El 1 de julio Estonia ha asumido la presidencia semestral del Consejo de la Unión, tras declinar el Reino Unido como consecuencia del voto sobre el Brexit, la responsabilidad que le hubiera correspondido.
Así, saltó el turno, de forma que corresponde a la república báltica el ejercicio presidencial. El programa semestral estonio, bajo el eslogan "la unidad por el equilibrio", incluye cuatro prioridades:
1) una economía europea abierta e innovadora: pretende favorecer la consecución de un entorno comercial que favorezca el crecimiento y la competitividad. 2) Una Europa segura y protegida: solo conservando su unidad en la escena internacional, la UE podrá proteger a sus ciudadanos y promover la paz, la prosperidad y la estabilidad. Se incluye el refuerzo de la seguridad interior, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, la protección de las fronteras exteriores; así como continuar la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo y el desarrollo de la cooperación europea de defensa. 3) Una Europa digital y la libre circulación de datos: la presidencia promoverá la consecución del mercado único digital conectado para todos de aquí al final de 2018, desarrollando los servicios y el comercio digital transfronterizo. En este ámbito, el 29 de septiembre se llevará a cabo en Tallin una importante Cumbre digital para discutir la mejor manera de adoptar los cambios tecnológicos y todas las ventajas de ellos derivados. 4) Una Europa duradera y abierta a todos: el programa de trabajo presidencial incluye medidas para promover la movilidad de la mano de obra y la libre circulación de personas; garantizar la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo y asegurar un medio ambiente sostenible.
Recordemos además que el semestre estonio da inicio a un nuevo periodo tripresidencial que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2017 incluyendo además los periodos sucesivos de presidencia semestral búlgaro y austriaco. El Consejo publicó el 2 de junio el programa de trabajo conjunto de las tres presidencias. El reforzamiento de la unidad y la solidaridad europea será la prioridad del semestre búlgaro (Bulgaria es el Estado más pobre de la Unión, por lo que concede gran importancia a la política de cohesión a desarrollar tras el 2020: la adaptación de normas más simples y más proporcionadas para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y que refuerce la complementariedad entre los fondos de la UE; modernización de la Política Agrícola Común, etc.). Austria por su parte, colocará al ciudadano en el centro de su presidencia, concentrándose en las cuestiones más urgentes, lo que incluye la seguridad y la inmigración, además de finalizar los dosieres abiertos del periodo tripresidencial. La tripresidencia impulsará además el debate sobre el futuro de la UE a 27. El programa incluye los siguientes apartados: a) una Unión de empleo, crecimiento y competitividad, que incluye también la profundización de la UEM completando la Unión Bancaria y acelerando la Unión de Mercados de Capitales. b) Una Unión que empodere y proteja a todos los ciudadanos, lo que incluye el pilar europeo de derechos sociales así como el respeto del Estado de Derecho en todos los Estados miembros. c) Hacia una Unión de la Energía con una política climática orientada al futuro (se trata de ultimar las normas de aplicación y de seguimiento del Acuerdo de Paris). d) Una Unión de libertad, seguridad y justicia: se proponen avances en relación con la gestión de la migración así como en la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo. e) La Unión como actor fuerte a nivel mundial: se centrará en la aplicación de la Estrategia Global y el desarrollo de la PESC y la PCSD en los próximos años.
…………
El día 4 de julio, con la aprobación del Parlamento Europeo por 517 votos a favor, 77 en contra y 89 abstenciones, concluyó el proceso de nombramiento de la búlgara Mariya Gabriel como nueva Comisaria de Sociedad y Economía Digital, tras la audición ante la comisión parlamentaria correspondiente del 20 de junio. El puesto estaba vacante desde que la dimisión de Kristalina Georgieva para incorporarse al Banco Mundial, dejó a Bulgaria sin representación en la Comisión. La nueva Comisaria, integrante del Partido Popular Europeo, se encargará de desarrollar el mercado único digital.
El 19 de junio se iniciaron en la sede de la Comisión en Bruselas, las negociaciones que deber permitir al Reino Unido abandonar la Unión en 2019. Fue la primera reunión oficial de los dos equipos negociadores encabezados por Michel Barnier por parte de la UE y David Davis por parte del Reino Unido. En esta fase de las negociaciones, la reunión de ambos equipos se producirá una vez al mes durante una semana y se centrarán en los derechos de los 3,2 millones de ciudadanos europeos que residen en Reino Unido y de los 1,2 millones de británicos residentes en Europa, la factura que deberá abonar Reino Unido así como la frontera externa de la UE en Irlanda del Norte, para lo cual se han establecido tres grupos de trabajo. El 28 de julio se produjo la segunda ronda negociadora; están previstas las siguientes rondas para el 28 de agosto, el 18 de septiembre y el 9 de octubre.
El 30 de mayo la Comisión presentó el proyecto de presupuesto para 2018, que ascendía en créditos de compromiso a 161.000 millones de euros -1,4% más que en 2017- y a 145.000 millones de euros -8,1% más que en 2017- en créditos de pago (el presupuesto de la UE incluye "créditos de compromiso" para referirse a la financiación jurídicamente vinculante comprometida para efectuar gastos en actividades cuya ejecución puede cubrir varios ejercicios presupuestarios y "créditos de pago" para referirse al dinero realmente desembolsado). El 12 de julio, el Consejo aprobó su propia posición acerca del presupuesto de cara a las negociaciones con el Parlamento Europeo que comenzarán en octubre. La posición del Consejo se eleva a 158.900 millones de euros en compromisos y 144.400 millones de euros en pagos (es decir, un 0,6% y un 7,4% de aumento respectivamente con respecto al presupuesto de 2017).
En otro orden de cosas, nos hacemos eco ahora de la creciente complicación que está generando el comportamiento de algunos Estados miembros en el seno de la Unión. Así, a mediados de junio la Comisión amenazó con sancionar a Hungría, Polonia y la República Checa por su incumplimiento respecto a las cuotas de admisión de refugiados acordadas en septiembre de 2015. En esas fechas, Hungría y Polonia no habían admitido aún ningún demandante de asilo y la República Checa había admitido a 12 personas únicamente (y ninguna desde mayo de 2016). Recordemos que Hungría ya había sido objeto de un procedimiento de infracción por su reciente ley de Enseñanza Superior (comentada en nuestra crónica del mes de mayo). Ahora, el 13 de julio, la Comisión inicia un nuevo procedimiento de infracción contra este país como consecuencia de la Ley relativa a las ONGs beneficiarias de capitales extranjeros adoptada el pasado 13 de junio. Esta Ley húngara impone nuevas obligaciones y restricciones a ciertas categorías de ONGs. La Comisión ha enviado al Gobierno húngaro una carta de emplazamiento, lo que supone la primera etapa del procedimiento de infracción que puede llegar hasta el Tribunal de Luxemburgo. El 19 de julio por su parte, la Comisión inició también otro procedimiento de infracción contra Polonia como consecuencia de la reforma legislativa que coloca al poder judicial bajo el control del poder político, anulando en la práctica la división de poderes clásica de los Estados de derecho. Tras los incumplimientos sistemáticos del gobierno ultraconservador polaco y su deriva autoritaria, las instituciones comunitarias están contemplando la posibilidad de dar un paso más e invocar el artículo 7 del Tratado de la Unión, previsto para "el caso de existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2" que puede incluso llegar a anular los derechos de voto del Estado infractor. Este procedimiento nunca se ha utilizado hasta el momento.
En otro orden de cosas, señalar que la Patente europea será lanzada en 2018. Entonces, un solo procedimiento permitirá registrar una patente en 26 Estados miembros simultáneamente. El proyecto no contará, inicialmente al menos, con España que se ha opuesto al mismo porque no contempla el español, como lengua de registro de patentes (estas son el inglés, el francés y el alemán). El presidente de la Oficina Europea de Patentes aduce una razón de reducción de costes y de origen de las patentes para esta decisión: un 80% de las patentes vienen de Francia, Alemania y Reino Unido (por ejemplo, mientras que en 2016 Alemania depositó 25.086 demandas de patentes, España depositó 1.558). De las 95.940 patentes europeas concedidas en 2016, España obtuvo 752. El nuevo sistema permitirá crear un registro único de patentes para cada innovación, sin que sea necesario presentarla en cada Estado miembro, lo que supondrá una reducción del 70% de los costes administrativos para las empresas y administraciones.
