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Internacional

10 de Octubre de 2014

España suspende en la aplicación del derecho europeo según la Comisión

Desde 1984, la Comisión Europea elabora un informe anual sobre el seguimiento de la aplicación del derecho de la UE. La última versión de este documento reúne los datos a cierre de 2013 y pone de manifiesto que España es uno de los países con más dificultades a la hora de poner en práctica las directrices comunitarias.

María López Nalda,
Licenciada en Periodismo

Pierre Boulat,
Licenciado en Derecho


De acuerdo con el último informe sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE de la Comisión, el número de procedimientos de infracción se ha reducido drásticamente en los últimos años. Por su parte, los casos resueltos gracias a los mecanismos de conciliación antes de que la Comisión proceda a iniciar la primera fase de tramitación de una sanción, como Pilot UE, han aumentado.

En línea con los datos de la anterior oleada de 2012, en el último estudio queda patente que la mayoría de las faltas (62%) están relacionadas con el incumplimiento de la legislación comunitaria en ámbitos como medio ambiente, fiscalidad, transporte, mercado interior y servicios.

El documento también revela que los tres Estados miembros que han registrado el peor balance en este sentido son Italia, España y Grecia. Por el contrario, Letonia, Malta y Estonia se sitúan entre los socios europeos más cumplidores con los requerimientos de Bruselas.

El principal punto de discordia concierne a las directivas, la principal fuente de legislación de la Unión en la mayor parte de las cuestiones. Estas normas adquieren un efecto completo en los Estados miembros cuando se transponen a la legislación nacional dentro de los plazos fijados por la propia directiva. Y es aquí donde, precisamente, los informes anuales han puesto de manifiesto los malos resultados de los socios europeos, especialmente rezagados a la hora de adaptar su legislación nacional. Pese a ello, conviene recalcar que la situación ha mejorado considerablemente en los últimos años.

A finales de 2013, había 390 procedimientos de infracción abiertos por transposición tardía, frente a las 1.185 faltas registradas a finales de 2011. Hace un año, la mayoría de estas situaciones concernían, principalmente, a Italia, Chipre y Eslovenia, mientras que Suecia, Países Bajos e Irlanda obtuvieron los mejores resultados.

Al cierre del pasado ejercicio, pesaban sobre España un total de 90 expedientes, de los cuales 13 se debían a retrasos de transposición de la legislación de la Unión; los 77 casos restantes correspondían a situaciones de transposición incorrecta o por una aplicación inadecuada de las normas europeas.

España bajo la extrema vigilancia de Bruselas y de la sociedad civil

La Comisión considera que un país incurre en un incumplimiento cuando no resuelve adecuadamente una supuesta violación de la legislación comunitaria. En estos casos, el organismo puede iniciar un procedimiento de infracción sobre la base del artículo 258 del TFUE: "Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea."

La Comisión puso en marcha 761 nuevos procedimientos de infracción en 2013 que, sumados a los ya abiertos, contabilizaron un total de 1.300 casos. En este sentido, Italia ha recibido el mayor número de cartas de emplazamiento (58 misivas), seguida de Francia (44) y España (41), en especial sobre cuestiones medioambientales, sanitarias y de transporte.

Otro de los aspectos que aborda el informe son las denuncias que los Estados miembros han recibido por parte de la sociedad civil. Cualquier persona puede poner en conocimiento de la Comisión una medida (legal, reglamentaria o administrativa) o práctica de un país que considere contraria a una disposición o principio de Derecho de la Unión, a través de un formulario descargable por Internet que puede presentarse a través de correo electrónico o mediante una simple carta.

Los datos recientes reflejan que los ciudadanos, las empresas, las ONG y otras organizaciones, se han mostrado muy activos en la presentación de denuncias sobre posibles violaciones de la ley de la UE. La Comisión ha recibido el mayor número de quejas en los últimos tres años, alcanzando un total de 3.505 reclamaciones. Como resultado, el número de archivos abiertos se ha visto incrementado en aproximadamente un 19% el año pasado.

De estos nuevos casos, un 72% se concentró en cinco áreas concretas: justicia (590), medio ambiente (520), mercado interior y servicios (494), empleo (470) y fiscalidad y unión aduanera (452). Las quejas se dirigieron, sobre todo, contra Italia (472), España (439) y Alemania (297). En cuanto al caso español, de las 439 denuncias presentadas, casi la cuarta parte estuvieron relacionadas con temas de empleo.

GRÁFICO:
Título gráfico: Número de infracciones en la UE-28 (al 31 de diciembre de 2013)

 

Leyenda gráfico:
En azul: los retrasos de transposiciones
En rojo: las transposiciones incorrectas o mal realizadas
Cifra en negro: el número total de procedimiento de infracción abierta contra el Estado miembro.
Fuente: 31 Informe anual de monitorización de aplicación de derecho europeo, Comisión Europea (2013)


María López Nalda,
Número de artículos del autor 38
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Pierre Boulat,
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