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19/03/2024. 05:09:34

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La Unión Europea da los primeros pasos para regular el empleo sumergido

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Hasta ahora huérfana de un sistema normativo contra el trabajo no declarado, la Unión Europea ha puesto en marcha un proceso para dotarse de un arma eficaz contra un fenómeno que va creciendo de forma exponencial. Hoy en día se estima que el trabajo no declarado en Europa supone una pérdida equivalente al PIB francés. Así, este mes, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha publicado un dictamen sobre el cual el Parlamento y el Consejo deberán basarse para adoptar una reglamentación sobre ese tema.

Un hombre con un billete de 100 euros pescado

Los resultados del último informe del Eurobarómetro de marzo de 2014 ya dieron la voz de alarma. El fraude laboral ha aumentado de forma galopante en la Unión Europea en los últimos años; y lo ha hecho de tal manera que actualmente se calcula que el importe no declarado ya alcanza más de 2 billones de euros (una cifra equivalente al PIB de Francia).

Esta expansión delictiva se explica, en parte, por el efecto que la crisis económica ha tenido en los mercados de trabajo comunitarios. La escasez de empleo, la reducción salarial generalizada, la subida de los impuestos o de las contribuciones a la Seguridad Social, no han hecho sino ampliar las fronteras del trabajo sumergido que se manifiesta con especial virulencia en Eslovenia y España.

Con la salvedad de Dinamarca, Letonia y Suecia, el resto de socios europeos han visto también incrementar, en mayor o menor medida, el trabajo en negro. Tal es el caso de Holanda o Estonia (11%) que se han convertido en los estados miembros con mayor proporción de población que confiesa trabajar sin declarar.

Lejos de limitarse a un país o a una actividad profesional, estas prácticas también afectan a sectores tan diversos como las rehabilitaciones y arreglos de viviendas (33%), las reparaciones de automóviles (27%), los servicios de limpieza del hogar (11%) y alimentación (7%) y los servicios de cuidado de niños (12%).

Precisamente para combatir esta situación, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha publicado este mes un dictamen sobre el cual el Parlamento y el Consejo deberán basarse para adoptar una reglamentación sobre ese tema. De acuerdo con este documento, el trabajo no declarado genera, en efecto, ingresos inmediatos pero tiene repercusiones nefastas a medio y largo plazo sobre los trabajadores, empresas y erarios públicos.

En primer lugar, la competencia sana entre las empresas se ve afectada por otra desleal, entre los que cumplen la legislación y los que no lo hacen; se crea asimismo, según el CESE, "una ineficiencia cuando las empresas no crecen para permanecer sumergidas, ya que no disponen de acceso al crédito ni pueden tener acceso a las posibilidades que brinda la contratación pública en los Estados miembros."

En segundo lugar, en estas condiciones "los trabajadores sufren condiciones de inseguridad física, laboral, de ingresos y de prestaciones de la seguridad social". Las consecuencias van más allá de la economía o de la propia ética, sino que afectan también a su perspectiva profesional "al no existir la posibilidad de formación permanente, reciclaje profesional ni recalificación de las tareas, los procesos de producción y los productos".

Por último, conviene reseñar que con el trabajo sumergido, las arcas públicas sufren "una pérdida de recursos, con la consiguiente reducción de los ingresos fiscales y las contribuciones y el injusto reparto del coste de los servicios públicos y del Estado del bienestar", concluye el CESE.

La creación de un panel de sanciones y de control amplio

Frente a la disparidad de las legislaciones y hasta a la dificultad para definir el concepto de "trabajo no declarado" de forma conjunta, la UE pretende crear un marco común para luchar contra este fenómeno. A juicio del CESE, los gobiernos no se han esmerado lo suficiente en combatirlo, cuando resulta, sin embargo, fundamental para garantizar la reactivación y competitividad económica y social de la Unión Europea, en línea con la Estrategia Europea 2020.

Con esta iniciativa, la Unión propone atacar toda "actividad retribuida que sea legal en cuanto a su naturaleza pero que no sea declarada a las autoridades públicas" (COM(2007) 628) , pero también aquellas situaciones en las cuales "el trabajador es declarado formalmente como autónomo sobre la base de un contrato de servicio, pero de hecho el trabajo que realiza constituye, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, una actividad por cuenta ajena" (COM(2014) 221 final.), es decir, el trabajo autónomo ficticio. En definitiva, las dos caras de una misma moneda.

De esta manera, la futura reglamentación se podrá aplicar a grupos de personas muy diversos: "trabajadores por cuenta ajena que no están cubiertos por la seguridad social o no tienen contrato o son pagados en parte fuera de nómina, colaboradores familiares, trabajadores que no declaran su segundo empleo, trabajadores autónomos que deciden no regularizarse, falsos trabajadores por cuenta propia, trabajadores inmigrantes irregulares que realizan actividades de trabajo no declarado, trabajadores de terceros países que trabajan en régimen de subcontratación para los Estados miembros de la UE", en palabras del propio dictamen.

Para conseguir este propósito, el CESE prevé todo un arsenal de medidas, desde incentivos fiscales, hasta inspecciones, pasando por multas o la creación de una plataforma europea para que los Estados puedan comunicar y cooperar a la hora de perseguir todo defraudador. Las medidas incluso van más allá, dado que también se contemplan acciones para sensibilizar a la opinión pública acerca del trabajo sumergido y sus consecuencias.

El objetivo según Stefano Palmieri, relator del Comité Económico y Social Europeo (CESE), es "crear un ambiente positivo para los trabajadores y las empresas, para que sean menos propensos a acudir al mercado negro".

En cuanto al calendario, está previsto que el Parlamento Europeo tome posición sobre el proyecto de ley este otoño, de forma que el Consejo pueda adoptarlo antes de la primavera de 2015.

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