En estos momentos, se encuentra en su tercera fase de aplicación (2013-2020) y, más allá de la reducción de emisiones hasta determinados límites, establece un mecanismo de fijación de precios de carbono lo suficientemente alto como para promover la tecnología baja en emisiones.
El sistema (que ha sido imitado por Tailandia, Vietnam y China, entre otros países), está pensado para que se introduzcan sucesivas mejoras, mayor supervisión y cooperación de los Estados. Pero lo que desvela el informe es que la gestión por parte de la Comisión Europea y los Estados miembros no ha sido la más adecuada en todos los aspectos. Entre otros incidentes, se ha detectado el presunto robo de derechos de emisión y el fraude de carrusel del IVA.
Sobre este último conviene advertir que el informe general de actividades de la Europol ya estimaba que las pérdidas por fraudes en el sistema de créditos de carbono entre 2008 y 2009 ascendían a aproximadamente 5.000 millones de euros.
Para combatir esta actividad delictiva comercial transfronteriza, se adoptó la Directiva 2010/23/UE destinada a aplicar un mecanismo de inversión del sujeto pasivo para luchar contra el fraude en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), haciendo recaer la obligación tributaria sobre la persona a la que se transfieren los derechos de emisión, una disposición que se ha prorrogado hasta 2018 (Directiva 2013/43/UE). Eso sí, reconoce el informe, con insuficiencias significativas en la práctica dado que "los Estados miembros decidieron aplicar la Directiva del RCDE UE de maneras diversas".
Así, uno de los grandes problemas que ha destapado el estudio del Tribunal de Cuentas es que casi una tercera parte de los Estados miembros no había aplicado estos mecanismos. Es decir, la Unión Europea todavía no ha afrontado plenamente el riesgo de fraude en el IVA de los derechos de emisión.
En este sentido, Kevin Cardiff, director del informe, afirmaba que "teniendo en cuenta los enormes intereses financieros de este mercado de carbono, que representa miles de millones de euros […] es necesario hacer mejoras en el marco de la protección de la integridad del mercado".
En este sentido, el organismo supervisor ha puesto sobre la mesa una serie de recomendaciones para los diferentes actores:
- A la Comisión Europea dirige el grueso de sus propuestas de mejora. En primer lugar, el TCE advierte que se deben resolver las dificultades pendientes del mercado de emisiones, sugiriendo que, en la próxima revisión de la legislación derivada de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) y del Reglamento sobre abuso de mercado, se incorporen los riesgos potenciales detectados relativos al fraude y transparencia en este ámbito.
En esta línea, el Tribunal insta a la Comisión a aclarar la definición legal de derechos de emisión y a seguir mejorando el sistema de información del RCDE UE (Registro de la Unión y sus procedimientos), a reforzar el marco de control entre los Estados miembros y a realizar un seguimiento eficaz de las actividades transfronterizas, proporcionando una estructura adecuada e introduciendo cuantas modificaciones sean necesarias a lo largo de la fase III para supervisar y verificar las emisiones.
Y es que, si algo ha destapado la investigación del TCE, es que la información y la cooperación se erigen como ejes fundamentales en la lucha contra el fraude y señala a la Comisión como responsable de dirigir el rumbo de los países, indicándoles qué datos precisa para tomar el control de la situación en aras de armonizar las dispares condiciones actuales. Todo ello debe conducir a una mayor transparencia en la imposición de sanciones relativas al comercio inadecuado de emisiones.
- En cuanto a los Estados miembros, el TCE les insta a mejorar la cooperación con las autoridades competentes del Registro de la Unión, así como con otras unidades de información financiera y servicios policiales. Así, los Estados deben velar por la calidad y acreditación de los procesos, facilitando a la Comisión la información que les sea puntualmente requerida para fomentar la transparencia del mercado.
Por último, en lo referente a las sanciones, el TCE recomienda una aplicación coherente de las mismas de acuerdo con lo previsto en la Directiva y la legislación nacional de cada Estado.
Ante estas recomendaciones, la Comisión Europea se ha comprometido a evaluar las normas recientemente adoptadas sobre la regulación y supervisión del mercado de emisiones, que actualmente se encuentran en fase de aplicación, en el marco de los informes que deben ser presentados por la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo en 2019.
Conviene recordar que todas estas medidas se engloban dentro de los objetivos para la lucha contra el cambio climático con una meta inmediata en el año 2020, momento en el que se espera alcanzar una reducción de, al menos, un 20% de las emisiones respecto a los niveles de 2005. Una carrera de fondo en la que la Comisión va más allá, poniendo el listón en un 43% y un 80% en los años 2030 y 2050, respectivamente.
