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Internacional

13 de Agosto de 2018

La UE impone sus condiciones en el acuerdo para la transición del Brexit entre la UE y el Reino Unido

Durante el periodo de referencia de esta crónica mensual, el Brexit ha seguido ocupando un lugar central en la actividad institucional de la UE. Así, el 28 de febrero la Comisión publicó el proyecto de acuerdo de retirada entre la UE y el Reino Unido que traducía en términos jurídicos el Informe conjunto de los negociadores de ambas partes, sobre los avances realizados durante la primera fase de las negociaciones publicado el 8 de diciembre de 2017. El 7 de marzo, el presidente Donald Tusk envió a los 27 su proyecto de orientaciones relativas a la futura relación con el Reino Unido. El Parlamento Europeo aprobó el 14 de marzo su Resolución sobre el marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido por 544 votos a favor, 110 en contra y 51 abstenciones.

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En esa Resolución, la Cámara de Estrasburgo fija su posición sobre la cuestión afirmando que solo respaldarán el acuerdo al que se llegue si se cumplen estrictamente una serie de principios; entre otros: un país tercero no debe tener los mismos derechos y beneficios que un Estado miembro; la protección y la integridad del mercado interior, la unión aduanera y las cuatro libertades, sin permitir un enfoque por sectores; la preservación de la autonomía de la Unión en lo que se refiere a la toma de decisiones; la salvaguardia del ordenamiento jurídico de la Unión y del papel del TJUE a este respecto; la protección de los acuerdos de la Unión con terceros países y organizaciones internacionales. El PE considera que la relación futura entre el Reino Unido y la UE podría adoptar la forma de un acuerdo de asociación que permita la protección de los intereses comunes, así como una nueva relación comercial evitando "la proliferación de acuerdos bilaterales y las deficiencias que caracterizan la relación de la Unión con Suiza" (cuestión relevante por cuanto que muchos habían considerado la relación de la UE con este país como un posible modelo a seguir). Para el PE, la pertenencia del Reino Unido al mercado interior y a la unión aduanera sería lo mejor y la única forma de garantizar la continuidad de los intercambios comerciales sin fricción alguna; pero dado que ello exige el pleno respeto de las cuatro libertades y la jurisprudencia vinculante del TJUE, el Gobierno británico lo sigue descartando. En materia de política exterior, el PE estima que el Reino Unido podría participar, si lo deseara, en las misiones civiles y militares de la PCSD, así como en la Cooperación Estructurada Permanente y otros programas en apoyo a la defensa y la seguridad exterior como el Fondo Europeo de Defensa, Galileo y los programas de ciberseguridad, entre otros. También apuesta por el establecimiento de marcos de cooperación en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, principalmente en materia de cooperación antiterrorismo y delincuencia organizada. Recordemos que el PE deberá aprobar cualquier futuro acuerdo entre la UE y el Reino Unido.

Un paso importante en este proceso negociador se dio el 19 de marzo con el anuncio del acuerdo para la transición del Brexit entre la UE y Reino Unido realizado por los jefes negociadores respectivos Michel Barnier y David Davis. En el mismo, el Reino Unido prácticamente acepta el 100% de las condiciones de la UE a cambio de establecer un periodo transitorio que se extenderá hasta diciembre de 2020 (y no marzo de 2021 como inicialmente reclamaban los británicos).

Otra cuestión de relevancia estratégica en la presente coyuntura es la referida al próximo Marco Financiero Plurianual -en adelante MFP- para el periodo 2021-2027 cuyas negociaciones preliminares se han iniciado ya. El próximo 2 de mayo, la Comisión presentará su propuesta; pero el pasado 14 de marzo, el PE aprobó sendas resoluciones sobre la cuestión fijando su posición inicial. La UE es prisionera de una paradoja: asume cada día nuevas responsabilidades que le son confiadas por los Estados (refugiados, transición energética, investigación y desarrollo, cambio climático, inversiones estratégicas, defensa, etc.); pero el presupuesto comunitario disminuye. Si en 1999 representaba el 1,25% del PIB de los países miembros, hoy apenas alcanza el 1% (además, el Brexit implicará una disminución adicional de recursos ya que el Reino Unido es contribuyente neto). En la Resolución sobre el próximo MFP, la Eurocámara solicitó elevar el presupuesto comunitario al 1,3 del PIB de la Unión. Por su parte, la Comisión desea que el aumento se limite al 1,1 o 1,2%. Recordemos que el presupuesto comunitario se financia casi en un 70% con las contribuciones de los Estados miembros en base al PNB de cada Estado, al que se le aplica un tipo uniforme. Los otros recursos propios son las exacciones reguladoras agrícolas (derechos percibidos sobre las importaciones de productos agrícolas de terceros países) y los derechos de aduana (aproximadamente 15% del total); y la aplicación de un tipo uniforme a la base imponible del IVA de cada Estado miembro (aproximadamente un 12% del total). El PE estima que no es posible aumentar el presupuesto comunitario aumentando a su vez la contribución de los Estados miembros, por lo que, en la segunda Resolución propone reducir a un 40% aproximadamente las contribuciones estatales basadas en el PNB y contar con nuevos recursos propios comunitarios, como la tasa sobre las transacciones financieras, una tasa sobre las multinacionales, etc. Además, afirma que no aprobará el nuevo acuerdo en tanto que el presupuesto comunitario no cuente con nuevos recursos propios (y recordemos que el Parlamento tiene poder de veto en la negociación con el Consejo sobre el MFP).

En otro orden de cosas, señalar que el presidente Juncker procedió a la reorganización de su equipo con sendos nombramientos que entraron en vigor el pasado 1 de marzo. Así, el Colegio de Comisarios nombró como nuevo Secretario General de la Comisión a Martin Selmayr, hasta entonces, jefe del Gabinete de Juncker y primer alemán en ocupar este importantísimo cargo. Al mismo tiempo, Juncker decidió que Clara Martínez Alberola pasase a ser su nueva Jefa de Gabinete. Es la primera mujer en ocupar este cargo y la primera persona española en desempeñarlo. Clara Martínez, valenciana nacida en 1963, entró en la Comisión hace 27 años; trabajó en el Gabinete del presidente, Durao Barroso, durante sus dos mandatos y en 2014 fue nombrada Jefa de Gabinete adjunta de Juncker, cuando éste se hizo cargo de la presidencia de la Comisión. El nuevo cargo de Jefe de Gabinete adjunto recayó en el polaco-británico Richard Szostak, hasta ahora consejero diplomático de confianza del presidente.

Para ver el contenido completo de esta crónica y, mucho más, consulte la REVISTA ARANZADI UNIÓN EUROPEA, núm. 5 (MAYO) 2018 Año XLIV.

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